España, a la cabeza de Europa en trabajo parcial involuntario

Si las empresas de nuestro país se oponen al proyecto de ley de rebaja a 37,5 horas semanales, que hace una semana inició un trámite parlamentario que se promete tortuoso, es más por el cómo que por el qué. Expertos apuntan a que la reforma que pretende el departamento que dirige Yolanda Díaz –sin el concierto de la patronal– aumentará los costes laborales y moderará el ritmo de creación de empleo, e incluso, podría maximizar uno de los grandes lastres de nuestro mercado laboral, la existencia de una gran bolsa de trabajo parcial involuntario.

Según se lee en la última edición del 'Observatorio trimestral del mercado laboral', elaborado por Fedea, el 'think tank' de la economía aplicada, el 45% de los que trabajan a tiempo parcial en España preferirían no hacerlo.

Bien es cierto que el dato se ha moderado desde ese 65% al que llegó en los años de ajuste tras la crisis financiera, pero aún está lejos del 30% de 2006. En la comparativa con el resto de Europa, nuestro país se sitúa –junto a Italia– a la cabeza en trabajo parcial involuntario, que es un síntoma más de un mercado laboral que adolece de un problema estructural (España tiene la peor tasa de paro de la UE, un 10%). En el caso de las mujeres, alrededor del 20% tienen un trabajo parcial y más del 45% preferirían no tenerlo, y para los hombres los porcentajes aproximados son del 7% y el 45% respectivamente.

En Holanda, el país ejemplar en esta materia, los porcentajes de empleo a tiempo parcial son de más del 60% en el caso de las mujeres y de más del 25% en el de los hombres, pero para ambos la tasa de parcialidad involuntaria es cercana a cero.

La comparación es pertinente porque ilustra dos modos muy distintos de aplicar una reducción de jornada. Según recordaron ayer los expertos de Fedea, en Holanda la reforma no se acometió por ley si no a través de la negociación entre las empresas y los trabajadores. El modelo holandés, explicó el economista Marcel Jansen, responde a un hecho cultural –«el trabajo parcial está normalizado, apuntó»– y se apoya en una legislación estatutaria que, por ejemplo, permite solicitar una reducción horaria sin justificar el motivo; en España, existen condiciones como el cuidado de hijos menores de 12 años.

Lo peor, como ya se ha avanzado y según apuntó el panel de expertos de Fedea, es que la ley que debatirá el Congreso podría aumentar la parcialidad involuntaria, pues obligará a las empresas a asumir unos mayores costes laborales que el aumento de la productividad no podrá compensar y se podrían corregir a través de la negociación salarial, abocando a más personas al pluriempleo.

«Hay dos formas de reducir la jornada. La buena es el diálogo social y permitir que los avances en productividad vayan a aumentos salariales o a trabajar menos horas, y la mala es cuando se fuerza a que las empresas tengan que asumir el incremento del coste laboral unitario», apuntó Rafael Domenéch, responsable de análisis económico de BBVA Research. Entre estos 'efectos indeseados', según este experto, estarían la moderación de las tasas de crecimiento del empleo y de los salarios.

En el argumentario de los que defienden la semana de 37,5 horas, con frecuencia aparece la conciliación familiar, pero, otra vez, los expertos apuntan a que este beneficio potencial quedará anulado por el modo en que el Ejecutivo quiere acometer le reforma.

Según el subdirector de Fedea, al imponerla a través de una ley, esa media hora diaria que van a ganar los trabajadores puede acabar sirviendo, por ejemplo, para extender el descanso a media jornada. «Si la preocupación es la conciliación», opinó Ignacio Conde, la mejor opción es la jornada flexible, recortar la presencialidad o medidas similares. En todos los casos, son cambios que necesitan acordarse con las empresas; es decir, con el agente que quedó fuera de la negociación tripartita de esta ley.