El Estado, el gran contratador: la oferta de vacantes se dispara casi un 200%

Los datos hablan por sí solos. Con el PSOE y Podemos al mando del Ejecutivo se han ofertado 183.443 ocuplazas frente a las 63.394 del Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, el triple. El último paso en esta dirección se ha dado en la cuenta atrás de las elecciones generales del 23J con una oferta de empleo histórica de casi 40.000 puestos de trabajo.

Inspectores, personal para museos, administrativos, policías, ingenieros, meteorólogos, ayudantes del bibliotecas, sanitarios, científicos, profesores... el 'maná' del empleo público llega para este año con miles de vacantes con enorme variación de profesionales y con la Seguridad Social como una de las grandes beneficiadas con el objetivo de paliar el caos en la atención al ciudadano, agudizado durante el mandato de José Luis Escrivá.

Y todo ello en un momento en el que la Administración sigue atrapada en la temporalidad. El recurso a contratar interinos ha sido una práctica habitual en la Administración en los últimos años, que ha llevado la tasa de temporalidad a cotas desconocidas. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan esa tasa en el 31,3%, más de un punto por encima del registrado a cierre del pasado ejercicio, cuatro veces más elevado que el objetivo marcado en 2018 y más del doble de la registrada en el sector privado, del 14,8%. Este último dato es desconocido en el mercado de trabajo y es fruto de la reforma laboral y el castigo a la contratación temporal.

Ha sido un objetivo conseguido, pero a medias, porque se ha generado otro problema. El contrato fijo ahora es el nuevo temporal. Según los análisis de las principales compañías de colocación de empleo la duración media del contrato estable en sus diferentes versiones se ha desplomado a mínimos de los últimos tres lustros, indicativo de un incremento de los niveles de rotación en el empleo fijo parecidos a los volúmenes de fluctuación de contratos de las figuras temporales en los años posteriores a la reforma laboral de 2012.

La aprobación de la oferta de empleo público en plena campaña electoral es el cierre de una legislatura en la que los altos funcionarios del Estado se han rebelado contra el Gobierno por entender que ha degradado la Administración. La cruzada en la que se embarcó el Ministerio de Hacienda para resolver las carencias de personal de las plantillas públicas y hacer más accesibles las oposiciones a los cuerpos de élite de la Administración fue el detonante de una ola de descontento sin precedentes entre el personal.

Tras encajar una oleada de recursos contra los procesos de consolidación de interinos que a lo largo de los meses se fueron sacando y varias concentraciones y una huelga histórica de los inspectores de Hacienda, el gabinete de María Jesús Montero tuvo que enfrentarse también a una protesta sin precedentes de los interventores y auditores del Estado -el cuerpo de élite de la Administración que se encarga de fiscalizar la adecuada utilización de los recursos públicos- contra la última convocatoria de acceso al cuerpo publicada por Hacienda, que por primera vez abría la puerta a que aspirantes que no hubieran aprobado la oposición pudieran desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria.

A este proceder se sumó también el ministro José Luis Escrivá tras el polvorín que se originó con los sindicatos por la deficiente atención al ciudadano en las oficinas. Su intención inicial fue contratar a los 2.500 empleados públicos iniciales como interinos a la espera de que se convocaran las oposiciones. El gestor de las pensiones tuvo que dar marcha atrás tras la amenaza de huelga de los funcionarios de la Seguridad Social. Finalmente, esta semana se convocaban para el sistema 3.500 plazas.

El uso abusivo de la figura de los interinos desencadenó la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligó al Gobierno a disponer un masivo proceso de estabilización de plazas para adaptar su plantilla fija a las necesidades reales de personal de la Administración. Pese al fallo del tribunal europeo la Administración cuenta hoy con más de 3,5 millones de trabajadores públicos, una cifra desconocida.