Las empresas afectadas por impagos de renovables buscan bienes en EE.UU. para pedir su embargo

El escrito, registrado por el despacho King & Spalding LLP, requiere que España proporcione, en un plazo máximo de 30 días, información detallada sobre sus bienes, cuentas financieras, contratos y activos ubicados en Estados Unidos, así como datos relativos a diversas entidades públicas o privadas que estén vinculadas al Estado a través de su accionariado u otro tipo de vínculo.

El objetivo es identificar activos susceptibles de ejecución para satisfacer las obligaciones derivadas de los laudos arbitrales. Esta es una tarea que las propias empresas han desarrollado en paralelo, a través de servicios de consultoría especializados en el rastreo de activos soberanos; no obstante, el derecho común propio de países como Estados Unidos permite realizar asimismo este tipo de requisitos obligatorios de información cuando se detecten situaciones de impago e incumplimiento de sentencias.

Las solicitudes presentadas incluyen la obligatoriedad de España de ofrecer documentación sobre cuentas bancarias, activos y propiedades, deudas y préstamos, contratos internacionales, transferencias financieras, etc. Además, se solicita información sobre entidades estatales varias, como en el caso de SEPI, Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Enaire e Ineco, entre otras, con el fin de determinar si actúan efectivamente como «alter ego» del Estado y, por tanto, sus activos pueden ser objeto de embargo, en el marco del procedimiento del registro y pleno reconocimiento judicial de las deudas existentes por parte de los tribunales estadounidenses.

Este paso constituye una etapa ordinaria en los procesos de ejecución internacional de laudos en que, tras una sentencia favorable, se constata un escenario de incumplimiento por parte del deudor. Por tanto, se desarrolla conforme a las reglas federales de procedimiento civil aplicables en Estados Unidos.

Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra nuestro país en las últimas semanas, por un total de 688,4 millones. Al más reciente, ligado al caso 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a otros acreedores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones). Esta cascada de decisiones judiciales adversas para el Reino de España asciende a 688,4 millones.

Con esta nueva línea de actuación basada en el rastreo e identificación formal de bienes y activos de España en suelo estadounidense, las empresas afectadas avanzan en la fase final para hacer efectivo el pago de las cantidades reconocidas a su favor por tribunales arbitrales internacionales, en el contexto de los litigios relacionados con el recorte retroactivo a las primas energías renovables.

La deuda total derivada de esta cuestión asciende a 2.180 millones de euros, cantidad que incluye 1.754,7 millones en indemnizaciones pendientes de pago y 416,4 millones ligados a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.