Las facturas en el cajón se disparan durante la era Sánchez y superan ya los 7.600 millones de euros

La estrategia generalizó el fenómeno de las facturas en el cajón: bienes y servicios por los que no se pagaba o que, en el peor de los casos, ni siquiera se reconocían en tiempo y forma a costa de los proveedores.

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Bruno Pérez

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El problema afloró en toda su magnitud a la hora de hacer balance de las cuentas públicas de 2011. El déficit de entre el 6% y el 7% previsto por el último gobierno Zapatero se disparó en primera instancia hasta el 8,5% y finalmente hasta el 9,3%, al compás de las exigencias del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los gobiernos autonómicos -los propios y los ajenos- para que afloraran todas las facturas que habían amontonado en los cajones.

La maniobra no solo llevó las cuentas públicas a una situación límite, sino que erosionó la reputación española en los mercados, afectando a la prima de riesgo; y al cabo desencadenó una investigación de la Comisión Europea a España que acabó en multa al considerar probada la manipulación de las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana.

De todo ese proceso salió una nueva obligación contable para las administraciones públicas españolas, la de consolidar en una cuenta todos los gastos en que hubieran incurrido y que no hubieran sido imputados en el presupuesto del ejercicio en curso. Se trata de la Cuenta 413.

Desde el año 2015 el balance oficial de las cuentas del Estado que formula la Intervención General incluye la Cuenta 413, en la que se agregan todos los gastos en que el Estado ha incurrido en el ejercicio de referencia pero que por los motivos que sean no se han imputado al presupuesto y que, por tanto, se pagarán con recursos de presupuestos posteriores. Nunca antes habían alcanzado la magnitud a la que han llegado en 2022.

Según la información oficial publicada por el Ministerio de Hacienda, la Administración del Estado dirigida por el Gobierno de Pedro Sánchez acumulaba al cierre de 2022 más de 7.635 millones de euros en facturas sin pagar, la cifra más alta registrada en la serie histórica que arrancó en 2012 y más del doble de lo que se encontró cuando accedió al Gobierno en 2018.

De hecho, tras los poco más de 6.000 millones registrados al cierre de 2012 la cifra de gastos no imputados en el presupuesto al cierre del ejercicio rondaron entre los 2.000 y los 3.000 millones hasta 2019 en que iniciaron una escalada que los ha llevado a la cifra récord de 7.635 millones de euros.

Fuentes de Hacienda aclaran que, al contrario de lo que ocurriera en 2011, la mayoría de estos gastos no pagados en el ejercicio no trasladan déficit público a años posteriores sino que ya han sido reconocidos como tales -la maniobra en 2011 fue que se retrasó el reconocimiento del gasto y se ocultó así el déficit- y el problema es que no se han podido pagar en el año en curso, aunque «hay excepciones», admiten, sin cuantificar su magnitud.

«Es probable que no enmascare déficit, pero el crecimiento de la cuenta 413 en los últimos años es una pésima noticia desde el punto de vista de la gestión presupuestaria», asegura a ABC un alto funcionario del cuerpo de interventores del Estado que ostentó importantes responsabilidades en la Intervención General de Hacienda en el pasado.

Los interventores consultados coinciden en que es habitual que haya gastos reconocidos en un ejercicio presupuestario que no se paguen hasta el año siguiente porque se reconocen en los últimos días del año y por las propias singularidades y demoras de la normal tramitación presupuestaria. También coinciden en que lo que no es tan normal es que su cuantía se dispare de forma tan desproporcionada en un periodo tan corto de tiempo.

La norma aprobada en 2015 por Cristóbal Montoro, a instancias de Bruselas, obliga al Gobierno a proporcionar el detalle de los principales gastos por pagar en el momento del cierre presupuestario. Hacienda reconoce en el informe al que ha tenido acceso ABC que la principal partida se corresponde con las medidas incluidas en los decretos aprobados a lo largo de 2022 para aliviar el impacto de la inflación sobre empresas y particulares, cuyo impacto el Gobierno estimó en unos 15.000 millones de los que más de 1.573 millones se habrían quedado pendientes de pago al cierre de las cuentas del Estado de 2022.

La mayor parte de esa cuantía, 1.425 millones, se corresponde a «bonificaciones al precio final de productos energéticos a favor de familias y empresas», es decir, a bonificaciones sobre el precio del carburante, que las estaciones de servicio aplican de forma directa al precio final, pero que Hacienda tarda en torno a un par de meses en reintegrar a las gasolineras, lo que explicaría el retraso en el pago. Pero hay más: al Gobierno se le quedaron sin pagar cerca de cinco millones de euros en ayudas que había reconocido a personas con bajos niveles de ingresos; 37,4 millones de euros de ayudas a la industria electrointensiva; y cerca de 50 millones en ayudas a transportistas.

En el cajón se han quedado también 21 millones en subvenciones a empresas localizadas en territorios definidos como de promoción económica prioritaria y 28,57 millones de euros de indemnizaciones reconocidas a agentes económicos afectados por la aplicación del céntimo sanitario, y que el Gobierno lleva atendiendo en un lento goteo desde hace más de un lustro.

Todas estas facturas no pagadas le competen al Ministerio de Hacienda, aunque el que se lleva la palma en este asunto es el Ministerio de Transportes, que cerró el año 2022 con gastos no imputados presupuestariamente de 1.659 millones de euros, de los cuales 472 millones vienen de ejercicios anteriores, así que se arrastran desde hace varios años.

El informe de Hacienda precisa que esas cuentas pendientes se corresponden con las transferencias a las que tienen derecho empresas públicas como Renfe y Correos por las obligaciones de servicio público que tienen que asumir por ley, las compensaciones del Estado a empresas concesionarias de autopistas por las suspensiones o rebajas aplicadas sobre las tarifas de los peajes, o las bonificaciones a residentes insulares para abaratar sus desplazamientos por mar y aire.

También figuran en el debe del Ministerio de Transportes las cuentas pendientes del convenio suscrito en 2009 por el Gobierno con Canarias para financiar la mejora de las carreteras y del que todavía quedan por pagar más de 250 millones de euros, y en la del Ministerio de Interior figuran 336 millones pendientes de pago por la regularización de la financiación de los Mossos d'Esquadra para el periodo 2010-2020, que el presidente Sánchez se comprometió a pagar a la Generalitat hace un año, pero que al cierre de 2022 aún no se había abonado.

Hacienda atribuye el incremento en la cuenta 413 al cumplimiento de la recomendación del Tribunal de Cuentas de imputar a 2022 la factura de la paga extra reconocida a funcionarios, abonada el pasado junio, y cuyo coste fue de 380 millones. Entre 2021 y 2022 esa cuenta se engrosó en más de 1.200 millones.