Fedea afea al Gobierno haber utilizado supuestos optimistas para asegurar que las pensiones son sostenibles

Así ha indicado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en el informe 'Sobre la aplicación de la cláusula de salvaguarda del MEI: algunas dudas metodológicas' publicado este lunes, con el que se suma a «las bien fundadas dudas» de la Airef sobre la situación financiera del sistema de pensiones español. Entonces, ¿por qué la conclusión de la Airef considera que la condición de sostenibilidad se cumple en la actualidad?

«La respuesta tiene que ver con el reciente Decreto 100/2025, de 18 de febrero, mediante el cual el Gobierno, actuando como juez y parte, ha regulado en el último minuto algunos detalles importantes de los cálculos necesarios a efectos del examen del MEI de una forma muy cuestionable», explica de la Fuente.

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De esta manera, el director ejecutivo de Fedea ha planteado ciertas objeciones a la forma de aplicación de la cláusula de cierre, por la que la Airef realiza una evaluación trianual que cruza las proyecciones de gasto, extraídas del Informe de Envejecimiento (IE) de la Comisión Europea, con el impacto en los ingresos de determinadas variables, y que en caso de superar cierta diferencia -la suma del 15% del PIB y el exceso de ingresos extra por encima del 1,7% del PIB generado por las nuevas medidas de ingreso, tomando como referencia el período 2022-20250- obliga a tomar medidas adicionales. En concreto, la ley establece que si el gasto neto previsto en pensiones, descontados los ingresos extra generados por la reforma, supera el 13,3% del PIB en promedio entre 2022 y 2050 se activaría la cláusula de salvaguarda, poniendo en marcha un proceso semiautomático de ajustes, y que, en última instancia, puede obligar a subir las cotizaciones sociales para evitar que el déficit del sistema público de pensiones se dispare.

El porcentaje de gasto se se situó una décima por debajo del límite previsto, tal y como indicaba la Airef el pasado 31 de marzo en sus estimaciones sobre el impacto de las nuevas medidas de ingresos para el sistema de pensiones y su informe sobre la necesidad de activar o no la cláusula de salvaguarda. Por ello, la autoridad fiscal respaldó la decisión de no activar el mecanismo de ajuste, pero advirtió un empeoramiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones con un gasto que subirá 3,4 puntos de PIB hasta 2050.

Bajo esta perspectiva, el directivo de Fedea expone tres motivos para justificar que el procedimiento seguido para la evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones es incorrecto. Y con los que demuestra que pese a esquivar el ajuste, la sostenibilidad del sistema no está garantizada, sumándose así a la disconformidad de la Airef con la visión del Ejecutivo.

En primer lugar, señala que la reforma «permite incluir ingresos adicionales provenientes de transferencias del Estado no destinadas a prestaciones no contributivas». Es decir, se trata de un «mecanismo de maquillaje contable» que permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos 'ficticios' desde el punto de vista de las cuentas públicas consolidadas. Las consecuencias de esta «inclusión indiscriminada» pueden «desvirtuar la condición de sostenibilidad» al desplazar de manera artificial el déficit del sistema de pensiones a las cuentas de la Administración General del Estado, lo que mejora la apariencia financiera de este.

Seguidamente, identifica un excesivo optimismo en la aplicación de la corrección al alza a las proyecciones de PIB del IE desde 2024 en adelante. Pues esta corrección supone que la «considerable» diferencia registrada en 2023 entre el dato observado de PIB nominal y las proyecciones originales del Informe de Envejecimiento de 2024 de la misma variable (del 6%) se mantendrá invariable en el futuro.

En último lugar, considera que el procedimiento parte de una condición de sostenibilidad «muy discutible que genera una especie de ilusión monetaria al no tener en cuenta la evolución de los ingresos del sistema«. 'Ilusión monetaria' que lleva a sobrevalorar los efectos reales de la corrección del PIB exigidas en el decreto.

Todos los reclamos de la Fedea responden a la crítica que sostiene sobre la intervención del Gobierno, «como juez y parte», en los cálculos que la Airef debía tomar en cuenta para realizar el examen del sistema de pensiones. Así, concluye que «la Airef se ha visto empujada a elegir la única opción que lleva a un aprobado» de la sostenibilidad del sistema de pensiones.