Los empresarios catalanes presionan para desencallar la ampliación del aeropuerto barcelonés

Es por esta misma dinámica que cuando en septiembre de 2021 Aena anunció que guardaba en un cajón la propuesta de 1.700 millones para la ampliación del aeródromo barcelonés –paralela a la de Barajas–, muchos en Cataluña volvieron a entonar la misma canción. Había, sin embargo, una diferencia sustancial: esta vez, el paso atrás de Aena no se podía explicar por el pérfido centralismo madrileño sino por la negativa de la Generalitat gobernada por ERC, en comandita con los comunes, a asumir un proyecto cuyo coste incluía la afectación de las marismas protegidas de La Ricarda. El motivo, la prolongación de la tercera pista, la más cercana al mar, imprescindible para permitir el despegue de las aeronaves de mayor tamaño que se usan en los buscados vuelos intercontinentales, objetivo último de la ampliación. Si El Prat es ahora el cuarto aeropuerto europeo en número de destinos dentro del continente, cae a la posición número 16 si se trata de vuelos de largo radio, un déficit que se quiere precisamente solventar con la mejora de las instalaciones.

Esquerra argüía cuestiones medioambientales para rechazar el proyecto de Aena, todo aderezado además con el añadido del discurso turismofóbico y una apuesta, en realidad, por el decrecimiento, que aportaban los comunes, con Ada Colau al frente. Simplificando: entre quienes apostaban por un aeropuerto con una infraestructura capaz de acoger vuelos intercontinentales, aunque a costa de cierto impacto ambiental, y quienes defendían los patos de La Ricarda, ganaron los patos.

Es en este contexto de parálisis en el que el PSC, dentro del marco de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat con ERC, señaló, junto a otras infraestructuras, la ampliación de El Prat como una de las condiciones para apoyar las cuentas. Esquerra aceptó, pero cuando se leyó la letra pequeña, quienes apostaban por el crecimiento de El Prat, con el sector económico liderado por Fomento en primera línea, se vio que, por el momento, la ampliación seguía en el aire. A lo más que se ha llegado es a acordar entre PSC y ERC que va a crearse una comisión técnica que sirva para definir cómo se logra el objetivo de aumentar la capacidad de El Prat, en ningún caso un pacto que desbloquee el proyecto, menos aún el sí a la ampliación de la tercera pista. Una patada hacia adelante que, por su indefinición, alarma al empresariado catalán. Los patos siguen a salvo y el proyecto de Aena empantanado en los humedales de La Ricarda.

En ERC lo tienen claro, y en una entrevista en ABC, el líder republicano en Barcelona daba por zanjado el tema: «Necesitamos un aeropuerto que tenga capacidad de conexión intercontinental. Lo que sí queda claro es que el proyecto de Aena está olvidado. Cerrado. Empezamos de cero. Estamos en condiciones de definir bien lo que quiere decir tener un gran aeropuerto para Barcelona, definir el sistema ferroviario de conexión, el desarrollo urbanístico asociado y, también, preservar la diversidad y al medioambiente de esa zona. Hemos pasado del modelo unilateral de Aena a un modelo de decisión compartida y de decisión catalana en ese terreno. Y, por tanto, barcelonesa también». En la misma línea se pronuncian los comunes, que leen el acuerdo entre PSC y ERC no como un pacto para sacar adelante la ampliación, como vendieron los socialistas, sino todo lo contrario.

El desconcierto es total y la inquietud es generalizada entre el empresariado. Fomento del Trabajo, la histórica patronal catalana, es la que más está empujando en este sentido. Para ello ha creado un grupo de trabajo que ya tiene hasta nueve propuestas de ampliación sobre la mesa. La más reciente y rompedora, y la que de hecho ha logrado que se reactivara el debate, es la del ingeniero Joaquim Coello, que propone la creación de una plataforma elevada sobre el mar, en lo que sería de hecho la cuarta pista del aeródromo.

De inmediato el proyecto fue descalificado por su supuesto impacto ambiental, todo lo contrario de lo que defienden sus promotores, que señalan que no se trata de construir una isla artificial –como la del aeropuerto de Osaka–, algo que ya fue descartado en su momento, sino de una plataforma a diez metros sobre el nivel del mar, lo que no afectaría a las corrientes marinas, los aviones estarían a salvo del oleaje y los humedales de La Ricarda se verían preservados. También el descanso de los vecinos de las poblaciones adyacentes, que es de hecho lo que ahora impide que El Prat pueda ya funcionar a pleno rendimiento.

La obra no sería menor: 2.100 millones de euros frente a los 1.700 que contempla el proyecto de Aena, que incluye también la construcción de una nueva terminal. Por ahora, solo un dibujo sobre el plano. Lo más difícil, el acuerdo político, sigue en el aire.