El Estatuto del Becario obligará a las empresas a pagar todos los gastos de estudiantes en prácticas

La norma indica que las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas también deberán compensar los gastos de los alumnos o se arriesgan a una sanción que puede llegar a los 225.000 euros. Además, limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

La Fundación Universidad-Empresa lamenta que el debate sobre el futuro de las prácticas académicas se haya «desviado hacia cuestiones como la compensación económica o la limitación de horas» cuando, a su juicio, «lo esencial debería ser garantizar prácticas de calidad». «Formar no es emplear. Las prácticas no se miden por su remuneración ni por su duración, sino por lo que aportan en términos de aprendizaje, tutorización y desarrollo competencial», ha señalado la directora general de la Fundación Universidad-Empresa y coordinadora del Libro Blanco de las Prácticas, Carmen Palomino.

Entre los periodos de formación práctica en la empresa contemplados en el Estatuto del Becario, destaca que finalmente se han incluido en el acuerdo las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios oficiales de grado máster universitario o, en su caso, doctorado.

No obstante, las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios no deberán superar el 15% de las horas en que se concreten los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Crédito) de la titulación ni 480 horas.

También se han incluido las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las Universidades, cuando la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación. Sin embargo, los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos ECTS tendrán la posibilidad de establecer prácticas por un periodo de tres meses.

La norma también recoge las obligaciones que tendrán las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, como cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por su centro formativo; conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas, siguiendo las indicaciones de la persona tutora asignada por la empresa bajo la supervisión de la persona tutora académica; o mantener contacto con la persona tutora académica durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir durante esta, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento que le sean requeridos.

Por su parte, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, ha indicado que «carece de sentido» que una norma cuyo objeto es regular las prácticas académicas de las enseñanzas universitarias y de formación profesional no haya sido promovida por los ministerios más concernidos (Universidades y Educación y Formación Profesional) dejando al margen de la negociación a las universidades y todo el ámbito educativo. «Una actividad académica que tiene finalidad formativa no puede ser tratada desde una óptica puramente laboral por el mero hecho de que se desarrolle en régimen de cooperación educativa en centros de trabajo», ha apuntado.

Abril ha afirmado que se encuentra «muy preocupado» por las consecuencias que puede acarrear la actual propuesta normativa para las prácticas externas que realizan los estudiantes, en las que desarrollan habilidades y competencias fundamentales para su formación. «La sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión» por las universidades y las hará «poco atractivas» para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector que se vienen comprometiendo en programas de cooperación educativa.