Los expertos de Fedea calculan que Escrivá gastará en pensiones hasta 52.000 millones más de lo previsto con su reforma

A ojos del Ejecutivo, el panorama es casi inmejorable: las medidas de ingresos proveerán al sistema de los recursos suficientes para soportar la tensión financiera que se espera en los próximos años por las jubilaciones de la generación del 'baby boom' y no será necesario realizar nuevos ajustes o adoptar medidas paramétricas para reconducir las cuentas. A ojos de los expertos, el panorama es diametralmente opuesto: el exceso de gasto será tal que no sólo será imposible sufragarlo con las subidas de cotizaciones fijadas sino que será necesario activar la cláusula de salvaguarda del mecanismo de equidad en su primera revisión tras la reforma, en 2025. Concretamente, este exceso, que alcanzaría su pico máximo en 2050 ascenderá hasta los 52.000 millones de euros, equivalente a 3,5 puntos porcentuales del PIB.

De hecho, el escenario que apuntala el informe de expertos publicado ayer por Fedea echa por tierra casi la totalidad de la base estadística sobre la que los técnicos del organismo dirigido por el ministro en funciones, José Luis Escrivá, realizan las proyecciones de gasto en pensiones. De entrada, consideran que el Gobierno subestima el aumento del gasto asociado tanto a las revalorizaciones de las prestaciones con el IPC, como, sobre todo, el que se pueda generar con la nueva fórmula de actualización de las pensiones mínimas para converger con que las contributivas se ligarán al umbral de pobreza calculado en la Encuesta de Condiciones de Vida -que para el año 2022 el INE situó en 10.088 euros-.

Además, también sobrevalora el Gobierno los ahorros posibles por los únicos puntos previstos para mitigar la factura en pensiones, concentrados en elevar la edad efectiva de jubilación gracias al endurecimiento de los coeficientes reductores sobre el retiro anticipado y a la mejora de incentivos para demorar la jubilación más allá de la edad legal.

Y no sólo se prevé que el Gobierno falle en la estimación del impacto de las medidas de actuación sobre las pensiones, sino que los expertos también invalidan el escenario macroeconómico y demográfico que suponen un componente fundamental del escenario presupuestario de la Seguridad Social en los próximos lustros.

Las discrepancias aquí son múltiples: el Gobierno estima que a partir de 2035 la llegada de extranjeros brindará a España un incremento de la población en edad de trabajar de 1,8 millones de personas hasta 2050, algo que Eurostat (servicio de estudios de la Comisión Europea) descarta al considerar que el nivel de potenciales trabajadores apenas variará en los próximos veinticinco años. Las diferencias también se dan en el avance de la esperanza de vida a partir de los 67 años, que va aumentando más despacio en la proyección del ministerio hasta alcanzar 21,5 años en 2050, algo más de un año inferior a la proyectada por Eurostat.

En consecuencia, los dieciséis expertos que firman el documento de Fedea observan importantes desviaciones en el peso de las distintas cohortes. La población entre 20 y 64 años pasaría de 29 millones en 2023 a algo menos de 28 millones en 2050 en las proyecciones del Gobierno, mientras Europa disminuye hasta los 26 millones las personas comprendidas en la horquilla; la población entre 15 y 74 años será en 2050 de 36,9 millones frente a los 36,4 millones de 2023, una proyección que rebasa en dos millones de personas la realizada por Bruselas; mientras que la población total estimada en 2050 por Eurostat es de 50,5 millones y de 52,4 millones según la Seguridad Social, es decir, 1,9 millones más.

Fedea además advierte del exceso de optimismo en cuanto a tasa de desempleo, que se situaría en el 5,5 % para 2050, mientras que la OCDE estima para ese año un paro del entorno del 7% en nuestro país; la ocupación que se prevé en 1,8 puntos superior a la actual en 2050, unas seis décimas por encima de la estimación de la OCDE. Y en productividad el Gobierno espera que aumente a un ritmo anual del 1,2% de 2023 a 2030, al 1,5% de 2031 a 2040, y al 1,6% de 2041 a 2050. Este crecimiento de la productividad por ocupado más que duplica el observado en las últimas tres décadas (0,6% de promedio de 1990 a 2022); y en el propio avance del PIB, que se calcula durante los próximos cinco lustros en el 2% de media, contra los cálculos de Airef que prevé un avance anual del 1,6% en el mejor de los escenarios

Con estos mimbres, desde Fedea calculan que, a consecuencia de las medidas actualmente aprobadas, el gasto en pensiones se sitúe de media entre 2022 y 2050 en el 15,2% del PIB, contra el 14,2% previsto por el Gobierno, alcanzándose un pico máximo al final del periodo de 17,8% del PIB de gasto en pensiones estimado por los expertos contra el 14,6% que proyecta la Seguridad Social. «Estos resultados sugieren que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) se cumple ya en la actualidad, lo que previsiblemente obligará a tomar medidas correctivas en la revisión prevista para dentro de dos años», subraya Fedea.

Fedea agrega además en sus conclusiones que las proyecciones ignoran los potenciales efectos negativos sobre el empleo de las reformas que incrementan los ingresos. Algo relevante, ya que puede seguir aumentando la carga del ajuste soportado por las generaciones activas durante el proceso de envejecimiento.

Para el organismo, los «sesgos al alza» de las proyecciones del Ministerio son «preocupantes» porque «las dinámicas electorales de las democracias contemporáneas favorecen que las proyecciones excesivamente optimistas, además de utilizarse como instrumentos de autolegitimación, acaben justificando políticas expansivas de gasto y/o retrasos de ajustes fiscales por parte de los gobiernos».

«Esta estrategia resulta particularmente arriesgada en un país, como España, que ha dado muestras de divergencia en renta per cápita y productividad en los últimos 15 años respecto a la UE, y arrastra un déficit público estructural comparativamente alto que amenaza con aumentar su ya muy elevado endeudamiento público y deja un margen de maniobra limitado para afrontar otras prioridades o hacer frente a shocks negativos», advierte Fedea.