Las estrategias para dar pasos de gigante en la carrera contra el reloj de la descarbonización

La primera mesa, 'El futuro de las energías renovables', contó con la participación de David Aguilera, director de Gas Extremadura y director de Eficiencia Energética de CL Grupo Industrial; Miguel Mayrata, director de Redexis Renovables, y David Serrano, director de Imdea Energía y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Como destacó Aguilera, la gestión del consumo energético es todo un desafío para su grupo, que suma «28 industrias en sectores como acero, químico, papel, 'packaging', joyería, bisutería, con más de 3.000 empleados». Desafío para un desempeño electrointensivo y gasintensivo que se ve acrecentado por la necesidad de apoyo institucional para no mermar la competitividad empresarial.

«Tenemos que ser conscientes (añadió Aguilera) de que este sistema energético no se centre en el mero hecho de generar electricidad, sino en generar la mejor posible, en las mejores condiciones en cada momento: quién usa esta energía, para qué y cómo, cuáles son sus perfiles de consumo… algo que aún no se ha hecho». Un objetivo muy estratégico, en un complejo entorno normativo: «Tenemos en España 1,27 millones de páginas de BOE, 3.500 páginas diarias, 683 normas de ámbito nacional, 291 de ámbito, 1.100 reglamentos europeos (con sus 21 directivas)…».

Mayrata señaló, por su parte, la importancia de trasmitir a la sociedad «que descarbonizar la electricidad supone descarbonizar sólo el 23% de la energía final. Hay que introducir elementos de almacenamiento de energía, hay que gestionar la red, hay que dimensionar las redes de distribución y transporte de electricidad para que puedan absorber toda la electricidad verde, etc.».

El representante de Redexis Renovables también incidió en la importancia de no desacoplar los consumos, así como de la necesaria innovación en almacenamiento, en baterías y de aprovechar la oportunidad de desarrollar tecnologías como las propias del tratamiento del biometano («España tiene el tercer potencial europeo, pero estamos a la cola en desarrollo de plantas de producción y de inyección». Medidas, en todo caso, urgentes, como destacó Serrano, en un medioambiente muy perjudicado: «Hace 50 años, la concentración era 320 ppm (parte por millón) de CO2… ayer era de 427. Por ello, la buena gestión es fundamental, porque nos permitiría no depender de los efectos de los conflictos internacionales, eso nos daría una estabilidad enorme. Y más aún cuando se pueden reinvertir los millones de euros que se ahorrarían». Una asignatura compleja para, al menos aprobar, cuando «el objetivo a 2030 es pasar o alcanzar un porcentaje de energía renovable en el conjunto de energía final entre el 42,5 y el 45%. Y España ahora mismo está en un 20%». Serrano también comentó la necesidad de un mayor apoyo a la investigación, en la que es cada vez más complejo reclutar talento y, sobre todo, experiencia (y paciencia para esperar resultados). En todo caso y en todo momento, Serrano recordó que «la transición energética será global o no lo será».

La segunda mesa, 'Retos y soluciones para el despliegue de infraestructura de recarga en edificios residenciales, oficinas y centros comerciales', contó con Adrien Castagnié, director general de ChargeGuru España; Pedro González Cabezas, director de Instalaciones de Grupo Lar; Pablo de Regoyos, responsable de Smart Mobility Empresas de Iberdrola y Yolanda Riber, Directora de Excelencia de Empresas por la Movilidad Sostenible. Contexto sobre el que Castagnié aportó la experiencia de una compañía implantada en España desde 2020, con soluciones de recarga para particulares y empresas.

En este caso, España figura en el 'debe mejorar', como apuntó Castagnié: «Se venden unas 4.000 unidades de coches 100% eléctricos al mes, mientras que Francia cuenta con un 20% del parque móvil, más de 20.000». Camino a recorrer en un contexto complejo, tanto que el presidente de Anfac acaba de dimitir por «la inacción del gobierno». Castagnié habló sobre factores como «la inestabilidad en el marco de subvenciones, como en el caso del Plan Moves, que aún no sabemos cuándo ni cómo se renovará, lo que puede influir en que se bloquee parcialmente el mercado. Y como, en el terreno administrativo, la necesidad de agilizar trámites (se tarda mucho más en España que en otros países)».

Las opciones como las de la compañía francesa permiten favorecer la instalación de puntos de recarga de uso individual, sin necesidad de votación en las (complejas) juntas de vecinos, sólo de aprobación… pero la realidad es tozuda, como apuntó González Cabezas: «El año pasado finalizó con un porcentaje de poco más que un 1,2% del parque móvil: de ahora a 2030 tendríamos que matricular cuatro millones y medio de vehículos, lo cual parece complicado». Un contexto en el que coincidió en señalar la importancia de «contar con las infraestructuras necesarias, así como con suficientes redes de distribución eléctrica (y sus licencias, permisos...)».

González Cabezas añadió otro dato a tener en cuenta como composición de lugar: «De nuestras 1.000 viviendas en alquiler, tenemos tres puestos instalados, más dos solicitudes… hay mucho camino por recorrer». Una aspiración sobre la que Riber destacó cómo: «Si se dieran los incentivos adecuados, España podría convertirse en el hub europeo de la movilidad eléctrica, creando más de 250.000 empleos directos e indirectos en los próximos años. Tenemos una gran fuerza industrial, fabricando vehículos, infraestructuras de recarga y soluciones de almacenamiento energético, lo que nos hace únicos en Europa».

Riber también señaló la relevancia de la interoperabilidad de las infraestructuras de recarga («permitiendo, por ejemplo, que los usuarios paguen con tarjeta de crédito sin necesidad de descargar aplicaciones y conociendo siempre el precio que van a pagar»), además del razonable imperativo de acelerar los trámites administrativos y de la importancia de la aprobación de la nueva Directiva Europea sobre Eficiencia Energética de Edificios, un nuevo corpus normativo a añadir al desempeño sostenible.

De Regoyos, que subrayó la trayectoria de Iberdrola «como líder mundial en renovables», indicó que «el ratio de cargadores públicos por vehículo en España es de los mejores de Europa. De hecho, tenemos cargadores sin usar. Iberdrola es líder de recarga con más de 7.000 puntos públicos activos y otros tantos en distintas fases de instalación y tramitación».

De Regoyos también comentó cómo la actual legislación española obliga a tener un punto de recarga por cada 40 plazas en aparcamientos no residenciales «…no se está cumpliendo, pero es que Europa ha lanzado una normativa que todos los países vamos a tener que cumplir en un máximo de dos años, que obliga a instalar un punto de recarga por cada 10 vehículos en aparcamientos de más de 25 plazas». Otro desafío a añadir a la amplia nómina de 'wishful thinking' de un planeta más sostenible, sobre el que expresó su convencimiento de que asistiremos a un incremento de 'matriculaciones sostenibles' en los próximos años. Con permiso, eso sí «de la 'permisología': «En España se tarda en instalar un cargador rápido 32 meses, una barbaridad. La regulación tiene, sin duda, que ayudar a que esto mejore regulatoriamente (con todo, hemos abierto el doble de cargadores que el año anterior)».

La tercera mesa, 'El mercado de las renovables: situación actual, desafíos y retos', convocó a Gabriel Aguiló, director de Gestión de Energía y Productores de Axpo Iberia; Daniel Fernández, director de Regulación, Comunicación y RRII de Engie y a Ana Gámez, directora adjunta de Gestión de Activos en EMEA en Recurrent Energy y Vocal Asesora en APPA Renovables. Un encuentro muy enfocado al consumidor que, como se destacó durante la jornada, está cada vez más necesitado de más y mejor información.

Aguiló comenzó su participación con un mensaje positivo: «Nuestro sistema eléctrico español es envidiado en medio mundo y en el caso de gestión de plantas, hay países de nuestro entorno que cumplen requerimientos que nosotros cumplíamos hace ya 15 años. Gracias a la gestión y a la responsabilidad de los productores de energía que se han tomado en serio el negocio».

También subrayó la importancia de aspectos como «la hibridación de tecnologías con el almacenamiento y la adecuación de la demanda (estamos en picos equivalentes a 2002)», así como dedicar esfuerzos y medios al autoconsumo y a las 'comunidades energéticas', a los servicios de ajuste. «Por ello es tan importante el apoyo a la flexibilidad y a las señales de precio».

Fernández destacó cómo «el grupo Engie, presente en 30 países, ha invertido más de cinco millones de euros en renovables en España y en Portugal». Una actividad ante la que demandó mayor apoyo institucional: «La retribución a las distribuidoras se encuentra en el entorno del 5% (el coste del dinero a día de hoy), con lo cual las distribuidoras tienen limitadas sus capacidades de inversión, lo que hay que mejorar… ni la transición ni los promotores esperan. A lo que hay que añadir que tenemos una normativa de expansión de redes de los años 90: no se puede hacer la revolución industrial del siglo XXI con normativa de hace 30 años».

Añadió cómo «de cada 100 euros que pagamos de luz, 27 son impuestos (de un total de 60 que tienen que ver con decisiones de política energética, y eso hay que explicarlo). Y de los costes de unos 20.000 millones de euros que hay que pagar todos los años cerca de 8.000 son primas a las renovables». Servicios de ajuste en mercados de tiempo real, «por lo que la prioridad debería de ser cambiar la regulación de los servicios de ajuste y desarrollar 'mercados de capacidad' para dar cobertura todas las horas del año sin sustos».

«Sin duda (destacó Gámez) es todo un reto adaptarse a todo lo que requiere la descarbonización. El mercado es el que es y hay que adaptarse, pero tiene que haber para todos, y estamos en la vía de conseguirlo, en el caso de las renovables con 80 gigavatios de los 130 de capacidad actual del sistema». Otro aspecto que señaló es que «el 80% de las limitaciones en tiempo real no es por incapacidad de la red, sino por una falta de demanda en ese punto en concreto».

Gámez coincidió en la importancia de transmitir información al consumidor: «La verdad es que es difícil, incluso para los que estamos trabajamos en el sector, entender al 100% la factura de consumo. Tenemos que trabajar en dar mayor visibilidad en todos los aspectos que repercuten en lo que es la factura final».

El último de los encuentros, 'La gestión de las energías sostenibles en España', reunió a Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia; María Cruz Ferreira, secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática del Gobierno de la Región de Murcia, y a Víctor del Moral, secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica de la Junta de Extremadura.

Fernández Vila puso de relieve cómo en Galicia ya se ha cumplido, en algunos casos, el ciclo de vida útil de los parques eólicos, como testimonio del recorrido en este sentido que, en la actualidad, cuenta con un 75,3% de generación a partir de origen renovable. «Para mejorar estos registros (remarcó) hay que autorizar los proyectos en tiempo y forma, tanto en la obtención de la declaración de impacto ambiental positivo, la autorización administrativa previa, la de construcción, etc.». Por nuestra parte, hemos adelantado plazos, sobre todo en proyectos eólicos (los de enero de 2023 los autorizamos en abril del 2023, en lo relativo a la responsabilidad autonómica, de menos de 50 mW). Pero el estado no ha autorizado aún los de esa fecha».

Como ratificarían sus compañeros de debate, «los fondos europeos suponen una oportunidad importante con diversos errores en su distribución. Mientras, por nuestra parte, preparamos un proyecto de ley de promoción de los proyectos que se desarrollen con una clara repercusión en las zonas en las que se pretende implantar». Trabajo a desarrollar en los que no entiende por qué «no se convoca una Conferencia Sectorial de Energía, por qué se demoran tanto las reuniones con el ministerio, etc.». Reivindicaciones en las que coincidió Ferreira, que señaló la importancia de «contar con procesos administrativos del siglo XXI y con la colaboración de organismos independientes que antes ayudaban en el proceso de tramitación». Y reclamó la necesidad de trasponer la directiva europea de las comunidades energéticas locales, establecer y mantener la seguridad jurídica, responder en tiempo y forma a las alegaciones de cada proceso, etc.

Varias asignaturas pendientes a las que Ferreira añadió «el progreso con la Ley de Minería, la IA aplicada al consumo energético, las subastas pendientes, la descarbonización del parque inmobiliario, etc. A lo que se añade que, de los fondos europeos, nos llegue un 0,34% para la principal potencia de exportación hortofrutícola». Aspectos a los que Del Moral sumó, por ejemplo, la necesidad de determinar qué va a suceder con el 'apagón nuclear' («sólo Almaraz aporta el 8% de la energía consumida en España, no entiendo la obcecación del gobierno por el cierre en 2027-28»).

Del Moral también reclamó la necesidad de convocar nuevos concursos de capacidad (después de tres años de pausa), además de coincidir en el 'problema normativo': «Tenemos que ser muy escrupulosos para evitar problemas legales, incluso penales. Por ello, no podemos trabajar con el 'No sabe/No contesta' por parte de la administración central, hay que desbloquear esa situación. Es algo que afecta a decisiones empresariales de muchos millones de euros y, en todo caso, a la sociedad».