Europa y el nuevo Gobierno acechan al negocio de los Airbnb

Por lo pronto, los operadores del sector miran hacia Europa. La normativa acordada el pasado jueves obliga a las plataformas a transmitir mensualmente los datos de actividad a las autoridades públicas (sobre el número de noches alquiladas y los huéspedes) e introducen requisitos de registro armonizados para los anfitriones y las viviendas en alquiler de corta duración, incluida la concesión de un número de registro único que los propietarios deben mostrar en los portales para poder ofertar los pisos. Son herramientas con las que la UE pretende ayudar a las administraciones de los veintisiete países miembros a luchar contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos, que muchas voces aseguran que son buena parte de los pisos que se ofertan en los portales de alquiler de corta duración. En todo caso, el acuerdo debe ser todavía refrendado y el nuevo reglamento no entrará en vigor hasta 24 meses después de ser aprobado.

La futura normativa tiene su germen en la propuesta lanzada por la Comisión Europea el año pasado, en la que, aunque reconocía que los apartamentos turísticos presentan ventajas para anfitriones y turistas, también apuntaban a que podían suscitar preocupación en ciertas comunidades locales que sufren escasez de viviendas asequibles. Por el momento, Airbnb asegura haber tenido una buena acogida de la iniciativa europea, aunque le suponga todo un punto de inflexión. «Esta nueva regulación servirá como ejemplo a nivel global sobre cómo regular los alquileres de corta duración, a la vez que ofrece orientación clara a las plataformas y las autoridades en cuestiones muy importantes, como el intercambio de datos y la aplicación de unas normativas locales que sean útiles para todas las partes», apuntó el cofundador y director de Estrategia de Airbnb, Nathan Blecharczyk.

La compañía ha tenido que enfrentarse recientemente a legislaciones como la que ha aplicado la ciudad de Nueva York. La capital financiera del mundo prohibió en septiembre el alquiler de pisos turísticos por periodos inferiores a 30 días y tan solo permite el arrendamiento de habitaciones en un tiempo inferior cuando el anfitrión viva en la propiedad. Un golpe que ha sido mortal para su negocio, en uno de sus principales mercados, y con el que el ayuntamiento neoyorquino busca reducir el precio de los alquileres convencionales.

Aquí en España, el sector también encara un papel complicado. El nuevo Gobierno que formarán en coalición PSOE y Sumar quiere poner coto de manera inmediata a los pisos turísticos, para proporcionar más efectividad a la ley de Vivienda aprobada en la recta final de la anterior legislatura. «Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas», reza el texto publicado por ambas formaciones el mes pasado, en el marco de la negociación para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Estas zonas se definen en la ley de Vivienda como aquellas una ubicaciones en las que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30% de la renta media de los hogares. También cuando los precios de alquiler y compra los precios hayan subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años. Bajo ese concepto estarían algunos de los principales distritos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.