Escrivá plantea elevar el sueldo de los funcionarios de la Seguridad Social para atraer a opositores

Sin embargo, lo más llamativo de la intervención del ministro Escrivá está en el reconocimiento de que buena parte de los problemas de fondo de recursos humanos en la Seguridad Social está en la remuneración que estos reciben, más baja de media que la de otros trabajadores del mismo organismo en sus ramificaciones autonómicas y provinciales. «Y no le voy a decir ya respecto a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, sobre todo en el cuerpo de inspectores e interventores del Estado» apuntó el titular de Seguridad Social en la respuesta a la interpelación urgente planteada por el PP a raíz de las quejas por el colapso de sistema, que según los sindicatos provoca retrasos de hasta tres meses en la gestión de las ayudas.

En este sentido, el Gobierno apunta que este problema de remuneraciones está alejando a los opositores de los puestos técnicos de la Seguridad Social. Y explica que el Ejecutivo trabaja conjuntamente con la Agencia Tributaria en planes para dar la vuelta a esta circunstancia y hacer más atractivas las plazas de funcionarios de la Seguridad Social.

«Tenemos un problema con la remuneración de los funcionarios de la Seguridad Social, que es una reivindicación histórica ante el Ministerio de Hacienda. Los funcionarios de la administración central tienen en promedio unas remuneraciones mucho inferiores a la de los funcionarios de las comunidades autónomas», señalaba el ministro en la tribuna del Congreso anunciando que ante esta situación «hay que mejorar su sistema de remuneraciones si queremos ser competitivos con otros ministerios, y no lo somos». «Lo estamos intentando arreglar», señalaba en relación a estos planes para atraer opositores a los exámenes para técnicos de Seguridad Social.

«La remuneración es importante. Es muy relevante para el diagnóstico. No cubrimos suficientes plazas, podemos seguir ampliando el número de oposiciones pero no vienen opositores. Estamos llevando a cabo iniciativas desde diferentes ámbitos», sentenciaba Escrivá.

De hecho, otro de los aspectos que plantea como puntos de mejora que pueden incentivar la profesión es la reducción de los plazos para la realización de las oposiciones, que en estos momentos oscila en torno a los tres años hasta acceder al puesto de trabajo.

«Estamos reduciendo los tiempos en los que se realizan las oposiciones. En siete años del PP solo se crearon 1.500 plazas y no se vio la necesidad de reducir los tiempos de realización de la oposición. Podemos reducir un 30% los tiempos de ejecución de la oposición», apuntaba sobre el tema de los plazos.

Aquí, hizo referencia el ministro a que entre 2012 y 2018 se crearon 1.500 plazas. Desde 2019 hemos creado 5.000 plazas y este año otras 2.000 plazas a las que se sumarán las 2.000 de interinos. La media de plazas creadas es diez veces más por año (que con el anterior Gobierno). «El problemas es que hay un agujero enorme de partida», señala.

Cabe recordar que la interpelación nace a partir de la denuncia de colapso de los servicios que ofrece la Seguridad Social para la tramitación de ayudas como el ingreso mínimo vital y las pensiones de jubilación. Sobre este punto, Escrivá se esforzó en despejar las dudas sobre la calidad de las gestiones realizadas por el organismo público.

«La Seguridad Social ha colapsado», denunció Elvira Rodríguez en la interpelación. La diputada del PP ironizó sobre el asunto diciendo que «es más difícil conseguir una cita que el presidente del Gobierno diga una verdad». De hecho, la diputada se refirió a la ley de servicio de atención al cliente, en concreto a la obligación de responder al 95% de las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias en menos de tres minutos y la resolución del tiempo de resolución de reclamaciones a un máximo de 15 días. «¿Por qué no aplican esto en la Administración?», preguntaba Rodríguez. En este sentido, la diputada del PP ha denunciado que los españoles, cuando se dirigen a la administración, «no se la encuentran».

Y es más, el Gobierno echa la vista atrás para dar cuenta y justificar las disfunciones que sí reconoce que existen, y que se han agravado tras la pandemia. En este sentido, la Seguridad Social había perdido entre el año 2012 y 2018 entre una cuarta y una quinta parte de sus efectivos, que tienen una edad media de 57 años. «En esta situación se protegió a más de tres millones de trabajadores con los ERTE y un millón y medio de autónomos con prestaciones extraordinarias y puso en marcha la prestación del ingreso mínimo vital», ensalzaba Escrivá.

E insistía el ministro de la Seguridad Social en que se está cumpliendo la continuidad de rentas. «Esto significa que si una persona se jubila, sabe que al mes siguiente tiene su pensión y no hay ningún periodo en el que no reciba ingresos. Eso no pasa con las pensiones no contributivas que pagan las comunidades autónomas, donde se espera de media seis meses hasta que se concede la pensión», argumentaba.

En respuesta, Elvira Rodríguez señaló que «la culpa no es del Gobierno anterior», en lo que preguntaba a Escrivá si en tres años no ha podido hacer nada y qué han hecho en este campo los anteriores ministros del Gobierno socialista, refiriéndose a su antecesora Magdalena Valerio, «ahora premiada con la presidencia del Consejo de Estado»

Aclara la diputada popular que esta cuestión «no es oportunismo político» y de hecho «se lo reprocha también el Defensor del Pueblo que le pide que «resuelvan las demoras y denuncia la falta de disponibilidad de citas presenciales es poner de manifiesto una realidad». «Esta es una administración que siempre gozó del predicamento de los ciudadanos, cada día va a peor en lo que respecta a su atención a los españoles», advierte

Recuerda que este informe viene precedido de una primera comunicación a su secretario de Estado en agosto de 2022 debida al «incesante número de quejas recibidas relacionadas con las dificultades de los ciudadanos para obtener cita previa en cualquier provincia del territorio nacional», apunta la dirigente del PP, quien indica que «en septiembre pasado, el secretario de Estado anunció la creación de 1.615 puestos de trabajo para fortalecer la atención al ciudadano que serían ocupados, en primera instancia, por funcionarios interinos (¿temporales, Sr ministro?)».