Las empresas que hagan contratos de menos de un mes pagarán un 5% más de penalización este año

Pero el gabinete dirigido por la ministra Elma Saiz ha aprovechado esta reedición para incluir algunas modificaciones más allá de la actualización de las bases mínimas, entre las que destaca una cotización adicional aplicable a las empresas que realicen contratos temporales de menos de un mes de duración y que fue impuesta con la reforma laboral aprobada hace dos años con el objetivo de disuadir a los empleadores de utilizar esta figura contractual que está lejos de ofrecer unos mínimo de estabilidad a los empleados afectados.

Tal y como se desprende del texto en audiencia pública que se trasladará de forma inminentemente al Consejo de Ministros, desde del 1 de enero de 2024, «los contratos de duración determinada inferior a treinta días tendrán una cotización adicional de 31,22 euros a cargo del empresario a la finalización del mismo», lo que supone un encarecimiento del 5% respecto al pasado año. Cabe recordar que esta penalización configura un elemento coercitivo para fomentar que los empleadores rehúsen este tipo de contratos de corta duración, que partió en su primer año de aplicación en 27,53 euros de cotización adicional que se cobra al empresario en el momento del cese del contrato.

Experimentó un primer incremento en 2023, cuando se aplicó una subida del 8%, situándose en 29,74 euros, por lo que la nueva subida del recargo supone un encarecimiento del 13,4% en un plazo de dos años.

Como se puede apreciar, el elemento no implica un coste desorbitado -tampoco residual toda vez que teniendo en cuenta que en 2023 se firmaron un total de 5,1 millones de contratos de duración inferior a un mes y que la cotización adicional se situaba en 29,74 euros, las empresas pagaron penalizaciones por valor de 151,6 millones de euros- sino que es uno de los obstáculos que los responsables de Trabajo y Seguridad Social previeron en el momento de la reforma laboral.

Y el resultado pasados dos años no puede ser más revelador. No sólo porque la tasa de temporalidad en el sector privado se ha desplomado, pasando de un 24 a un 14% entre el primer trimestre de 2022 y el último de 2023 según cifras del INE, sino porque el contrato directamente apelado por esta cuota adicional, el temporal de menos de 30 días de duración ha retrocedido un 24,4% en el periodo en el que se han aplicado estas penalizaciones. Concretamente, mientras que en el año precedente a la entrada en vigor de la nueva normativa laboral se llegaron a rubricar 6,8 millones de contratos temporales de menos de 30 días de duración, durante el pasado 2023 esta cifra se redujo hasta las 5,1 millones de firmas.

Evolución de las firmas de contratos

de menos de 30 días de duración

Total mensual

800

Diferencia anual 2021/2023

-24,40%

707.488

700

641.847

600

520.832

581.787

478.521

500

459.656

400

421.509

395.802

401.552

319.749

300

E

F

M

A

M

J

J

A

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A

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D

E

2021

2022

2023

2024

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social /ABC

Evolución de las

firmas de contratos

de menos de

30 días de duración

Total mensual

300

400

500

700

800

600

E

459.656

F

395.802

M

A

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2021

641.847

J

581.787

A

S

O

707.488

N

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E

421.509

F

M

A

M

520.832

J

2022

J

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Diferencia

anual 2021/2023

-24,40%

N

D

E

F

319.749

M

A

M

J

478.521

2023

J

A

S

O

N

D

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2024

401.552

Fuente: Ministerio de Trabajo

y Economía Social /ABC

La otra cara de esta moneda está en el flujo de trabajadores que se han deslizado por un lado hacia los contratos fijos discontinuos, que permiten tal nivel de flexibilidad que ofrecen al empleador la posibilidad de activar al trabajador por periodos exiguos, incluso de menos de una semana, por un lado, y también hacia firmas de contratos indefinidos ordinarios, pero que sospechosamente no superan los seis meses del periodo de prueba. Ambos elementos están siendo objeto investigación por parte de la Inspección de Trabajo al considerar que algunas empresas pueden estar tratando de sortear las restricciones impuestas al empleo temporal a través de estas creativas vías alternativas de contratación que permitan disponer de fuerza laboral durante los periodos concretos de picos de actividad.

En este punto la estadística oficial es altamente reveladora. De entrada el volumen de contratos indefinidos destruidos en la totalidad de sus diferentes versiones se ha incrementado un 225% en los dos primeros años de reforma laboral, pasando de 144.887 en el conjunto de 2021 a 471.556 en el pasado ejercicio. Como se ha mencionado aquí también computa el incremento exacerbado de la contratación indefinida que ya supone el 40% de las firmas mensuales, casi el triple que antes de la reforma. Aquí, el Gobierno traza una relación de consecuencia: a más firmas de indefinidos, más destrucción de los mismos.

Sin embargo, por aflorar sólo un elemento de discrepancia, el volumen de esos ceses de indefinidos que corresponde a los mencionados despidos en periodo de prueba han pasado de ser un 2,4% del total en 2021 a un 7,2% en 2023, casi el triple. Concretamente estas resoluciones de contratos dentro de los seis primeros meses fueron 3.588 en 2021 y ascendieron a 34.173 en el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 852% en los últimos dos años.