El exministro Garzón ordenó investigar hipotecas antiguas de Caixabank

La investigación se encuentra en una primera fase y no hay, por el momento, ningún expediente sancionador abierto, como ha averiguado este periódico; están en la fase de analizar si pudieran existir infracciones en los préstamos para vivienda de la entidad de aquella época.

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Para estudiar eso, la Dirección General de Consumo ha adjudicado una licitación -un contrato menor- al catedrático de Derecho Civil Pascual Martínez Espín. La misma tiene por objeto la «asistencia técnica a través de la elaboración de informe de análisis jurídico sobre estudio de hipotecas otorgadas por Caixabank los años 2005, 2006 y 2007». Un contrato con el que señalan directamente al primer banco en España, en el que el Estado también está sentado en el consejo de administración con un puesto tras la absorción de Bankia.

Aunque como licitador figura la citada dirección general, de donde realmente sale la investigación es de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, una unidad creada en enero de este año para «vigilar, inspeccionar y sancionar fraudes masivos»; esta unidad se creó para investigar casos de este tipo con ámbito de acción a nivel estatal. «La contratación del estudio es una operación ordinaria en el contexto de actuaciones administrativas abiertas en las Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador», indican fuentes del ministerio.

«Dado que se enmarca en una serie de actuaciones llevadas a cabo por la unidad administrativa competente en materia de investigación de posibles infracciones en materia de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, por obvias y legales razones de sigilo, no es posible, en este momento de la investigación que se está practicando, proceder a detallar el contenido de la misma», añaden en Consumo, justificándose también en una cláusula de confidencialidad del contrato público.

El citado contrato se ha adjudicado a Martínez Espín, un experto en cláusulas abusivas, por 14.800 euros y la ejecución del mismo es hasta mediados de diciembre, con lo que antes de final de año el ministerio, ahora responsabilidad de Pablo Bustinduy, debería avanzar o no hacia un expediente sancionador.

Asimismo, cabe destacar que esta licitación se adjudicó con el Gobierno en funciones el pasado 26 de octubre, cuando Consumo aún era un ministerio separado.

La investigación se remonta a antes de la gran crisis, en pleno 'boom' inmobiliario, para estudiar las posibles cláusulas abusivas que pudieran darse en algunas hipotecas del banco. Y el ministerio se apoyaría en la ley de consumidores y usuarios, modificada durante el anterior Gobierno, para poder imponer sanciones llegado el caso. La norma recoge que serán infracciones en esta materia «la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, así como la no remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o sancionado tal hecho en vía administrativa con carácter firme».

Es esa segunda parte del artículo 47 la que permitiría a Consumo investigar, expedientar y sancionar a Caixabank, siempre que demuestren que no han eliminado los efectos perjudiciales de unas hipotéticas cláusulas abusivas; es decir, que detecten que la entidad no haya reparado esos efectos hipotéticamente causados. En estos casos, en el punto de mira están las cláusulas suelo que se fijaron en la banca antes de la gran crisis de 2008 y que los tribunales españoles y europeos han señalado como abusivas en reiteradas ocasiones.

En un caso como este, según la legislación, una hipotética sanción lo sería bajo la calificación de infracción grave o muy grave, en función de cómo se desarrollara la investigación y los criterios que se utilicen. La multa podría alcanzar el millón de euros, «pudiéndose sobrepasar hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido».