Los funcionarios aumentan la presión contra el Gobierno por la precariedad laboral y los salarios

En la diana están las subidas salariales, que nueve meses después siguen sin recibir los más de tres millones de empleados públicos. A primeros de mes, CSIF envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que habilitara un crédito extraordinario para revalorizar las nóminas con efectos retroactivos al 1 de enero; no hubo respuesta. Y hace una semana remitieron una segunda misiva al ministro de Función Pública, Óscar López, también sin respuesta. El diapasón de las protestas se ha puesto en marcha.

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Los sueldos son sólo una arista del conflicto que ya tiene en pie de guerra a los sindicatos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Hay conflictos en sanidad, educación, por el colapso en el SEPE y por la vuelta de las colas y las esperas en las oficinas de la Seguridad Social, también con la elevada temporalidad que existe en el sector público.

En el caso de la sanidad, el próximo 1 de octubre los sindicatos -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- volverán a salir a las calles con una concentración ante el Ministerio que dirige Mónica García para exigir la negociación de la reforma del Estatuto Marco que regulará sus condiciones laborales. Los líderes sindicales, que ya protestaron en las calles la semana pasada, han avisado de que si el Gobierno no abre esa negociación, tomarán medidas más contundentes, incluyendo manifestaciones, paros parciales y huelgas. La temporalidad que sufre la sanidad está cercana al 50%.

En el caso de la enseñanza, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que el curso universitario 2025-2026 «ha comenzado con las mismas carencias que otros años, con dificultades financieras y precariedad en las plantillas de los docentes», un colectivo con una temporalidad del entorno del 50%, como la sanidad, frente al casi 30% que se registra en otras administraciones públicas. Denuncian que la mitad aproximadamente de los 106.000 docentes del sistema universitario tiene trabajo eventual y precario, y que en la última década se han perdido 2.316 plazas estables.

La temporalidad afecta de lleno a la Administración y le ha valido a España un castigo económico de 1.000 millones de euros de la Comisión por incumplir el compromiso de recortar la eventualidad de las plantillas en el Plan de Recuperación. Previamente, Europa abrió dos expedientes a nuestro país por el abuso de los interinos y en 2024 Bruselas dio los primeros pasos en el procedimiento de infracción al enviar dos cartas de emplazamiento al Gobierno, en las que le reprochó que la legislación española no contemple medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público que encadenan contratos, en línea con la normativa europea. Los incumplimientos han sido la respuesta.

El mal funcionamiento de servicios públicos como está ocurriendo en el SEPE o la Seguridad Social también están en el listado sindical para emprender movilizaciones si el Gobierno no da pasos en firmes para reforzar las plantillas. Entre tanto, son los ciudadanos los que sufren las demoras en las citas y en los plazos en momentos muy sensibles.