Facua denuncia a la OCU por realizar publicidad de cursos de CCC: se lleva una comisión del 20%

Las asociaciones de consumidores tienen prohibido, por ley, «realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios» de terceros, tal y como establece el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así, la norma les prohíbe «todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios».

Para persuadir a los consumidores de que contraten los cursos de CCC, la OCU, dicen, ensalzaría a la empresa presentándola como «uno de los centros referentes de formación a distancia y online en España y uno de los centros de referencia en educación a distancia en Europa». Una información que difunde en su página web, sus revistas y a través del envío de correos electrónicos a sus socios con el reclamo de un descuento del 25% en el precio y la posibilidad de «pagar en tres cómodos plazos», y que desde Facua tachan de «publicidad».

Desde la OCU se defienden frente a las acusaciones de Facua y niegan cualquier irregularidad. «OCU niega que se esté realizando publicidad comercial, ni de esta ni de ninguna empresa. Se trata de una ventaja negociada dirigida exclusivamente a sus socios, una práctica habitual en organizaciones de distinta naturaleza y que en el caso de una asociación de consumidores cumple con los requisitos del Art. 30 del RDL 1/2007 que permite a las asociaciones de consumidores establecer acuerdos o convenidos de colaboración con operadores de mercado, siempre y cuando tengan 'como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado'. Y respetan los principios de independencia y transparencia mediante su depósito en Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) que depende del Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030. Todas estas obligaciones se cumplen escrupulosamente por parte de esta asociación», informan fuentes de la OCU.

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Claudia T. Ferrero

No es la primera vez que esta organización (Facua) demanda a la OCU ante el Ministerio de Consumo, sino que desde 2022 ha llevado al ministerio, donde Alberto Garzón se encontraba antes al frente, una serie de acusaciones sobre el desempeño ilegal de campañas publicitarias que esta lleva a cabo con el fin de captar clientes para grandes compañías que, a cambio, le pagan comisiones. La respuesta por parte del ministerio de Garzón nunca llegó y «sigue sin producirse» desde que lo dirige Pablo Bustinduy, con quien ha transcurrido ya casi un año y medio de legislatura, aseveran desde Facua. Y añaden que junto a CCC, son muchas las empresas que pagan comisiones a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a cambio de publicidad y clientes.

Finalmente, la organización demandante ha señalado que la OCU se llevaría el 20% de lo que pagan sus socios por un curso de introducción a la Inteligencia Artificial a través de una sociedad instrumental de capital mayoritariamente belga (75%). Específicamente, la empresa que cobraría las comisiones es OCU Ediciones SA, que tiene como CEO a un exejecutivo de la tercera mayor tabacalera a nivel mundial: António Balhanas, quien fue el gerente de operaciones comerciales y de trade marketing de Japan Tobacco International (JTI) en Portugal y había desempeñado puestos de responsabilidad en las multinacionales Délifrance, Hasbro, Samsung, Panasonic, Whirlpool y Sovena con anterioridad.