Facua denuncia a 33 inmobiliarias por el incumplimiento de la Ley de Vivienda

La organización interpone estas denuncias tras recibir, desde finales del mes de mayo, peticiones por parte de los consumidores. En estas, expresaban su necesidad de conocer sus derechos ante esta práctica irregular y solicitaban que se denunciase a las agencias que la están cometiendo.

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Ante esto, Facua ha comenzado un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa. La asociación asegura que tras esta investigación «anunciará nuevas denuncias en breve». Hasta ahora, las inmobiliarias a las que la organización ha denunciado se encuentran en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Aunque algunas de las denunciadas poseen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España.

La organización de consumidores ha detectado ciertos «trucos» a los que recurren las agencias para cobrar los gastos a los inquilinos: «Además de aquellas que directamente anuncian o comunican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario, están las que inventan nuevos conceptos» explican. Entre ellos, mencionan que las agencias cobran cuotas por la realización de «estudios de viabilidad y solvencia económica del inquilino», el uso de anglicismos para referirse a los honorarios como «fee» o imponen el pago de una cuota por los «servicios prestados al arrendatario».

Sánchez incide que, con la nueva redacción de la ley, «es absolutamente clara y no cabe otra interpretación posible» y considera que estas prácticas son una «irregularidad», por la que ya han denunciado a una treintena de inmobiliarias. Además recuerdan que los afectados tienen derecho al reembolso y aconsejan que, una vez firmado el contrato y habitado el piso se presente una solicitud para la devolución del dinero.

El secretario urge, en una rueda de prensa ante Europa Press , a las empresas de este sector a no seguir «remoloneando». Y declara que espera que las autoridades «emprendan las actuaciones que correspondan para erradicar esta práctica ilegal» que considera «extraordinariamente grave». Además, pide al Gobierno que de a conocer los derechos legales de los ciudadanos.