España es el segundo país del mundo con más laudos impagados tras Venezuela y por delante de Rusia

Hasta finales de 2022, España acumulaba oficialmente ocho laudos sin pagar que sumaban 645 millones de euros, según la International Law Compliance. Venezuela, con 11 laudos impagados, debe 6.576 millones de euros; y Rusia tiene seis sentencias contrarias por valor de 50.580 millones de euros. Actualmente, los impagos de España superan los 1.200 millones de euros.

Además, nuestro país podría ascender al primer puesto en los próximos meses según vayan resolviéndose tanto en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial), como en la Cámara de Comercio de Estocolmo y en Uncitral (de Naciones Unidas) la veintena de laudos pendientes de un total de 51 registrados entre 2011 y 2022. De los resueltos, 18 han sido a favor de los demandantes y cinco dieron la razón a España. Los denunciantes son inversores de numerosos países, sobre todo europeos (Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Portugal, Suecia e Italia) y de Japón.

Las reclamaciones de estos inversores al Reino de España sumaban casi 10.000 millones de euros, aunque los laudos sólo han reconocido hasta ahora aproximadamente el 12% de lo reclamado.

Precisamente este es uno de los argumentos que esgrime el Ministerio para la Transición Ecológica en su estrategia de no pagar las indemnizaciones. «Los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas». Y subraya que «en los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación. Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar».

De momento, el Ejecutivo se ha gastado ya 71 millones de euros en prestigiosos despachos de abogados internacionales para defender la legalidad de los recortes a la rentabilidad prometida para esas plantas. Curiosamente, el Gobierno de Pedro Sánchez está defendiendo en las cortes de arbitraje la reforma del sector eléctrico que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2014.

La opinión del departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, es que «los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de estado ilegal. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración. España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales».

Francisco de la Torre explica en su recién publicado '¿Y esto quién lo paga? Economía para adultos' que el criterio asentado por el Tribunal de Justicia de la UE también beneficia a los intereses del Reino de España al poner por encima la legislación europea sobre los laudos que puedan dictar las cortes de arbitraje, a las que no se reconoce el estatus de tribunales nacionales y cuyas resoluciones, por tanto, «serán consideradas no válidas si se entiende que pueden ser contrarias a la legislación europea».

En este caso, el Gobierno cuenta con el colchón jurídico de que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional declararon ajustados a derecho los recortes a la retribución a las renovables que en su día acometió el Gobierno y que desencadenaron la ofensiva judicial de los propietarios de estas instalaciones contra el país. La mayoría, por cierto, sociedades constituidas en la UE, lo que en virtud del criterio del TJUE limita sus opciones de éxito.

Por otra parte, la negativa a abonar las indemnizaciones tiene una derivada más importante aún que la de figurar en el podio mundial de morosos: el posible embargo de bienes del Estado español en el extranjero, tal y como informó ABC. Los acreedores ya han redactado una lista en la que figuran los aviones Falcon y los A-310 que utilizan Pedro Sánchez y sus ministros, así como la sede del Instituto Cervantes en Londres y, en la misma ciudad, un edificio de oficinas.

El primer embargo podría producirse en los próximos días, ya que en el Tribunal Superior de Londres terminará mañana la vista en la que el Estado español ha pedido la nulidad de la indemnización de 120 millones de euros a favor de dos inversores de Luxemburgo y Alemania que tenían unas plantas fotovoltaicas en Granada. Y es que ese tribunal ya emitió una orden provisional que permite a esos inversores embargar 120 millones de euros de la indemnización de 925 millones que debe recibir España del seguro del Prestige por el vertido en 2003.

«El planteamiento de España y la UE siguen socavando el régimen de protección de las inversiones establecido en el tratado sobre la Carta de la Energía y el CIADI», subraya Nick Cherryman, socio del bufete de abogados Kobre & Kim que lleva ese caso.