El euro digital comienza a tomar forma entre luces y sombras

Ese calendario más exigente no equivale todavía a tener fechas cerradas para la puesta en marcha. Alfredo Muñoz García, profesor del máster en blockchain e inversión en activos digitales del IEB, recuerda que el Eurogrupo «se ha limitado a establecer un procedimiento para fijar la cantidad máxima de euros digitales que podría tener cada ciudadano, sin concretar cifras». Subraya, además, que la decisión final dependerá de la Eurocámara y del Consilium, y que los plazos que maneja el BCE sitúan cualquier lanzamiento, como pronto, hacia 2029.

En el sector de los pagos, la lectura es diferente. Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard España, ve el euro digital «como parte de una transformación más amplia en la que también encajan las monedas estables y otras divisas digitales de banco central». Explica que puede aportar más eficiencia y seguridad a las transacciones, y recuerda que la compañía lleva años invirtiendo en programas e infraestructuras que allanen ese camino. La nueva regulación, añade, ofrece la certeza necesaria para impulsar la innovación bajo reglas claras de cumplimiento y seguridad.

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Desde el ámbito cripto, la presión del Eurogrupo se interpreta como una señal de urgencia. Joao Augusto Teixeira, chief compliance officer de Bit2Me, considera que Europa «no puede permitirse quedar rezagada frente a potencias que avanzan rápido en sus divisas digitales». Señala que este tipo de decisiones genera inevitablemente tensiones políticas, al incidir en soberanía monetaria, en el papel de la banca y en la privacidad ciudadana. Anticipa un debate intenso en la Eurocámara, aunque admite que existe una conciencia compartida de que los retrasos no son una opción.

Teixeira matiza, sin embargo, que «el impulso político no basta por sí solo». Aunque el acuerdo podría cerrarse en 2025, calcula que la parte tecnológica y la adaptación de la infraestructura financiera exigirán bastante más tiempo. Apunta que antes de 2028 podrían desplegarse los primeros proyectos piloto a gran escala, mientras que un uso cotidiano no llegaría hasta 2030 o más. La condición, sostiene, es que el euro digital se diseñe como complemento al sistema bancario y al ecosistema de pagos ya existente.

Tras esas proyecciones técnicas, la visión académica pone el acento en la arquitectura institucional. Alfredo Arahuetes, profesor de economía política en la Universidad Alfonso X el Sabio, explica que el acuerdo del Eurogrupo supone «un consenso en torno a aspectos esenciales del proyecto, como la emisión, la gobernanza y la usabilidad». Ese marco, añade, permitirá al BCE «avanzar con mayor seguridad en la fase operativa desde 2026 y contribuirá a blindar con tiempo suficiente la estabilidad regulatoria de la futura moneda digital».

Arahuetes añade que la presión sobre la Eurocámara no solo pretende acelerar plazos, sino también reducir la dependencia de Europa de infraestructuras externas como el yuan digital o la red china CIPS. Advierte, no obstante, de que esa estrategia puede generar resistencias en torno a la privacidad, la competencia financiera o la desintermediación bancaria. El reto, concluye, será equilibrar la urgencia de avanzar con la necesidad de diseñar un euro digital robusto y sostenible que refuerce la soberanía monetaria europea.

Esa tensión entre ambición política y viabilidad práctica lleva a voces del sector como Jorge Soriano, CEO de Criptan, a pedir cautela. Considera que el euro digital puede tener sentido como bien público que corrija fallos en los pagos, aunque no resolverá por sí solo los grandes desafíos del sistema. Advierte también de «límites en privacidad, de obstáculos técnicos todavía pendientes y de una gobernanza compleja que, si no se articula bien, puede restar atractivo frente a soluciones ya asentadas como tarjetas, transferencias instantáneas o 'wallets' móviles».

El debate no se limita a cuestiones de diseño técnico o de privacidad, sino que conecta también con la posición de Europa en el tablero monetario global. Mikel Ayala, director general de Backpack en Europa, advierte que la clave «no está en la operativa cotidiana, sino en la soberanía financiera». Recuerda que las 'stablecoins' ligadas al dólar ya funcionan como un instrumento de política económica para Estados Unidos, al facilitar la compra de deuda del Tesoro sin fricciones. Si la UE no construye una alternativa sólida, el riesgo es que los capitales migren directamente al dólar digital, consolidando aún más la primacía estadounidense.

Esa discusión sobre el papel internacional del euro digital no eclipsa una cuestión más inmediata, que es cómo lograr su adopción real por parte de ciudadanos y empresas. En ese terreno, Jorge Sánchez, responsable de Pagos en Accenture, identifica como primer desafío «que la nueva divisa iguale o supere la conveniencia del efectivo, las tarjetas o servicios como Bizum, garantizando facilidad de uso, aceptación universal y privacidad comparable al dinero físico».

En este sentido, «el gran desafío no es solo tecnológico, sino especialmente de confianza: los ciudadanos deben percibir que el euro digital es seguro, útil y que protege su privacidad, y romper la barrera que produce pensar que estaremos más «fiscalizados»», apunta José Ignacio Nuñez García, socio responsable de pagos globales de NTT DATA. A ello se suma la necesidad «de encajarlo con los medios de pago existentes —efectivo, tarjetas, Bizum— sin generar duplicidades, así como definir un marco legal común en toda la eurozona. Y, por supuesto, garantizar que la infraestructura sea cibersegura e inclusiva, accesible también para los colectivos menos digitalizados».

Sánchez añade que el proyecto necesita «también un modelo de negocio viable para bancos y proveedores de servicios de pago, con incentivos claros y reglas de interoperabilidad que reduzcan los costes de integración». De lograrse, la nueva divisa podría recortar márgenes de las tarjetas y presionar a las 'big tech', al tiempo que ofrecería a los comercios pagos instantáneos y más baratos. Para la banca, el riesgo es llegar tarde y perder relevancia en la relación con el cliente.

En esa misma línea, Muñoz, del IEB, advierte de que «el impacto será desigual según el papel de cada actor». Coincide en que tarjetas y 'big tech' verán reducido su negocio, mientras que los bancos y PSPs que se adelanten en la adopción podrán captar nuevos flujos y estrechar vínculos con clientes y comercios. Precisa, además, que si la banca se retrasa «no solo perderá cuota de mercado, sino que abrirá espacio a nuevos competidores y a una fragmentación del ecosistema financiero europeo».

Más allá del impacto en bancos y comercios, queda por resolver cómo encajará el euro digital en un ecosistema donde ya operan 'stablecoins' privadas y criptomonedas descentralizadas. Alfonso González Guerrero, experto en blockchain y cripto de Afi, sostiene que la convivencia será inevitable, aunque no exenta de fricciones. El euro digital nacerá como dinero público respaldado por el BCE, mientras que las 'stablecoins' buscan eficiencia en pagos y las criptomonedas funcionan sobre todo como inversión o vehículo en entornos DeFi.

González Guerrero subraya que el euro digital no pretende competir con el universo DeFi, pero sí puede entrar en colisión con 'stablecoins' privadas usadas en pagos o ahorro digital. Frente a esas opciones, ofrecerá la seguridad de un activo emitido por el BCE. Más que restar atractivo al sector cripto, apunta, podría impulsar la adopción de 'wallets', identidades digitales y servicios regulados, ampliando la base de usuarios de manera controlada y facilitando la interacción con infraestructuras basadas en DLT.

El euro digital «no será simplemente un nuevo monedero virtual, sino que puede redefinir el equilibrio del sistema financiero europeo. La verdadera incógnita no es si llegará, sino cómo convivirá con lo que ya usamos a diario», apunta José Ignacio Nuñez García, de NTT Data. Mientras tanto avanza entre presiones políticas, exigencias técnicas y expectativas cruzadas con el objetivo de convertirse en un instrumento estratégico para reforzar la autonomía europea en un contexto dominado por el dólar y la innovación privada. El reto está en equilibrar privacidad, seguridad y costes con una propuesta clara de valor frente a tarjetas, transferencias o 'stablecoins'. Solo si ofrece beneficios tangibles para bancos, comercios y ciudadanos logrará superar la etiqueta de proyecto impuesto.