El experimento fallido de la 'tasa Amazon': Barcelona se boicotea
Expertos y empresas cuestionan la eficacia de gravar el reparto del comercio a domicilio
El transporte acorrala la tasa Amazon de Colau en los tribunales

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el comercio electrónico superó en España los 72.000 millones de euros en 2022, un 25% más que el año anterior, y los datos que se conocen de 2023 anticipan una progresión similar. Aunque resulta difícil conocer cuántas de las transacciones que se realizan 'on line' acaban generando el desplazamiento de un repartidor a un domicilio o punto de entrega, lo que se conoce como reparto de «última milla», la imagen de las furgonetas de las grandes compañías de reparto llenando las calles de grandes ciudades se ha generalizado. Solo en Cataluña, según datos del Govern, se producen más de 60 millones de desplazamientos al año por este motivo, de los cuales, la cifra es relevante, un 11% son entregas fallidas o devoluciones.
La posibilidad de comprar desde el ordenador y el móvil para luego recibir el producto en casa resulta un avance para el consumidor y una oportunidad de negocio para el vendedor, sin duda, pero también genera un impacto sobre el espacio urbano y sobre el comercio tradicional, positivo o negativo, según el punto de vista. La visión negativa es la que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, que decidió intervenir con una fórmula que presume de pionera pero que no fue nada innovadora en este caso: una tasa, un nuevo gravamen que en la capital catalana penaliza a las grandes empresas de reparto a domicilio que facturan más de un millón de euros al año por entregas a destinos finales. Es la conocida como tasa Trec (Tasa de Reparto del e-commerce), popularmente 'tasa Amazon', con la que esperan recaudar, como mínimo, 2,6 millones de euros entre los 26 operadores susceptibles de pagar. Sólo Nacex, DHL, Seur, GLS y Correos copan el 51,7% de la distribución a escala nacional. Amazon, como tal, no distribuye directamente, si no que subcontrata a terceros.
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En vigor desde el 1 de marzo de 2023, el nuevo gravamen, cuatro meses después de su estreno, genera tantas dudas como durante su tramitación: ¿servirá para proteger al comercio tradicional o lo acabará perjudicando? ¿quién acabará pagando, el vendedor, las empresas de reparto o el consumidor final? Las conclusiones a las que llegan en el campo de la logística, pero también entre expertos del sector, son claras. Ninguno de los propósitos que puso sobre la mesa el Consistorio de Barcelona para justificar la medida van a cumplirse. Es más, van a generar un efecto contrario. Así lo considera Ana Isabel Jiménez-Zarco, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), para quien una tasa pensada precisamente para proteger al pequeño comercio lo acabará perjudicando: «El comerciante de proximidad estaba empezando a usar el comercio en línea para competir con estos gigantes».
Es precisamente lo que se defiende desde Amazon, donde a preguntas de este diario no se quiere entrar a valorar la medida en Barcelona, pero en cambio sí se pone en valor su aportación al ecosistema de pequeñas y medianas empresas: «Más de 3.000 pymes catalanas venden actualmente en nuestras tiendas y, de ellas, alrededor de 900 están en Barcelona». En conjunto las pymes catalanas superaron los 200 millones de euros en ventas internacionales en Amazon, las cifras más altas de España, añaden.
Otra duda que se plantea es saber quién acabará asumiendo el sobrecoste». Cristian Castillo, profesor de Economía y Empresa de la UOC, lo tiene claro. «Está claro que al final la terminará pagando el consumidor», apunta el profesor, que aboga por un modelo de distribución híbrido, más eficaz y con menos entregas fallidas, en el que cobre cada vez más protagonismo el reparto en tiendas colaboradoras o en 'lockers' (taquillas), de los que únicamente Amazon tiene 1.100 y 400 respectivamente en Barcelona..
Las empresas afectadas tienen claro que se trata de una tasa que solo incrementará costes. Francisco Aranda, presidente de la patronal de la logística UNO, cuestiona en declaraciones a ABC un gravamen «que daña al desarrollo digital de Barcelona» y penaliza a «las empresas minoristas de todos los tamaños, reduciendo sus alternativas de venta». UNO, también la Autoridad Catalana de la Competencia (dependiente de la Generalitat), mantiene abierto un recurso en el Contencioso Administrativo contra la medida.
También en contra se posiciona la Asociación Española de la Economía Digital, formada por una red de más de 500 empresas, que «lamenta especialmente la idea preconcebida del comercio electrónico como factor destructivo del comercio físico», y apunta que la 'tasa Amazon' generará mayores costes al consumidor final y trabas al comercio tradicional en su modernización.
Frente a la posición contraria de los operadores, la 'tasa Amazon' sigue adelante. Aprobada en el anterior mandato, el nuevo gravamen contó con el apoyo de todos los grupos menos el PP. Ahora con el PSC en solitario en el gobierno, la tasa sigue adelante. «Garantiza que las grandes empresas que realizan entregas masivas se corresponsabilicen de las externalidades que generan, como son la congestión del espacio público y el incremento de la contaminación», defiende en ABC Jordi Valls, nuevo teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Promoción Económica. «Además, esta medida también sirve para no generar desventajas competitivas con el comercio de proximidad de la ciudad, modelo de éxito. Hay que tener en cuenta, que esta nueva tasa no grava, entre otros supuestos, la entrega del paquete en puntos de recogida», añade el recién estrenado concejal.
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