Francia eleva la jubilación a los 64 años para salvar los números rojos

Aunque el plan era más ambicioso. Entre 2017 y 2019, Macron propuso una reforma del sistema nacional de pensiones que tenía tres puntos capitales: pasar de 62 a 65 años la edad oficial de la jubilación; suprimir una treintena de sistemas de pensiones, muy distintos, entre el sector público y el sector privado, para crear un sistema único; e imponer una cotización de 43 años, para poder recibir la pensión completa.

Ese proyecto fue abandonado, entre 2019 y 2020, víctima de la fronda social y sindical, antes de la propagación mundial de la pandemia del Covid. Aunque una vez reelegido presidente el mes de mayo pasado, Macron ha esperado siete meses para volver a presentar a la Asamblea Nacional (AN) un nuevo proyecto devaluado en todos sus puntos esenciales. Finalmente, tal y como explicó la primera ministra del Ejecutivo galo, Élisabeth Borne, la edad de jubilación pasará de 62 a 63 años, entre el año que viene y el 2027, para pasar a los 64 años el 2030. En su discurso de fin de año, Macron anunció que los franceses debían «trabajar más».

La nueva edad de jubilación, entre 63 y 64 años, está muy alejada de la edad de jubilación en Alemania, el Reino Unido, Italia y España (entre 66 y 69 años). Tras varios años de tensiones, crisis, movilizaciones y «concertación» con la derecha tradicional, Macron recorta y devalúa sus ambiciones originales, para aceptar la edad de jubilación más temprana en Europa. Pero la moderación de estas medidas no impedirá que los sindicatos se movilicen el próximo día 19 de enero, cuando está convocada una primera huelga en protesta.

Macron renuncia, igualmente, a la creación de un sistema único de pensiones, unificando los modelos de jubilación del sector público y del sector privado. Hasta dentro de unos años, el sector público seguirá teniendo pensiones privilegiadas. Cabe destacar en este punto que la opinión pública tiene mala o muy mala opinión de la reforma. Según los sondeos, un 54 % de los franceses se dicen "contrarios" a la reforma, mientras que el debate parlamentario debiera prolongarse varias semanas previsiblemente "calientes".

La nueva legislación no modificará los años de cotización necesarios para acceder a la totalidad de la prestación: 172 trimestres, 43 años que se había aplicado en la anterior reforma de 2014. Eso sí, se acelera el periodo de tránsito, de modo que si la anterior ley preveía llegar a este punto en 2035, la nueva norma lo adelanta al próximo 2027. Además, el Gobierno francés anuncia una revalorización excepcional de las pensiones más modestas: los jubilados menos favorecidos debieran cobrar un mínimo de 1.200 euros, aproximadamente, siempre que hayan cotizado 43 años.

Sin embargo, esta continuidad del sistema por la rebaja de expectativas de las medidas a implantar previstas es muy equívoca: está proyectado que la supresión anunciada de la mayoría de los regímenes especiales se prolongue durante varios años (un quinquenio, de media)… mientras tanto, los regímenes de pensiones especiales (sector público) seguirán beneficiándose de ventajas particulares.

Siendo uno de los principales vecinos de España, es precisamente este de los años necesarios para acceder a la totalidad de la prestación uno de los puntos que hace la diferencia con el también tensionado sistema público de pensiones de nuestro país, donde este nivel de pensión se alcanza con 37 años y nueve meses de cotización.

Ahora bien, mientras que el Ejecutivo español está tomando medidas sobre en este último año para revertir la deficitaria situación de las cuentas de la Seguridad Social -que venían acumulando un desequilibrio estructural de 18.000 millones de euros antes de la pandemia y de que se derivasen parte de los gastos al Presupuesto General-, el Gobierno galo pone sobre la mesa medidas en un momento en el que acumula un superávit de 4.000 millones de euros en el sistema en los últimos dos años.

Sin embargo, toma la medida en aras de evitar un escenario deficitario que los servicios de estudio internos ya descuentan para los próximos años. El Consejo de Orientación para el Retiro realizó un estudio reciente advirtiendo al Gobierno de que en la próxima década el sistema necesitará de unos 25.000 millones de euros (entre 2022 y 2032) para sostener el equilibrio presupuestario.