Empresas piratas defraudan unos mil millones de euros con el IVA de los carburantes

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Javier González Navarro

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El fraude del IVA en la compra venta de carburantes por empresas y sociedades que utilizan la ingeniería fiscal para eludir sus obligaciones no solo no se ha reducido en los últimos años, sino que se ha convertido en una bola de nieve. Actualmente, supondría –nunca se pueden saber las cifras exactas al ser una actividad fraudulenta– unos mil millones de euros al año, según diversas fuentes consultadas.

En 2017, la AOP ya denunció que algunos desarrollos legislativos «habían abierto la puerta al fraude». Siete años después, el panorama legislativo parece que no ha cambiado o las modificaciones introducidas no han resuelto el problema. La experta fiscalista Natalia Hidalgo se pregunta: «¿Qué hay que hacer para que la Administración española y el Gobierno se den cuenta de lo que está pasando?». Añade que «la sensación del mercado es que la Administración ha tirado la toalla, no puede con los malos y prefiere justificar su trabajo y recaudación con revisiones de errores. Las normativas actuales del sector, especialmente el control de las ventas al por mayor que hacen los distribuidores y comercializadoras, los insuficientes sistemas de prevención y la nula relación entre las administraciones de control están favoreciendo y propiciando el fraude».

Y afirma que «es absolutamente descorazonador trabajar en este sector y ver cómo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) invierte sus recursos en revisar si en una nota de entrega de gasóleo falta una firma y errores formales sin trascendencia tributaria alguna y no vean los agujeros 'XXL' de fraude de IVA que se hacen cada día».

Desde la Agencia Tributaria afirman a ABC que actualmente tienen varias investigaciones en curso sobre cuatro grupos criminales diferentes y que viene dedicando desde hace años a este fraude equipos de Inspección Financiera y de Aduanas especializados. «Resulta habitual que el fraude aflorado en estas y otras operaciones ascienda a decenas de millones de euros», subrayan.

Recuerdan que las operaciones realizadas por la Agencia Tributaria con el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los últimos años «son expresivas de la importancia de esta actividad de control frente a las tramas organizadas de fraude en el IVA en el sector de hidrocarburos». Y citan como ejemplos operaciones como las de Petronova, Petromiralles, Drake, Larraondo, Benzinium, Gaslow Nascor y Olivia.

En la Agencia Tributaria explican que en el fraude en productos petrolíferos, a diferencia de lo que sucede con las tramas de fraude de IVA en otros sectores, las organizaciones criminales tratan de ampararse en el registro de operadores petrolíferos para actuar rápidamente generando sumas de fraude relevantes, que luego son de difícil recuperación.

Por ello –añaden–, la ley 11/2021, de 9 de julio, introdujo una modificación en la ley del IVA para exigir la incorporación obligatoria de todos los extractores de productos petrolíferos a un registro fiscal (Redef). El acceso y permanencia en el Redef es objeto de exhaustivos controles por parte de la Agencia Tributaria con la intención a medio plazo de erradicar el fraude evitando que elementos o sociedades vinculadas a organizaciones criminales se introduzcan o permanezcan en el Redef.

Por su parte, el Plan de Control Tributario prevé este año el control de los operadores, tanto mayoristas como minoristas, que están actuando fraudulentamente en el sector mediante la coordinación de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del régimen de depósitos fiscales en materia de IVA. «Dado el considerable volumen que alcanza rápidamente este tipo de fraude, se prestará especial atención a la detección temprana del fraude para cortar a tiempo los casos que se descubran e iniciar a la mayor brevedad las vías represivas y en particular la persecución en vía penal de los supuestos de mayor gravedad», apunta el plan.

Desde AOP piden que, como medida que puede tener un efecto transversal para evitar el fraude de todas las obligaciones que recaen sobre los operadores al por mayor, urge la aprobación del real decreto por el que se establece la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad.

Contra el fraude en el IVA, además de la intensificación de los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales, «debe ponerse especial cuidado en una temprana reacción contra los defraudadores para que el impacto económico sea mínimo».

Además, «habría que conectar los sistemas de los depósitos fiscales con las entidades de certificación y control (AEAT, SICBIOS, etc.) correspondientes para tener una trazabilidad del producto de cada operador».