España pierde un nuevo laudo por las renovables y deberá pagar 39 millones

En concreto, España ha sido condenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a indemnizar a Mitsui por esa cifra cercana a los 40 millones. El laudo, emitido el pasado 6 de marzo y confirmado en mayo, reconoce la obligación de España de pagar 31,5 millones de euros en concepto de daños, más 5,5 millones en intereses de demora.

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Asimismo, impone el pago de 215.000 euros por los costes del arbitraje y otros 2,2 millones por la condena a sufragar las costas legales en las que incurrió la empresa demandante.

Por el momento, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantendrá la misma línea de actuación que su predecesora en el cargo, Teresa Ribera, y desde el Gobierno no pagarán las cantidades reclamadas.

En este último caso, la información, facilitada en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas del diputado popular Juan Diego Requena, confirma que Mitsui había reclamado inicialmente 199 millones de euros por las pérdidas sufridas tras los cambios implementados por sucesivos gobiernos españoles que, entre 2010 y 2014, revirtieron de forma retroactiva las primas renovables.

La compañía nipona, con una destacada presencia internacional en sectores como la energía, las infraestructuras o la industria, invirtió en proyectos de energías renovables en España que se vieron afectados por la reforma del sistema de primas, lo que dio pie al litigio, cuya legitimidad se articuló invocando el Tratado de la Carta de la Energía.

De hecho, Mitsui tiene diversas inversiones en el sector de las energías renovables español, y cuenta —entre otros— con participación en la planta de energía termosolar 'Palma del Río' (Córdoba), en la que es socio junto a FCC y que se anunció con un total de inversión de 272 millones de euros.

Este laudo se suma a otras 25 decisiones similares emitidas por el Ciadi en los últimos años, en las que también se ha fallado en contra de España por los recortes retroactivos de las primas renovables. Esta circunstancia ha motivado un creciente debate sobre la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el sector energético español.

En total, los 26 laudos que condenan a España suponen una obligación de pagar 1.510 millones de euros en concepto de indemnizaciones, cifra a la que hay que sumar 375 millones más debido a las condenas en costas, honorarios de abogados y consultores, intereses de demora, etc. La cifra agregada asciende a 1.885 millones.

Esta situación se produce dos meses después de que España consiguiese una pequeña —gran— victoria con respecto a las reclamaciones de los fondos internacionales sobre los laudos.

La Comisión Europea (CE) dio un espaldarazo con la decisión sin precedentes de pedir a España que no pague nada en un caso concreto.

Se trataba de un laudo arbitral de 2018 en favor de Antin. Lo que estima la CE es que se trata de una ayuda de Estado ilegal, de modo que si España abona la compensación reconocida por el laudo vulnerará la normativa comunitaria. En consecuencia, ordenaba a España que no desembolse los 101 millones de euros reconocidos en el laudo y que garantice que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.

Esta decisión que llega desde Bruselas, pocos meses después de que haya desembarcado Teresa Ribera en la Comisión, supone un antecedente muy favorable para los intereses españoles que, en los últimos meses, solo había recibido malas noticias en este ámbito.