Fedea plantea medidas en los convenios colectivos para que no sea más rentable estar de baja que trabajando

El estudio, que advierte de que esta evolución del gasto en bajas laborales puede afectar a la sostenibilidad del sistema, apunta que detrás del incremento está por un lado el aumento del 10% en la población protegida, porque hay más gente trabajando pero también el reflejo contributivo de unas prestaciones que tiene el aumento de ingresos de los cotizantes.

Además, influyen las deficiencias sanitarias y los tiempos de espera para los diagnósticos y las operaciones quirúrgicas, especialmente en lo que a la diferencias notables se refiere entre la atención por parte de las Mutuas de accidentes de trabajo o por los Servicios Públicos de Salud. En este punto, señalan desde el 'think tank' que es «indefendible» la diferencia existente, por ejemplo, en la duración de los procesos traumatológicos con un plazo medio de 41,08 días si son atendidos por la Mutua o de 67,78 días si esta atención se da por la sanidad pública.

En este sentido, el ex secretario de Estado señala la necesidad de dotar de instrumentos y medidas que moderen la situación financiera de gasto creciente y que a la vez no ahonde en la cultura de que «sea más rentable económicamente la incapacidad temporal que la actividad». Y a partir de aquí señala como punto de partida la conveniencia de unificar el tratamiento de las bajas laborales en los regímenes a extinguir de la Seguridad Social (ISFAs, MuGeJu y Clases Pasivas) con el resto de los regímenes con el establecimiento de prestaciones parciales en el tiempo, «que sean compatibles con el desarrollo de parte de la jornada, bien en momentos de recuperación o desde el inicio».

En este sentido, una de las vías que se plantean para regular el gasto sin tomar medidas traumáticas está en penalizar a aquellas empresas que tienen incorporado en sus convenios el complemento salarial en situaciones de incapacidad temporal para alcanzar el 100% de la renta salarial.

Así, pese a que desde la CEOE y las organizaciones empresariales, en acuerdo con los sindicatos, han ido replegando este beneficio de las firmas de convenios, aún subsiste en muchos de ellos estos compromisos de complementar las remuneraciones.

Según apunta Fedea en el informe, la única medida legal que pudiera aplicarse sería establecer un recargo de la cotización a la Seguridad Social para los empleadores que utilicen estos incentivos, de importe similar al desembolso realizado, y con una finalidad conexa con la prevención de riesgos laborales, que pudiera ser administrado por la administración competente (comunidad autónoma) o la Mutua colaboradora.

«Si una medida así se implementa, veríamos como estos beneficios desaparecerían rápidamente de la negociación colectiva», señala Granado poniendo como ejemplo la disminución de las aportaciones a fondos de pensiones realizadas por empresas en el momento en que quedaron sometidas a cotización de la Seguridad Social.

Por último, se plantea la necesidad de abordar mejoras en materia de riesgos laborales, de modo que las condiciones y las jornadas laborales no den pie a un mayor volumen de incapacidades por parte de los trabajadores.