Ley de Universidades: el gobierno saca adelante la norma que ideologiza los campus

Todos estas 'loas' a sí mismo se vieron empañadas en el último tramo de la tramitación parlamentaria de la ley que empezó su antecesor, el ministro Manuel Castells. Sobre todo porque la ley abre la puerta a la ideologización de los campus. ¿Cómo? ERC introdujo una enmienda en el Congreso (y que el PP, UPN y Cs intentaron frenar, sin éxito, en el Senado) que pasó desapercibido hasta que la diputada de ERC, Marta Rosique, se refirió a él: «Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politécnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión». La preocupación fue tal que la organización Universitaris per la Convivència elaboró una carta abierta a diputados y senadores para que la Losu proteja explícitamente la neutralidad política de los claustros. «Cabe recordar (...) que las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra», decía la carta publicada el pasado enero. Pero no fue esa la única cesión de Subirats al independentismo catalán. De hecho, ERC se congratuló el día de la aprobación de la ley que habían 'metido' más de 150 enmiendas con solo 13 diputados y con 14 senadores.

El artículo 20 sobre diversidad lingüística también fue modificado en el Congreso para incluir que los campus deben fomentar y facilitar el conocimiento y el uso «como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales» propias de sus territorios. Además, el artículo modificado dice que las «administraciones públicas apoyarán y facilitarán el desarrollo de las políticas universitarias orientadas a la cooficialidad y a la diversidad lingüística». Y se añade, además, que «en lo que respecta a las universidades públicas» la singularidad lingüística será objeto de financiación. También hay un artículo incluido por ERC sobre movilidad del alumnado que fija que en en programas como el Erasmus+ se «incluyan las lenguas oficiales del Estado español». Por otro lado, el PNV pidió y consiguió eliminar todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional» por la palabra «Estado». Además, también a propuesta inicial del PNV, el artículo 2 sobre funciones del sistema universitario, prevé la «promoción de las lenguas oficiales». Otra de las novedades más polémicas de la nueva ley es que da más poder a las agencias autonómicas en perjuicio de la estatal, la Aneca. En concreto, apunta: «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de Doctor/a, la previa obtención de una acreditación por parte de la Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario en el conjunto del país. La Aneca acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las comunidades autónomas».

Otro cambio que ha generado controversia ha sido el relacionado con la elección del rector. El texto establece que podrá ser candidato todo aquel «personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo» que reúna «los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos». Estos méritos, sigue, «deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Estos cambios favorecen, sobre todo, a las universidades catalanas porque la mayoría de su profesores tienen una relación laboral y no funcionarial con la universidad. Por otra parte, la norma establece que «las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos. Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos». En la misma línea, el apartado siguiente del mismo artículo dice que «el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio (...) preservando las competencias de las comunidades autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio».

Además, la ley convertirá en indefinidos a 25.000 profesores asociados. Esta figura se refiere a aquellos que trabajan en los campus a tiempo parcial porque compatibilizan la docencia con otro trabajo, que constituye su actividad principal. Estos docentes no están contratados para investigar ni para hacer gestión, solo dan clases y, en la gran mayoría de los casos, no tienen tesis doctoral. El problema es que muchos terminaron como asociados irregulares, más conocidos como 'falsos asociados', es decir, docentes que hacen carrera académica pero que ganan muy poco y que además tampoco trabajan fuera. «La ley dice que hace indefinidos a los asociados . Pero el problema es que estos no son los precarios, sino que son magistrados, arquitectos, ingenieros, médicos...que ocupan esas plazas y tienen un empleo. Es inoportuno que sean indefinidos», opina María Jesús Moro, portavoz del PP en la Comisión de Universidades del Congreso. «El problema con la precarización la tienen los llamados falsos asociados y ahí la ley falla».