Fedea avisa de que la ley de Vivienda alienta la okupación

Bajo el título «Un nuevo rumbo para la política de vivienda», Fedea ha publicado un documento en el que ha participado Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra). En este trabajo, Arruñada explica que las restricciones reglamentarias por parte del Gobierno «se han intensificado» y han llegado en un momento difícil para el mercado de vivienda. Añade que esto «ha complicado aun más la contratación de alquileres y ha proporcionado mayor tolerancia a los impagos y la okupación».

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Marina Ortiz Mingot

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También asegura que, como consecuencia de estas políticas, «se ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de gran parte de la población para encontrar vivienda». Así, acusa al Ejecutivo de «restringir la contratación privada» en ambos ámbitos, el de compraventa y el del alquiler y pide que se tomen medidas que faciliten «la actuación del mercado».

En su propuesta, el experto de Fedea señala que el Gobierno «se tiene que centrar en proveer bienes públicos y extender una red efectiva de Seguridad Social» para ofrecer medidas efectivas al problema de la vivienda. Arruñada argumenta que es el momento político para cambiar la estrategia y «facilitar la contratación privada». En su análisis asegura también que «los fallos de mercado palidecen ante los fallos de la política, que han dado lugar a medidas discutibles». Entre ellas, comenta el trato del actual Gobierno a la okupación y las medidas tomadas por la oposición con los sistemas de aval público.

Sobre la última ley, desde Fedea hacen hincapié en que la norma no alivia los problemas existentes en el mercado y que uno de los aspectos menos atendidos es que eleva en diez puntos porcentuales los coeficientes de reserva de suelo, lo que «encarece notablemente la nueva construcción». Agrega que algunas medidas como las implementadas en zonas tensionadas, «son contraproducentes».

Por su parte, Fedea propone centrar las políticas en «tareas que tengan una ventaja comparativa real» y que «faciliten el desarrollo del mercado en vez de bloquearlo».

A este respecto, Arruñada declara en el documento que para ello «debe existir una planificación urbana orientada a asegurar la existencia de suelo disponible para construir». En esta cuestión, ha propuesto una rebaja de impuestos para favorecer la compraventa. En concreto el experto pide «reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones». Este recorte debería afectar al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y «sería compatible con cambios dirigidos a neutralizar su efecto negativo en la recaudación, elevando, si así se desea, los gravámenes sobre la tenencia, ya sea por la vía del IBI o del IRPF», impuestos que, según Arruñada, tienen mayor capacidad de aumento.

Además, el organismo insta a restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad, para igualarla a la del resto de países europeos, «tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio».

En cuanto a «la red efectiva de Seguridad Social», el autor de la propuesta ha destacado la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, y de hacerlo «a costa de los presupuestos públicos y no de otros ciudadanos a título individual». Plantea además recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer y argumenta que este establece puntos relevantes para los contratos de arrendamiento de vivienda. En concreto, desde Fedea apuntan que «derogaría las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables».

La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en mayo en el Senado por el Gobierno de coalición, incluye nuevas medidas que pretenden regular el mercado de la vivienda. Entre ellas, la norma abarca intervenciones en los mercados tensionados, topes en los precios del alquiler, prórrogas forzosas en el arrendamiento de viviendas, la desvinculación de las subidas de precios al IPC, la asignación de los gatos de agencia a los caseros, la obligatoriedad de pago por vía electrónica, el recargo del IBI a viviendas vacías, cambios en la reducción del IRPF y garantías contra el desahucio.