Ex altos cargos de la SEPI sitúan a Ábalos como «embajador» de Aldama «en mil casos»

Los rescates de ambas aerolíneas estuvieron en el centro de la polémica por sus extrañas singularidades. El de Air Europa, por la velocidad a la que se cerró la concesión de la ayuda de 475 millones de euros, que nunca más volvió a reeditarse en la treintena de rescates públicos del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas que siguieron al de la compañía balear. En el caso de Plus Ultra, por las dudas que suscitaba su condición de empresa estratégica, al ser una aerolínea con tan solo cuatro aviones y una cuota de mercado del 0,1%.

Era el Ministerio de Ábalos quien debía proporcionar uno de los informes clave para que la SEPI primero y posteriormente el Consejo de Ministros dieran luz verde a las ayudas. En el caso de Air Europa, relatan fuentes conocedoras de la operación, en el informe que recibió el holding de Hacienda, Ábalos defendía lo estratégica que era la compañía, en su condición de servicio esencial para asegurar la conectividad de España, y por garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos favoreciendo al conjunto de los usuarios. También por la importancia de Air Europa en los planes estratégicos del Ministerio de Transportes, entre los que estaba el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, por su categoría de 'hub', cuando habían pasado pocos meses desde que el holding dominante de Iberia IAG había adquirido la aerolínea de la familia Hidalgo. Operación que cuatro años después sigue sin cerrarse.

El consejo gestor que validó la ayuda estaba compuesto por el entonces presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y los números dos de los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía. Desde su aprobación, el Gobierno ha negado dar información a la solicitud de empresas y particulares sobre el rescate de Air Europa.

La mano de Ábalos también pudo tener implicación directa en la compra de mascarillas por parte de Puertos del Estado. Fuentes de la entidad aseguran que la orden de la compra vino directamente del ministro, que era uno de los cuatro miembros del Ejecutivo que tenía competencias en la materia para estas compras de urgencia. Señalan, en este sentido, que por el Consejo Rector, del que formaba parte Koldo, no pasaban estas decisiones. Y que el problema no está tanto en la contratación, sino en el destino de los fondos que se obtuvieron con ello.

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Ahora, el juez sitúa al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, como interlocutor del presunto comisionista Victor de Aldama en la adjudicación del contrato de 20 millones a la sociedad Gestión y Apoyo a Empresas. Sánchez Manzanares llegó a Puertos del Estado de la mano del el exsocialista Fernando González Laxe que accedió a la presidencia de la entidad en 2009. Al investigado le crearon una plaza de director de relaciones institucionales e innovación tecnológica, con una cláusula que le blindaba frente a posibles cambios de Gobierno, relatan fuentes conocedoras. Así, cuando el PP de Mariano Rajoy llegó al poder a finales de 2011 y cambió la presidencia de Puertos le destituyeron del cargo pero tuvieron que mantenerle en el área jurídica de la entidad. En Puertos siempre fue considerado el hombre de Ferraz y el nexo con Fomento, según relatan las mismas fuentes.

Esa lealtad le fue recompensada, cuando Pedro Sánchez llega a La Moncloa en 2018 y lo asciende a secretario general de Puertos. En esa posición permanece hasta ahora.