Europa da un año de margen al Gobierno para formular un plan de ajuste fiscal
Los socios de la UE consideran que los desequilibrios de España pueden constituir un riesgo para la estabilidad de la Unión y exigen una reducción creíble y gradual de la deuda a partir de 2024
Los socios europeos han elevado un punto el tono de sus recomendaciones al Gobierno en materia de política fiscal. En la última comunicación que el Consejo Europeo ha remitido a España –fechada el pasado 13 de junio– le dan el ejercicio de 2023 como periodo ... de gracia para normalizar la operativa de sus cuentas públicas tras los años de gasto extraordinario por la pandemia y la respuesta a la guerra, y le instan a garantizar a partir de 2024«una reducción creíble y gradual de la deuda», así como la «sostenibilidad fiscal a medio plazo a través de una consolidación gradual, inversiones y reformas».
El mensaje del Consejo subraya la línea de actuación ya avanzada por la Comisión Europea en mayo, cuando confirmó la prolongación durante 2023 de la aplicación de la cláusula de suspensión del pacto de estabilidad. No habrá más barra libre de gasto, en especial para los países que presentan un elevado endeudamiento, como es el caso de España. En los Presupuestos de 2023 –los últimos antes de las elecciones municipales, autonómicas y generales de ese año– la evolución del gasto corriente no podrá superar la previsión de crecimiento potencial de la economía (0,8%) y a partir de entonces los países con cuentas públicas vulnerables, entre los que nos encontramos, deberán trazar una senda de reducción de su deuda y su déficit.
El calendario pone en el horizonte dos hitos por los que el Gobierno tendrá que pasar para acreditar que cumple estas indicaciones. El primero es la presentación del Plan Presupuestario, el próximo mes de octubre, en el que el Gobierno deberá precisar las líneas maestras de los Presupuestos de 2023 y la Comisión evaluará si sus parámetros se ajustan a las recomendaciones realizadas. El segundo, la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España en abril de 2023, antes del 'rally electoral', en el que supuestamente se debería perfilar como muy tarde ese plan de consolidación fiscal que exige Europa.
Bruselas siempre se ocupa de dejar puertas abiertas y los países podrán exceder esas limitaciones siempre que sea para invertir en proyectos de transición verde o digital o para amortiguar el impacto de los efectos de la guerra en los sectores y hogares más vulnerables, lo que deja cierto margen de actuación a los gobiernos.
Está por ver si ese será el caso de España. La comunicación del Consejo Europeo deja claro que esas medidas de apoyo deberán ser temporales y orientadas a colectivos concretos y su análisis sobre las medidas aplicadas en España concluye que no ha sido así en todos los casos. Los socios europeos cuestionan el paquete fiscal activado por el Gobierno –criticado a nivel doméstico por instituciones como el Banco de España– y en concreto a la suspensión temporal de la aplicación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y a la reducción al mínimo del 0,5% del Impuesto Especial a la Electricidad.
Un riesgo para la estabilidad de la UE
No es el único tirón de orejas que los socios de la Unión propinan al enfoque de política fiscal del Gobierno. Tanto el Consejo Europeo como la Comisión han insistido en pedir a los países que las medidas de estímulo fueran temporales y orientadas y no empeoraran las expectativas fiscales a medio plazo, en especial las de los más vulnerables. El análisis sobre España concluye que las medidas de soporte fiscal operativas este año tienen un coste agregado de 2,2 puntos de PIB , de los cuales 1,2 puntos se traducen en mayor gasto estructural y no están compensadas por menores gastos en otras partidas o mayores ingresos fiscales estructurales. En otras palabras, que la política aplicada por España no está cumpliendo los criterios de prudencia exigidos desde Bruselas.
Y los socios de España alcanzaron esa conclusión sobre la base de que el coste de las medidas puestas en marcha para amortiguar el impacto de la escalada de los precios de la energía iba a ser del 0,4 puntos de PIB, cuando tras el último paquete de medidas del Gobierno esa factura se ha elevado ya a más del doble, un punto de PIB.
A Europa le preocupa la situación fiscal de España porque entiende que sus elevados niveles de deuda pública son una amenaza para la estabilidad de la UE –tienen «relevancia transfronteriza», según la comunicación– y porque pese a la senda de reducción del déficit y la deuda para los próximos tres o cuatro años que dibuja el Gobierno en la documentación oficial que traslada a la Comisión, se entiende que el problema para las cuentas españolas no está en el corto plazo sino que vendrá a medio y largo plazo.
Al Gobierno le va a tocar ponerse manos a la obra en los próximos presupuestos. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, reveló hace unos días que el cumplimiento de la regla de gasto fijada por Bruselas para 2023 va a exigir una reducción extra del déficit de seis décimas respecto a lo previsto y que podría obligar a situar este por debajo del 3% ya el año que viene, cuando la previsión del Gobierno era hacerlo en 2025. Hablamos de un ajuste de entre 7.500 y 15.000 millones.