Los funcionarios avisan: «La huelga en la Seguridad Social sólo está aplazada»

En mayo pasado Escrivá se plegaba a las exigencias sindicales y llegaba a un pacto en tiempo récord para evitar paros parciales y la huelga general, que llegó a ser convocada para el 7 de septiembre, en una Administración que siempre había hecho gala de ser un modelo de eficacia. Aquel acuerdo incluyó la incorporación de 5.200 empleados públicos para reforzar la plantilla, mermada en un 22% en los últimos diez años. Reforzar el personal fue una exigencia clave para las centrales, pero también mejorar los plus de productividad que perciben los funcionarios como fórmula de incentivo, implantar el teletrabajo, del que ya disfruta los trabajadores del resto de la Administración, caminar hacia la estabilidad en el empleo y mejorar la formación.

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Susana Alcelay

Casi doce meses después tan sólo se ha puesto en marcha el Plan de Recursos humanos, el resto no se ha materializado. Hoy los empleados del organismo que paga las pensiones sólo tienen un día de teletrabajo, cuando el compromiso fueron dos a aplicar ya en enero de este año, tampoco están percibiendo el plus de productividad. El acuerdo con el Gobierno reflejaba premiar a los funcionarios en un momento en el que la carga de trabajo se multiplicaba. El texto del pacto decía: «dada la carga de trabajo pendiente, y al objeto de reforzar la calidad del servicio prestado, está previsto que este mismo año (en 2023), una vez analizadas las disponibilidades presupuestarias, se adopten medidas de incentivación del rendimiento». De momento, el compromiso no se ha cumplido. «Este año se han devuelto los excedentes al Ministerio de Hacienda», recuerdan los funcionarios a ABC.

La Escuela de Formación de la Seguridad Social, que tenía como objetivo de coordinar los programas formativos y de especialización para los empleados públicos tampoco ha prosperado. «Sigue utilizándose para refugiados», recuerdan las fuentes consultadas por este diario respecto a las instalaciones que están en Pozuelo de Alarcón en Madrid.

Y también ha caído en saco roto la prometida y pospuesta Agencia de la Administración de la Seguridad Social, que tenía previsto integrar todas las organizaciones bajo una única estructura. Este plan para convertir el organismo en agencia fue una de las recomendaciones del Pacto de Toledo y después se recogió en la reforma de las pensiones. Se concibió para agilizar la gestión gracias a una mayor autonomía organizativa y presupuestaria, teniendo en cuenta que actualmente el sistema se compone de varias entidades gestoras, entre ellas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el Instituto de Migración y Servicios sociales y el Instituto Social de la Marina. Se suman también los servicios comunes, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Gerencia de Informática (GISS) y los servicios jurídicos.

El proyecto lleva lustros de retraso mientras se mantiene una estructura que data en buena medida de la Transición, en reemplazo del Instituto Nacional de Previsión. En 2023, Escrivá anunció que presentaría un anteproyecto de ley al Consejo de Ministros sobre la creación de esta Agencia, e iniciaría su tramitación con «carácter inmediato».

El primer paso que dieron las partes tras firmar el acuerdo fue ratificar un calendario de reuniones, que comenzaron ese mes de mayo. Ya entonces, los sindicatos insistieron en que querían cerciorarse de que todos los puntos acordados se desarrollaban según lo previsto y exigieron la puesta en marcha de una comisión en la que estarían representados junto a la Administración para realizar el seguimiento del acuerdo.

Ahora, los empleados públicos esperan que el Ejecutivo mueva ficha porque, de lo contrario, llevarán a cabo protestas, que podrían llegar a la huelga si no se despliega el pacto que cerraron con Escrivá y que ahora le toca cumplir a Elma Saiz, la nueva ministra de la Seguridad Social.

El descontento de los empleados de la Seguridad Social se suma al del resto de trabajadores de la Administración. Alrededor de 3,5 millones de empleados públicos siguen con sus nóminas congeladas este 2024 y con muchos asuntos laborales pendientes, como la semana laboral de 35 horas.

La falta de presupuestos ha sido la justificación del Gobierno para no aplicar desde este enero la subida del 2%, lo que ha generado malestar entre los afectados, que se convierten en el único colectivo sin aumento salarial, dado que las pensiones han aumentado un 3,8% y el salario mínimo un 5%. La Oferta de Empleo Público también está pendiente.

Los empleados públicos están igualmente muy escépticos con el giro en el funcionamiento de la Administración que prepara el titular de Transición Digital y Función Pública. Como ya informó este diario, Escrivá ha diseñado una reforma revolucionaria; un nuevo patrón de funcionamiento muy similar al que rige en el sector privado, con lo que persigue despojar a los empleados públicos del mantra de la escasa productividad.

Propone el ministro nuevas fórmulas para la valoración del desempeño, ligar el sueldo a objetivos conseguidos para el personal directivo, ascensos ligados a méritos y flexibilidad laboral. Unas modificaciones que fuentes de CSIF califican de vacías de contenido «para seguir recibiendo fondos europeos». Aprovechan también para recordar que aún hay asuntos pendientes como citado alza salarial, la oferta pública de empleo, además de la supresión de la tasa de reposición prometida.