Escrivá estrecha el cerco sobre los 'influencers': 300.000 euros de facturación y un millón de seguidores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto en el que se fija, por primera vez, un umbral que les definirá a nivel legal: cuando facturen al menos 300.000 euros anuales por su contenido en redes y tengan un millón de seguidores en una plataforma, o más de dos millones en distintas plataformas, y que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año. El ministro estrecha así el cerco al sector, al menos en lo que respecta a la publicidad encubierta y a la protección de menores.

La aprobación de la norma llega tras varias consultas públicas y después de que se haya rebajado el umbral de facturación desde los 500.000 euros planteados inicialmente por el Ejecutivo. Una vez se publique el nuevo real decreto, entrará en vigor en un plazo de dos meses para que los usuarios que cumplan con estas nuevas características se inscriban en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como 'usuarios de especial relevancia', un organismo que estará supervisado por la CNMC.

A partir de ahora, los 'influencers' deberán etiquetar por edades el contenido que sea para menores y usar herramientas de identificación digital de edad si esos contenidos que muestran son inapropiados. También estarán obligados, en el apartado de publicidad, a etiquetar expresamente los mensajes y tendrán prohibido hacer promoción de tabaco, medicamentos y alcohol. Los 'influencers' que incumplan estas normas harán frente a multas que van desde los 10.000 euros hasta los 1,5 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción y del nivel de facturación.

«Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles en algunos aspectos con otros actores en este ámbito audiovisual», asegura el ministro Escrivá. Ha insistido en que la nueva regulación da «mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica» a estos usuarios, que han alcanzado un «notable volumen económico» en las plataformas de intercambio de vídeos a través de las que difunden sus contenidos.

Para el titular de Transición Digital los cambios legales aprobados establecen «un terreno de juego equitativo» con otros actores que ya estaban regulados en el ámbito de los contenidos audiovisuales.