Fedea desvela que quince comunidades autónomas tienen déficit estructural, lejos de las cinco del dato oficial

Este ejercicio es el que ha venido haciendo Fedea -el 'think tank' patrocinado por varias empresas del Ibex- desde hace una década, y los datos que arroja la última edición de este informe son preocupantes. A nivel 'estructural', es decir, si las cuentas de las comunidades autónomas dependieran solo del buen hacer de sus gobiernos, en 2024 solo dos de ellas habrían terminado el curso en superávit: Navarra (+0,8% de su PIB) y Canarias (+0,7%). La discrepancia con los datos de Contabilidad Nacional (CN), que es el indicador estadístico oficial, es total, pues estos arrojan un saldo de doce CC.AA. en superávit. A su vez, y de nuevo en términos 'estructurales', el pasado año la media para las diecisiete autonomías se habría situado en un déficit del 1,1% en relación con su PIB, lejos del -0,1% que arrojó la contabilidad oficial. Lo más problemático es que ese 1,1% de déficit, idéntico al de 2023, es el peor dato desde que Fedea empezó a elaborar la serie en 2014. Además, refleja un agravamiento constante desde ese año, cuando, en plena época de ajuste tras la Gran Crisis, el déficit estructural estaba apenas en el 0,3%.

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Bien es cierto que el saldo 'estructural' es una medida puramente teórica, y que la realidad es que, para la confección de sus presupuestos, los gobiernos regionales cuentan con el empuje que pueden darles el crecimiento económico o medidas de apoyo externas. Sin embargo, según explican los expertos de Fedea -y los datos expuestos más arriba así lo atestiguan-, es un indicador necesario para evitar que la deuda autonómica se desboque. Tanto es así que tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 como la propia Constitución obligan a las CC.AA. a estar en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales.

A pesar de esto, y de que en 2014 la Comisión Europea dotó a los Estados miembro de una metodología armonizada para hacer sus estimaciones de saldo estructural, lo cierto es que ninguna administración española se ha molestado en hacer los cálculos. Y esconder la cabeza debajo del ala no resolverá el problema, advierten los redactores del informe, pues en los próximos años la más que segura ralentización del PIB y la tensión añadida que generará el envejecimiento poblacional prometen dificultar el acceso de las regiones a una buena financiación.

El informe de Fedea es interesante porque aporta luz sobre las circunstancias que explican el descuadre de las cuentas autonómicas al eliminar los efectos de fenómenos externos. El estudio, por ejemplo, descuenta el buen momento del crecimiento del PIB o la nivelación del sistema de financiación, que es el mecanismo mediante el cual el Estado busca reducir diferencias en la recaudación entre las CC.AA. y hace que los ingresos de algunas no mantengan una estrecha relación con la actividad económica que generan. Luego están las condonaciones de deuda -la última fue aprobada en febrero de este año-, que podrían haber provocado una «relajación de la disciplina fiscal», se lee en el informe.

La principal novedad de la investigación de Fedea, sin embargo, es la inclusión del sistema de liquidación entre las variables a tener en cuenta. Para contextualizarlo, hay que explicar que esto último es el proceso mediante el cual, dos años después de haber entregado a las CC.AA. la parte que les corresponde por su participación en los tributos estatales, Hacienda calcula si el dinero transferido se corresponde con la recaudación y corrige los desajustes mediante la entrega de más fondos o la reclamación de deudas.

Pues bien, si se calcula el saldo estructural sin tener en cuenta el efecto de las liquidaciones, resulta que en 2024 este arroja un déficit medio del 0,3%, ocho décimas por debajo del dato original. En ese escenario, solo nueve CC.AA. presentan déficit, lo que pone de manifiesto el impacto que ese decalaje de dos años en la ejecución de las liquidaciones puede ejercer sobre el modo en que los gobiernos regionales elaboran sus presupuestos. Por ejemplo, porque retrasa el impacto de los ciclos económicos sobre las finanzas y, por extensión, los ajustes fiscales que deberían derivarse, circunstancia que eleva la inercia del déficit. De otro lado, cuando las liquidaciones son positivas, apuntan desde Fedea, los gobiernos regionales reciben esos recursos como si fueran indicativos de su estado presupuestario actual, cuando en realidad se calcularon dos años antes.