Florentino Pérez denuncia a un intermediario por suplantar a ACS

Gómez Carpintero contactó con asesores y con la abogada del dueño de los terrenos para trasladar una oferta de ACS que sería «irrechazable». El propietario de la finca está, obviamente, enfrentado a Iberdrola, y es público y notorio que Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, mantiene una mala relación con Florentino Pérez. Quizás por ese motivo el intermediario creyó que Santos Lázaro accedería a vendérsela al archienemigo de Sánchez Galán.

La abundante documentación a la que ha tenido acceso ABC acredita que a principios de septiembre de 2022, el querellado se reunió con un asesor del sector inmobiliario que tiene relación con el propietario de la finca, que ocupa más de 500 hectáreas de las 854 sobre las que están montados 1,4 millones de paneles solares, es decir, más de la mitad de la superficie de la estación eléctrica.

La querella de la empresa que preside Florentino Pérez lo relata de este modo: «El querellado Sr. Gómez Carpintero dijo estar vinculado con Cobra y el grupo ACS, fingiendo tener un contrato confidencial y de características especiales suscrito directamente con su consejero delegado». El empresario aseguraba «tener la encomienda de trasladar personalmente una oferta que tendría por objeto el abono de una sustanciosa cantidad económica al propietario de los terrenos, insistiendo en que el contacto tenía que trabarse directamente entre él y dicha persona».

Tras la reunión, el 12 de septiembre de 2022, Gómez Carpintero remitió un correo electrónico al asesor del propietario -aportado al juzgado-, que resumía los términos hablados: «Tengo una muy buena oferta para trasladarle directamente independientemente de que tú hables con su hija y con su abogada. La oferta ha de ser trasmitida esta misma semana porque hay otras opciones en la mesa (…) Lógicamente, si tienen una letrada y les ha llevado tan bien el caso, que ella lo supervise. Pero hay decisiones que las ha de tomar el que manda, y de otra manera es perder el tiempo».

Gómez Carpintero aseguraba actuar con el mandato del consejero delegado de la empresa: «Tal y como te expliqué, mi contrato en el grupo ACS es directamente con el consejero delegado, y soy el único que trabaja con estas condiciones, y no me interesa que se haga público. Es por este motivo que te ruego le digas a la señora letrada que no autorizo a hacer público este mail, ni mi contacto».

Al final del correo, Gómez Carpintero «falsificó el membrete de las entidades Cobra y ACS Actividades, Construcción y Servicios, con el propósito de que su ofrecimiento adquiriese mayor credibilidad a los ojos de D. Santos Lázaro», según la querella.

El intermediario se hacía pasar por «International Business Manager» de Cobra y añadió también una tarjeta de visita en ruso (actualmente Gómez Carpintero ostenta cargos en ocho empresas, según el Registro Mercantil, de sectores como la jojería, las inversiones y la consultoría e ingeniería, pero ninguna de ellas guarda relación con el grupo ACS. A continuación, el asesor inmobiliario remitió el correo a la abogada del propietario de la finca, Dorinda Aventín. Fue en este momento cuando comenzó a descubrirse el pastel. La letrada sospechó, porque recordaba que Cobra ya no formaba parte del grupo ACS. Por ello, Aventín contactó con la multinacional de Florentino Pérez, quien confirmó que se trataba de un impostor.

La querella que investiga el juzgado sostiene que el empresario «actuó con el ánimo de obtener personalmente un lucro económico a partir del acuerdo que había comenzado a plantear, mostrándose ilegítimamente como autorizado para formalizar compromisos en nombre de ACS. Además, el Sr. Gómez Carpintero actuó a sabiendas de que su plan, de prosperar el engaño, produciría un daño irreparable a la reputación del grupo ACS si se difundía, pese a ser falso, que dicho grupo empresarial se había postulado para adquirir los terrenos para perjudicar a Iberdrola».

La eléctrica los tenía inicialmente alquilados -operación que realizó otro empresario antes de que Iberdrola apareciera- y después expropió la finca. La eléctrica solicitó al Gobierno la expropiación por tratarse de un proyecto de utilidad pública. Como esta maniobra ha sido revertida, por no ajustarse a la legalidad (ver información adjunta) y a la espera de la confirmación del Supremo, una manera de que la eléctrica elimine el problema es que el propietario legítimo venda el terreno.

El relato de los hechos que entregó ACS en los juzgados de Madrid destaca que «Óscar Gómez Carpintero diseñó y comenzó a ejecutar un plan para engañar al propietario de los terrenos, fingiendo tener una encomienda de ACS para hacerle una oferta económica» y confirma que «en la actualidad carece de relación alguna con ACS», ni laboral ni mercantil con «ninguna de las empresas participadas del grupo». La querella es tajante: «El Sr. Gómez Carpintero no ha recibido encargo o encomienda alguna, y mucho menos la de contactar con D. Santos Lázaro Arias o con sus asesores».

El empresario fue empleado de Cobra, pero ya no lo era y, además, ACS había vendido el grupo industrial Cobra a la multinacional francesa Vinci en diciembre del año 2021. Además, «mientras el querellado fue trabajador de Cobra, nunca, ni por su cargo ni por sus funciones, llegó a mantener interlocución de ningún tipo con la alta dirección del grupo ACS».

La abogada Dorinda Aventín y el propietario del terreno también formularon denuncia contra Gómez Carpintero, en este caso por amenazas, falsificación de documento privado, acoso y estafa. La letrada relata que, tras recibir la oferta, consultó el nombre del empresario y encontró que mantiene una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a más de un millón de euros (1.147.809,38).

Esta segunda denuncia recoge los hechos ya relatados en este reportaje y añade otros. Sostiene Aventín que el 19 de septiembre de 2022 un agrónomo que trabaja para el propietario de los terrenos recibió en su despacho a Óscar Gómez Carpintero y a una tercera persona. El agrónomo relata que el empresario le dijo que trabajaba para «altos directivos de ACS» y que había hablado con Antonio Miguel Carmona, el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y en ese momento vicepresidente de Iberdrola, quien habría dicho que la eléctrica estaba de acuerdo con la operación. Fuentes próximas al expolítico -que salió de Iberdrola en noviembre del año pasado- consultadas por ABC sostienen que es cierto que Gómez Carpintero contactó «varias veces» con Carmona, pero que éste no le autorizó operación alguna y ni siquiera hablaron de esta finca. Aseveran que el intermediario ofrecía «proyectos vinculados con el hidrógeno» y que Carmona no podía aprobar esa operación, ya que su vicepresidencia se encargaba de las Relaciones Institucionales.

Mientras, fuentes oficiales de la compañía se han limitado a comunicar este diario que «el Negocio Renovable de Iberdrola no tiene a nadie apoderado para hablar en su nombre».

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El agrónomo también trasladó a Dorinda Aventin que Gómez Carpintero le había avisado de que «los de Iberdrola son mafiosos, debemos tener mucho cuidado porque estamos en su punto de mira y nos conviene venderles la finca». El juez citó al empresario como investigado, pero éste alegó motivos de salud y la declaración fue aplazada. Tendrá que declarar el próximo enero junto al dueño de la finca y dos testigos.

ABC intentó la pasada semana contactar con el despacho que lleva la defensa de Gómez Carpintero así como con Carlos González Ledesma, el consultor que le ayudó a llegar a los representantes del propietario de la finca y que ya ha declarado como investigado, para recabar la versión del qurellado, pero no hubo respuesta.