España, entre los pocos países de la UE que sólo sube las pensiones con el IPC

Un sistema, este que incluye los salarios en la ecuación, que tiene todo el sentido para modelos como el de reparto que rige en España, toda vez que son las cotizaciones sociales de los contribuyentes actuales las que soportan el coste de las prestaciones que perciben los pensionistas en cada momento. Y en este sentido, la brecha es sustancial, ya que las nóminas de los trabajadores no se elevan en su totalidad con la evolución del IPC, mientras que los sistemas de indexación a los preciso sí prevén una senda ajustada para las prestaciones. En el caso de España, mientras que los sueldos se han revalorizado en la última década un 18,5% -desde los 1.839 euros brutos mensuales de 2012 hasta los 2.245 euros de 2022, según el últimos dato disponible del INE-, la pensión media de jubilación ha escalado un 31,8%, es decir, casi el doble -entre los 955 euros brutos al mes y los 1.259 euros en ese mismo periodo, según cifras de la Seguridad Social-.

Además, esta senda claramente diferenciada tiene un nítido reflejo presupuestario. Sin ir más lejos, los mastodónticos esfuerzos que lleva a cabo el Estado para dar cobertura a las 10,2 millones de pensiones (6,5 millones de ellas son de jubilación) que perciben los más de 9 millones de beneficiarios han propiciado que el Gobierno esté derivando ya este año algo más de 43.000 millones de dinero de los Presupuestos Generales -procedentes de la recaudación tributaria- a los fondos de la Seguridad Social. Básicamente, lo que supone un déficit contributivo ya que las cotizaciones sociales sólo cubren el 70% del gasto total anual en pensiones.

Todo este escenario deficitario del sistema de pensiones bebe, no obstante, del cambio diametral de las políticas de revalorización aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que tomase las riendas allá por 2018. Hasta entonces, el PP había aplicado una política de rigor presupuestario mediante con el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que había provisto, eso sí, exiguas subidas de pensiones entre 2014 y 2017 -ambos incluidos- de sólo un 0,25%. Fue en 2018 cuando el PSOE volvió a recuperar las subidas con el IPC mediante un decreto anual que derogaba la subida del IRP. Así lo hizo hasta el año 2021 cuando en la primera parte de la reforma de pensiones aprobada por el entonces ministro de Seguridad Social y recién nombrado gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se indexó por ley la revalorización anual al IPC -concretamente en base a la inflación interanual medio de los doce meses previos a diciembre del año anterior-.

Así, desde recuperación de este método de subidas hace ahora seis años el salto ha sido exponencial. Mientras que en junio de 2018, momento de la llegada del PSOE a La Moncloa, el coste de la nómina mensuales de pensiones era de 9.009 millones de euros, en junio de este año el desembolso se situó en los 12.751 millones de euros, un 41% más -se situó en 12.828 millones en el pasado mes de agosto-.

Un salto, como se ha mencionado, que se debe en su práctica totalidad al incremento de las pensiones con el IPC -también hay un factor de sustitución ya que las pensiones que entran en el sistema son de media un 20% más altas que aquellas que se dan de baja-, coincidiendo además con un contexto de elevada presión inflacionista que ha obligado al Estado a redoblar los esfuerzos. En un reciente análisis del Banco de España a cuenta de la histórica subida ejecutada en 2023, del 8,5% (por la inflación registrada en 2022 ), el supervisor calculó que cada punto de subida de las pensiones suponía añadir a la factura anual de pensiones unos 1.800 millones de euros. De ahí, peligro relativo de vincular únicamente la revalorización al comportamiento de los precios, muchas veces afectado por factores exógenos a la economía doméstica.

Esa actualización de las pagas de 2023, la más elevada y costosa nunca vista, le supuso a las arcas un desembolso extra de 15.300 millones de euros. Sólo en el último trienio de elevado aumento de precios, altamente afectado por los desequilibrios geopolíticos han engordado la factura en casi 28.000 millones de euros (entre 2022 y 2024). Y según las proyecciones del Banco de España que prevé una inflación media para el presente ejercicio del 3% (según la última revisión realizada en junio) el coste de la revalorización de 2025 será de otros 5.400 millones de euros.

El resultado es que en el presente ejercicio el coste de las prestaciones que abona la Seguridad Social ya rebasa ligeramente los 200.000 millones de euros. Y el desequilibrio contributivo es de casi 56.000 millones si contamos con la transferencia que precisa el también contabilizados el deficitario régimen de las Clases Pasivas, según calcula Fedea.

Aunque España es uno de los pocos países de la UE que mantiene el sistema de revalorización de las pensiones con el IPC, sólo el caso de Francia es comparable, ya que contabiliza los últimos 25 años para el cálculo de la pensión. Si bien, el sistema es más exigente a la entrada ya que demanda de 42 años cotizados para cobrar el 100% -serán 43 años a partir de 2027 tras la reforma que entró en vigor en 2023-, por los 38,5 años que se piden en España -para jubilación a los 65 años-. Y lo mismo ocurre en los otros cuatro casos de indexación sólo al IPC, en Italia, Hungría, Austria y Eslovaquia. Aquí, el endurecimiento en el acceso se produce al contabilizar la totalidad de la vida laboral a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación.