Fedea desmonta el 'cupo catalán' y concluye que el 60% de la recaudación que la Generalitat aspira a quedarse no es cedible

El acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente catalán prevé, como ya es sabido, avanzar «hacia la plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos» que se recaudan en Cataluña. Según las estimaciones realizadas al efecto por los investigadores de Fedea, el think tank que desde más perspectivas está tratando de desentrañar las implicaciones de este modelo, pone en el punto de mira 30.357 millones de euros que a día de hoy alimentan la caja del Estado y que en todo o en parte acabarían en las arcas de la Generalitat de prosperar esta propuesta.

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Bruno Pérez

El asunto es que hay un marco regulatorio europeo que parece hacer inviable este proceso. Un trabajo elaborado por los expertos en financiación autonómica e investigadores de Fedea, Xoaquín Fernández Leiceaga y Santiago Lago Peñas, difundido este miércoles, concluye que por ejemplo en el caso del IVA y los impuestos especiales «no parece factible la cesión de autonomía tributaria individualizada en la medida en que ello conduciría a una diversidad interregional de tipos impositivos (o tratamientos diferenciados) no permitidas por la normativa europea», salvo en el caso excepcional de las regiones ultraperiféricas como Canarias, pero que no es aplicable a Cataluña.

La recaudación por IVA e impuestos especiales en Cataluña que no está cedida ya a la comunidad autónoma por la operativa de la cesta de impuestos del sistema de financiación autonómica, que reconoce el 50% de la recaudación por IVA y el 58% de los ingresos por impuestos especiales a las autonomías en que se genera, supone algo más de 11.200 millones de euros según las estimaciones realizadas por Fedea, es decir, alrededor de un 35% de los ingresos extra a los que aspira la Generalitat.

El otro punto de conflicto se sitúa en el Impuesto de Sociedades, la figura fiscal que más codicia el plan de la Generalitat para poder utilizarlo como palanca para favorecer el retorno de las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña tras el 1-O. El informe de Fedea tampoco considera que la gestión de este impuesto pueda cederse sin dificultades a nivel internacional. Recuerdan en este sentido que la competencia fiscal internacional y la erosión de bases fiscales que ha traído consigo ha propiciado una acción concertada a nivel internacional para homogeneizar un mínimo de tributación para las grandes multinacionales y hay que recordar más allá del informe que la Comisión Europea ha llevado al Reino de España al TJUE y ha amenazado de sanción por la demora en trasponer la directiva europea que sustancia la incorporación de este impuesto al ordenamiento tributario nacional, algo que se desbloqueó con la aprobación del paquete fiscal del Gobierno la pasada semana.

Al margen de las objeciones que su cesión pudiera despertar en el marco internacional, el trabajo de Fernández Leiceaga y Santiago Lago Peñas incide en las distorsiones que su cesión podría generar a nivel interno. «Las empresas multirregionales tendrían una gran facilidad para situar sus beneficios (la base imponible del tributo) allí donde las condiciones fuesen más favorables», lo que podría provocan movimientos que distorsionarían el reparto entre territorios de su recaudación. Ponen como ejemplo lo que ya sucede en Madrid sin necesidad de alteración regulatoria alguna, donde se concentra el 37% de la recaudación de Sociedades aunque el territorio solo supone el 21% del valor añadido de la economía.

Las empresas catalanas generan unos ingresos de unos 6.500 millones de euros a las arcas del Estado por sus beneficios, lo que eleva la cuenta de los ingresos no cedibles hasta cerca del 60% del total de la recaudación extra que la Generalitat aspira a alcanzar.

El informe entiende que las opciones de descentralización y mejora de la autonomía tributaria se concentran en el IRPF y en el despliegue de la fiscalidad ambiental. Aquí también hay objeciones. Los autores reconocen que la mayoría de los países federales han optado por reservar al menos una parte de la recaudación del IRPF a las arcas del Estado, no solo porque es el impuesto que más recursos aporta a las arcas públicas y que por tanto mayor margen de maniobra fiscal da a los países para adaptarse a las necesidades cambiantes de su población, sino porque genera un suelo de recaudación necesario para las funciones fundamentales que desempeña el Estado.

«Los gobiernos federales son reacios a perder el control total sobre la base imponible con la mayor capacidad recaudatoria, el principal elemento redistributivo por el lado del ingreso y una herramienta valiosa para contar con información sistemática sobre las rentas y características de los hogares«, recalca el informe.

El trabajo de Fedea también avanza las posibles soluciones que se podrían aplicar para atender a las necesidades de mayor suficiencia financiera y autonomía fiscal expresadas por la Generalitat, y también a las de una mejora financiación por habitantes, pero sin romper el régimen común. La conclusión es que existen varias fórmulas, pero que en todo los casos su implementación se haría a costa o bien de una factura elevada para el Estado, que tendrían que prescindir de recursos propios por un importe de entre 7.500 y 22.000 millones de euros para atender sus competencias, o bien a costa de erosionar la redistribución territorial.