Las estaciones de servicio automáticas denuncian el fraude en el gasóleo ante la Agencia Tributaria

La principal medida que ha trasladado la junta de gobierno de la asociación (integrada por el presidente, Manuel Jiménez Perona, y representantes de Ballenoil, Petroprix, Gasexpress y Näfte) es la de ampliar la investigación a las gasolineras que se beneficien de este fraude promovido por los comercializadores y que se traducen en una competencia desleal en el sector.

«Aesae se ha ofrecido a colaborar con la Agencia Tributaria en todo lo que esté en su mano. Además, los representantes de la patronal han pedido no esperar al 28 de marzo, sino tomar medidas, desde hoy, para salvar un fraude que puede costarle al erario público una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros, perjudicando a todos los contribuyentes y por supuesto al sector, pues desvirtúa la libre competencia, principio que defiende Aesae desde su constitución», afirman desde la asociación.

Por su parte la Agencia Tributaria ha manifestado conocer los posibles implicados (operadores) en la venta, y la dificultad de realizar una intervención en este momento, según Aesae.

A juicio de Aesae, «si no se actúa ya contra este posible fraude, se extenderá más allá del 28 de marzo, puesto que las empresas que defraudan cambiarán su modus operandi para continuar defraudando los impuestos después de esa fecha, con los perjuicios ya apuntados».

En este sentido, productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes, entre los que están Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI, han solicitado más medidas para eliminar el fraude que afecta al sector en España. Aunque valoran la inclusión en el RDL 8/2023 de medidas para reducir el fraude en la distribución de combustibles líquidos, insisten en que hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas, que proliferan en el sector desde hace años.

Las asociaciones firmantes inciden en que es precisa una mayor determinación para avanzar en la lucha contra el fraude, con el objetivo de recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y la protección de los consumidores, preservar la competitividad del sector y favorecer el cumplimiento de los objetivos de descarbonización mediante la incorporación de biocarburantes.