Ferrovial amarra a todos sus accionistas y pone en marcha los trámites para trasladarse a Países Bajos

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Antonio Ramírez Cerezo

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El plazo para ejercer este derecho de separación venció a las 0.00 horas de este viernes y según fuentes de la compañía al cierre de ese plazo no había constancia de que ni uno solo de los propietarios de títulos de Ferrovial hubiera decidido ejercer este derecho de separación. Estas mismas fuentes advierten, no obstante, de que el procedimiento establece un plazo de cuatro día para que se termine de corroborar la información y que por tanto no adquirirá oficialidad hasta el próximo miércoles.

El trámite era relevante porque era el único factor en el horizonte que podía obligar a echar abajo la operación. El Consejo de Administración había establecido que el traslado de sede social a los Países Bajos no se llevaría a cabo en el caso de que la factura por la salida de accionistas de la compañía superara los 500 millones de euros (equivalente a la salida del 2,56% de los accionistas), el coste que se consideró como asumible para que la mudanza no comprometiera la estabilidad financiera de la compañía.

De hecho, esa es una de las bazas que ha jugado el Gobierno para tratar de frenar la operación. Una de las líneas argumentales del Ejecutivo en los días previos a la Junta de Accionistas, durante los que se puso en duda las motivaciones económicas y financieras planteadas por la compañía e incluso se deslizó la posibilidad de aplicar una fuerte penalización fiscal si se concretaba el trasladado, fue decir que lo único que se pretendía era proporcionar a los accionistas toda la información sobre las consecuencias y efectos que podría tener su traslado a Países Bajos.

El escaso rechazo a la operación manifestado por la Junta, en la que únicamente un 5,79% de los accionistas representados en la misma mostraron su disconformidad con el traslado de la sede de la compañía de España a Países Bajos, y la circunstancia de que la mayor parte de esas acciones, un 4,1%, correspondieran a Leopoldo del Pino, hermano del presidente, que deslizó que votaría en contra de la mudanza pero no ejercería el derecho de separación, hacían presagiar que Ferrovial superaría este trámite sin mayores dificultades.

Además, la evolución de la acción en las semanas que han transcurrido desde que se anunciara la misma desaconsejaban el ejercicio de ese derecho de separación, aunque fuera desde un prisma puramente financiero, ya que ha escalado hasta su nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Este viernes la acción de Ferrovial cotizaba a 29,39 euros cuando el valor atribuido a la acción para ejercer el derecho de separación era de 26,0075 euros, lo que convierte la decisión de desprenderse de las acciones en este momento en un mal negocio en el que se perdería un 11,5% del valor actual.