El Estado dispara un 45% los fondos para tapar el agujero de las pensiones
Inyecta a la Seguridad Social casi 12.000 millones hasta abril, a pesar del alza imparable de las cotizaciones
La extra de verano, próximo capítulo de tensión en el gasto con el que se elevará aún más la deuda del sistema
El Gobierno obliga a volver a examinar las pensiones a la Airef cuando tenga otro presidente

La dinámica de endeudarse en la que se ha visto envuelto el Gobierno para garantizar el abono de las pensiones se ha convertido en una espiral por la que el Estado necesita transferir cada mes más dinero a la Seguridad Social para ... cuadrar las cuentas del sistema, a pesar de que todos los índices marcan récord de ingresos. Ni siquiera en un contexto con casi 22 millones de afiliados se pueden afrontar todos los gastos, lo que ha obligado al Tesoro a inyectar 11.782 millones de euros al organismo que gestiona todas las prestaciones (jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad temporal, entre otras muchas contingencias) en apenas cuatro meses, de enero a abril, según el último informe de recaudación del organismo. Esta cuantía supone elevar un 44,99% los fondos que el Ejecutivo autorizó en el primer cuatrimestre del año pasado. Si se suman otros pagos similares, el importe roza los 13.500 millones.
La de las transferencias de dinero para mantener en equilibrio a la Seguridad Social es una práctica que ha ido engordando a lo largo de los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia de 2020. Cinco años después de aquel 'shock' económico, las necesidades del sistema son cada vez mayores. Por comparar datos similares, los fondos extraordinarios que pasan de la caja del Estado a la de la Seguridad Social se han duplicado entre los meses de enero a abril en cinco años.
Esta realidad financiera contrasta con la de los datos macroeconómicos y de empleo que publica cada mes el Gobierno: hasta finales de mayo se cuantificaban 21,8 millones de afiliados, lo que supone 2,3 millones más que hace seis años. Incluso la ministra de Inclusión, Elma Saiz, anticipa que a finales de 2027 se alcanzarán los 23 millones de cotizantes. Pero ni ante esta realidad las cuentas se aproximan a lo que puede ser cierta forma de cuadrar en un contexto con cada vez más pensionistas, los del 'baby boom'.
Los ingresos de la Seguridad Social siguen mostrando una fortaleza nunca vista hasta ahora, aunque con muchos matices. Porque una parte se debe a las cotizaciones, pero también a las subidas de cuotas aprobadas por el Ejecutivo en los últimos años. La cuantía ordinaria ha alcanzado hasta abril los 56.500 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. Y las cifras derivadas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una suerte de cuota extra que se aplica desde hace dos años a todos los trabajadores, ya aporta otros 1.500 millones en apenas en un cuatrimestre, un 34% más interanual.
El coste de la paga de junio
Pero los compromisos de gasto que tiene la Seguridad Social no dan para ser cubiertos sin las ayudas extraordinarias del Estado. Y menos aún con el pago vinculado al de este mes de junio, cuando se abona la paga de verano de las pensiones. Se trata de otro momento de tensión de tesorería para el sistema, ya que los ingresos por cotizaciones están programados en 12 meses mientras que las extra suponen 14 pagas.
Esta situación provocó en algunos años que el Consejo de Ministros autorizara un crédito extraordinario antes del verano para hacer frente a este abono. La tónica habitual es que se ejecute en el segundo semestre del año. El año pasado se autorizó a finales de octubre y previsiblemente en este ejercicio se realizará en ese mismo contexto. Se trata de un préstamo incluido en los Presupuestos del Estado, que están prorrogados en dos ocasiones desde 2023, y la decisión se ejecuta en función de los flujos de caja. Es decir, de las necesidades de dinero que tiene la Seguridad Social en cada momento. En cualquier caso, se descarta para esta paga extra que están a punto de cobrar los pensionistas.
El auxilio de los impuestos se volvió clave para poder pagar la extra de Navidad. Días antes de abonar la factura en pensiones, la Tesorería General de la Seguridad Social solicitó un préstamo al Estado de 10.003 millones para afrontar los pagos en noviembre, mes en el que la factura de la nómina ordinaria y de la extraordinaria han escalado hasta los 25.565 millones, 1.500 millones más que un año antes. El Ejecutivo concede estos préstamos porque así se «proporciona una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social»
El reto para la Seguridad Social es de dimensiones cada vez mayores. La nómina de las pensiones que abona cada mes supera ya los 13.500 millones de euros en cada pago. El crecimiento de este compromiso se explica por la incorporación de pensionistas que nacieron en torno a los años 60 del siglo pasado. Son, por lo general, trabajadores que han tenido largas carreras de cotización, además de estables y cada vez con mayores sueldos, lo que deriva en pensiones de jubilación con cuantías medias de unos 1.600 euros para el conjunto de quienes se retiran. Pero incluso más de 1.800 euros para quienes han cotizado en el régimen general, que son la mayoría de los afiliados.
Cuadrar de nuevo las cuentas
La de las transferencias extraordinarias del Estado a la Seguridad Social ha sido uno de los puntos de fricción entre el Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la hora de evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El organismo presidido por Cristina Herrero consideraba que su examen tiene tantas «limitaciones y debilidades» –en referencia a la posibilidad de incluir los pagos del Estado como un ingreso más–, que no puede considerarse un buen termómetro para evaluar la situación de las pensiones.
Y la cuestión más espinosa son las transferencias extraordinarias de dinero que hace el Estado a la Seguridad Social para que no colapse el sistema. Solo el año pasado estos ingresos superaron los 54.000 millones de euros. Estas cuantías no resultan baladí para las arcas públicas, porque aunque suponen un traspaso de fondos de unas administraciones públicas a otras, suponen finalmente un incremento de la deuda que sigue creciendo en las manos de la Seguridad Social: 126.000 millones de euros, según el último dato aportado por el Banco de España. Esto es, casi un 8% del endeudamiento total que tiene España.
El problema de la deuda del sistema es una de las advertencias que van lanzando los organismos al analizar la radiografía del sistema. En su último informe de esta misma semana, el Instituto Santalucía indicaba que de todos los riesgos, el vinculado a las transferencias es el que más puede condicionar la vigilancia que la Comisión realiza sobre España. Y de esa opinión depende seguir recibiendo los fondos para la recuperación. Ese estudio apunta que «parece muy extraño e incoherente que la Comisión considere cumplido el hito de alcanzar la sostenibilidad financiera» tras conocer este déficit «persistente y abultado» que va creciendo sin descanso.
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