Feijóo empuja a Hacienda a corregir la dentellada fiscal al Salario Mínimo

El asunto denunciado por Feijóo era que de no corregirse la normativa del Impuesto sobre la Renta el 45% de la subida del salario mínimo aprobada a bombo y platillo por el Gobierno no acabaría en los bolsillos de los trabajadores que perciben el mínimo estipulado en la ley sino en las arcas de Hacienda y Seguridad Social.

La simulación del impacto fiscal de la subida difundida ayer por el PP constataba que la elevación a 15.876 euros de la nómina anual del SMI, al exceder con creces los 15.000 euros fijados por el Reglamento de IRPF como cuantía no sujeta a retención, dispararía la contribución fiscal en Renta vía retenciones de los perceptores del salario mínimo, de los apenas 23 euros de 2023 hasta los 325, 46 euros, lo que supondría la aplicación de un tipo impositivo del 38% a la subida.

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La estimación realizada por el PP concluía que el agregado del impacto fiscal en el IRPF sobre los perceptores del SMI y de las mayores cotizaciones sociales que habría que satisfacer redundarían en un incremento de la recaudación de 840 millones de euros para este año, repartida a partes iguales entre Hacienda y la Seguridad Social. La proyección del PP descontaba que ese efecto se produciría sobre los 2,5 millones de nóminas anuales que tienen una cuantía equiparable al salario mínimo. Una proyección difundida también ayer por el sindicato de técnicos de Hacienda reducía el universo de afectados por este incremento de las retenciones a poco más de 100.000, sin estimar su potencial impacto sobre la recaudación.

Identificado el problema, el líder del PP anunció que impulsaría una modificación de la normativa del IRPF para garantizar que los perceptores del salario mínimo reciban en sus bolsillos el 100% de la subida comprometida por el Gobierno, sin acusar la dentellada fiscal que reduciría prácticamente a la mitad el importe neto de la mejora. Poco después era el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el que reivindicaba lo mismo.

Y finalmente apareció el Ministerio de Hacienda. Cuatro horas tardó en reaccionar desde que el líder del PP pusiera el asunto en el foco. Lo hizo para decir que «el Gobierno siempre que ha subido el salario mínimo ha acompasado la medida con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Y esta vez no será una excepción» y para anunciar que la modificación legal «se aprobará en paralelo a la subida del SMI», confirmando así que habrá una nueva subida del mínimo no sometido a retención en 2024, en la que deslizó que ya venía trabajando aunque nada se sabía de ello ni se comentó durante la turbulenta negociación de la subida del SMI.

Aunque Hacienda aseguró que siempre que se ha subido el SMI la legislación fiscal se ha adaptado a la misma, lo cierto es la única subida del umbral de retención que ha realizado el Gobierno de Sánchez se introdujo en la Ley de Presupuestos de 2023, cuando elevó esa cuantía de 14.000 a 15.000 euros y se enmarcó en la minirreforma del IRPF para rentas inferiores a 21.000 euros decidida por el Gobierno para hacer frente al incremento de la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, no para adaptar la norma tributaria a la creciente cuantía del SMI.

La prueba es que la subida del salario mínimo interprofesional para 2023 se aprobó el 14 de febrero del año pasado, mes y medio después de la entrada en vigor de los Presupuestos y del nuevo umbral de 15.000 euros a partir de la cual se activa la obligación de retener, y medio año después del anuncio de ese ajuste en el IRPF por parte del Gobierno, lo que no parece ratificar la argumentación deslizada ayer por el Ministerio de Hacienda para justificar su reacción a la situación denunciada por el PP.

Nada dijo Hacienda tampoco de cómo prevé resolver la situación. La cuantía del SMI ya desbordó el umbral mínimo que activa la obligación de retener el año pasado, cuando el sueldo mínimo escaló hasta los 15.120 euros, pero lo hizo en una cuantía tan baja que la retención fiscal aplicada no causó ninguna alarma.

La nueva subida del 5% anunciada el pasado viernes ya convierte en relevante el efecto fiscal de las retenciones en nómina y de las cotizaciones extra a asumir por empresario y trabajador. «Si lo que se quiere es mantener el poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo vía IRPF habría que elevar el umbral que marca la obligación de retener desde los 15.000 euros actuales hasta los 15.785 euros», explica Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), poniendo cifra a la propuesta lanzada ayer por Alberto Núñez Feijóo.

Ése sería el camino para mantener la retención fiscal al mismo nivel que en 2023, pero si lo que se quiere es liberar a los perceptores del salario mínimo de cualquier obligación de retención fiscal el umbral habría que elevarlo hasta la cuantía de la nómina anual del SMI, los 15.876 euros.

De momento, el Ministerio de Hacienda no reveló ayer nada sobre sus intenciones más allá de que abordará un reajuste en la normativa del IRPF y lo hará en paralelo a la subida del salario mínimo.