España destina un 75% menos de fondos europeos que Grecia y Portugal para la gestión de catástrofes

Asimismo, el Tribunal explica que España ha destinado 221 millones de euros de los fondos del MRR a la prevención, mientras que Portugal y Grecia invirtieron 615 y 837 millones de euros. Ambas cifras ponen de manifiesto una brecha sonrojante, que coloca a España a la zaga en el uso de los fondos europeos destinados a paliar las catástrofes naturales.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas va más allá. El informe detalla que España solo destinó 40 millones de euros, un 18,1% de los fondos invertidos, a tres de las regiones que sufren más incendios: Galicia, Andalucía y Castilla La Mancha, que entre 2006 y 2015 aglutinan más de un tercio de la superficie quemada en estos desastres. A pesar de que el informe no detalla a donde van a parar el resto de fondos, podría estar produciéndose un caso de infrafinanciación hacia los territorios que más necesitan esos recursos.

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Galicia y Andalucía, por su parte, son regiones con una gran afluencia de incendios, pero existe una diferencia sustancial en las características de aquellos que se producen en cada comunidad. Galicia es, con diferencia, el territorio en el que más incendios se producen. De hecho, entre 1983 y 2017, los incendios de esta comunidad representaron el 36% de los registrados en todo el territorio nacional, con más de 1,2 millones de hectáreas calcinadas.

Sin embargo, los incendios en Galicia tienden a ser poco dañinos. Según los datos oficiales reflejados en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, más del 60% de los incendios registrados en el territorio fueron leves. Esto se refleja en su distribución del presupuesto aportado por la UE, pues el Tribunal de Cuentas informa de que, desde 2018, la comunidad destina más dinero a la prevención que a la respuesta y restauración.

Sin embargo, en Andalucía, las condiciones meteorológicas y las características del terreno propician que más del 20% de los incendios tengan consecuencias graves a nivel erosivo. A nivel nacional, volviendo a la asignación de fondos europeos, España distribuyó los 221 millones invertidos de forma que el 54% de los fondos se dirigieron a la prevención, el 40% a la preparación, y el 6% a la restauración posterior de los incendios.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas también denuncia que España, al igual que Grecia, emplea «métodos obsoletos» para evaluar el riesgo que presentan los incendios, que resulta clave a la hora de dirigir la financiación. El organismo explica que anteriormente, uno de los criterios de selección correspondía con que las zonas forestales fuesen clasificadas «en las categorías de medio a alto riesgo de incendio» para poder optar a las ayudas relacionadas a la prevención.

Sin embargo, a partir de 2023, la Comisión Europea suprimió dichos requisitos, aunque estos dos estados siguen utilizándolos. Por tanto, esta afirmación sugiere que España puede estar haciendo uso de mecanismos anacrónicos a la hora de destinar fondos a las zonas críticas.

A la luz de estas cifras, España incurriría en un caso de infrafinanciación. En dos sentidos, además: a nivel general, a tenor de la brecha con Grecia y Portugal, y a nivel autonómico, por la escasez de los fondos para los territorios más vulnerables.