Europa exige al Gobierno que mantenga el gasto en pensiones en el 12% del PIB

Las autoridades comunitarias esperan ahora que Escrivá presente medidas que compensen todo ese incremento del gasto comprometido. De entrada, Bruselas ha reclamado a España que no supere el 12% del PIB, teniendo en cuenta que los cambios previstos, entre los que ocupa un lugar destacado el compromiso de revalorización, llevará ese porcentaje al entorno del 15,5% en el 2050, cuando la numerosa generación del 'baby boom' se habrá incorporado a la jubilación. Para entonces los pilares del sistema deben ser muy sólidos, teniendo en cuenta que los nuevos jubilados acceden con largas carreras de cotización y con sueldos elevados, lo que les dará derecho a pensiones altas.

El Ejecutivo ha hecho de la subida de las cotizaciones una bandera en 2022 y seguirá por este camino para ajustar los 3,5 puntos que le exige Europa. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que desde el 1 de enero aumenta un 0,6% las cotizaciones, se mantendrá hasta 2050 y el ministro abordará un destope progresivo de las bases máximas de cotización, dos medidas con las que espera corregir gran parte del desfase, la primera con un punto adicional y la segunda con 0,5%. Cuenta también con los ingresos extras que le proporcionará la nueva cotización de los autónomos por ingresos reales, que estima en un 0,6% del PIB.

Los cálculos que maneja el equipo de la Seguridad Social deben convencer, porque de ello depende que se mantenga el flujo de fondos europeos. Y, de momento, lo aprobado y lo que está por venir está lejos de allanar la senda de equilibrio presupuestario del sistema. Las proyecciones de los servicios de estudios sobre los puntos de la reforma que entraron en vigor con la primera fase de la reforma y las estimaciones realizadas tras conocerse los planes de Escrivá sobre la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones y el destope de las bases máximas de cotización dejan en el aire la consecución de un equilibrio real.

De hecho, el Gobierno tan solo prevé que se reduzca el gasto en prestaciones con la reforma de las jubilaciones anticipadas y el endurecimiento de los supuestos más extremos en los que el jubilado anticipa el máximo, 24 meses la salida del mercado laboral. En este caso el Ejecutivo estima que el ahorro podría llegar al 1,6% del PIB en 2050, unos 19.000 millones, los técnicos de Bruselas prevén que en el mejor de los casos ese ahorro se situaría en los 12.000 millones, un punto del PIB. Pero incluso esta estimación la valora con cautela: «La consecución de ahorros hasta el límite inferior está sujeta a una incertidumbre muy elevada», señalaba el análisis de hitos cumplidos hasta el verano, en el que se realizaba una somera evaluación de la primera parte de la reforma.

Desde Europa se mira con lupa al Gobierno con esta reforma. El pasado septiembre los 'hombres de negro' visitaron España ante la poca concreción de las medidas que faltan por aprobar y la dificultad de evaluar el impacto fiscal y presupuestario del componente 30. Entonces, los técnicos avisaron de que los cambios planteados no aseguraban la sostenibilidad del sistema y comunicaron que el análisis del hito en su conjunto se realizará en la próxima primavera, cuando el Gobierno ya haya concretado la segunda pata de los cambios que tenían que haber visto la luz en el Congreso antes del 31 de diciembre y que se podría demorar algunas semanas más por la dificultades para cerrar los cambios con acuerdo. Los empresarios le han dado la espalda al ministro por el hachazo en las cotizaciones y los sindicatos y Unidas Podemos le han avisado de que no aceptarán ni un recorte del gasto, y eso atañe al pretendido aumento de la base de cálculo hasta 30 años.

De momento, según cálculos de los expertos, la indexación de las subidas de pensiones al IPC aumentará el gasto año a año sin medidas que compensen este mayor desembolso, salvo una mayor recaudación. En este caso, tanto Bruselas como el Gobierno coinciden: la senda de revalorización podría agregar tres puntos porcentuales del PIB al gasto en pensiones para 2050. Es decir, unos 36.000 millones más cada año respecto a los 190.000 millones previstos para 2023. Es, por tanto, esta medida la que impulsaría la partida presupuestaria hasta el 15% del PIB en menos de tres décadas, precisamente lo que Bruselas no quiere que ocurra.

La incertidumbre con esta reforma es creciente, sobre todo porque el diseño inicial del MEI no convence. No es solo que haya sido cuestionada por su dudosa efectividad a ojos de la Comisión Europea, por su pretensión de recaudar 22.000 millones durante los diez años de aplicación que irían a reflotar la 'hucha' de las pensiones, sino que, además, el Gobierno ya ha sido conminado a modificarlo para que suponga un verdadero factor de control automático del gasto, como lo era el anterior Factor de Sostenibilidad. Fruto de las críticas de Europa, Escrivá plantea ahora que en vez de 10 sean 30 los años de aplicación, con una recaudación prevista de 70.000 millones en 2050.

El nuevo mecanismo también ha recibido críticas del mundo académico. «El MEI no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, al menos durante la próxima década. Más bien al contrario, traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del 'baby boom', más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes que continúan trabajando, aumentando así la inequidad del sistema», denunciaron el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la universidad de Valencia, Enrique Devesa , y Rafael Doménech , responsable de Análisis Económico de BBVA, en un artículo cuando fue presentado el mecanismo. Ambos participaron en el diseño del Factor de Sostenibilidad derogado.