El Estado ya debe 1.860 millones en sueldos a los funcionarios

La organización sindical estima que por cada mes que transcurre de este año sin que se actualicen los sueldos, cada trabajador público se está dejando de cobrar una media de 62 euros. Esa cuantía se reparte entre los más de tres millones de funcionarios cuyas nóminas no han tenido ningún incremento. Es más, en CSIF insisten en la discriminación que sufre este colectivo históricamente con algunos datos: desde 2010, en el peor momento de la crisis financiera, han perdido un 16% de poder adquisitivo (la diferencia entre lo que han subido sus sueldos y lo que lo ha hecho el coste de la vida). Además, con la actual desviación del IPC y la congelación en vigor, la pérdida acumulada entre 2024 y lo que va de ejercicio supera ya el 3,2%.

A pesar de todas estos registros no hay visos de que el Ejecutivo vaya a acometer la subida de sueldos de los funcionarios a corto plazo. De hecho, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ya advertía esta misma semana que hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado es poco probable que se aclare la subida de sueldos de los empleados públicos. «Tenemos que desbloquear las cifras de los Presupuestos para luego hablar con los sindicatos», señalaba en una entrevista. López ha explicado que este alza tiene que ver con ese escenario presupuestario que se ha retrasado. El ministro ha destacado que el Gobierno ha recalcado lo «va a acordar».

La activación de las cuentas públicas para 2026 es el principal reto del Ejecutivo en este tramo final de año. Y no parece que vaya a tener un camino fácil habida cuenta de los vetos cruzados entre los socios de investidura –desde Junts hasta Podemos pasando por otros partidos minoritarios pero necesarios– y la tensión política en la que se ha adentrado la legislatura.

Para el sindicato CSIF, que López vincule la subida salarial de los funcionales a los nuevos Presupuestos es «una excusa inaceptable» porque los sueldos se pueden subir también con las cuentas prorrogadas. Con todo, CSIF ha pedido ministro que se siente a negociar con urgencia.

La cuestión salarial de los funcionarios ha deambulado en los expedientes de Función Pública a lo largo de todo el ejercicio. Primero, porque en 2024 expiraba el acuerdo marco por el que el Gobierno y CC.OO. y UGT pactaron desde 2022 para tres años, después de ver presionadas las nóminas por la galopante inflación de aquel año con motivo del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Ahora está pendiente, por tanto, un nuevo programa salarial que no se ha tratado.

Pero, además, los funcionarios han permanecido medio año pendientes de una paga extra que el Gobierno les debía para compensar el desvío de la inflación con respecto a lo que se había acordado inicialmente hace más de tres años. Aunque el ministro Óscar López aseguró en mayo que sería «en breve» cuando Hacienda autorizase su abono, no fue finalmente hasta el verano cuando lo materializó.

Entonces, cada funcionario recibió, de media, 168 euros 'extra' por esa subida pendiente del 0,5%. El pacto inicial incluía una subida del 3,5% en 2022. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPC y del PIB (Producto Interior Bruto), del 1%.

Además, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se añadía una parte variable (la del 0,5%) en función de los parámetros marcados por la tasa interanual de la inflación. Concretamente, esta subida extra que se aprobó al comenzar el verano cumplía la condición de que la suma de la variación de la inflación de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo periodo.