El empleado no podrá renunciar a la desconexión digital por contrato o convenio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado en la negociación para recortar la jornada laboral cambios en el Estatuto de los Trabajadores que persiguen aunar toda la legislación dispersa en lo que atañe al tiempo de descanso tras el trabajo y transitar así por el camino de las restricciones horarias.

La norma que ha preparado el departamento de Díaz dejará claro que no habrá consecuencias negativas para el trabajador. Y para asegurar que todas estas exigencias se cumplen, la ministra planea sanciones, aunque pretende dejar la definición de las medidas para garantizar esa desconexión digital y sus posibles excepciones a la negociación colectiva.

El derecho a la desconexión está regulado en España por varias vías, pero la efectividad legal está muy limitada, teniendo en cuenta el fuerte peso del 'presentismo' en las empresas. Se recoge en la Ley de Protección de Datos Personales; en el Estatuto y en el Real Decreto de trabajo a distancia. Sin embargo, la norma regula que, dependiendo de la naturaleza y objeto de la relación laboral, los trabajadores pueden disfrutar de la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar según se establezca en la negociación colectiva o, en su defecto, en los acuerdos entre empresa y representantes de los trabajadores. Los pluses de disponibilidad son frecuentes también en los pactos entre trabajadores y empresa y estos no permiten al empleado disfrutar del derecho a la desconexión, lo que, en la práctica, supone restar toda efectividad a la norma que ahora la vicepresidenta quiere cambiar.

La Justicia ya ha hecho de este caso de los pluses de disponibilidad una excepción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) recordaba en una sentencia en septiembre de 2023 que el derecho a la desconexión digital no se aplica si el trabajador tiene un plus de disponibilidad. Esta decisión es la misma que tomó previamente el titular del Juzgado de lo Social Nº5 de Madrid. Habrá que ver ahora hasta dónde llega Yolanda Díaz.

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Las nuevas garantías de desconexión volverán a abordarse en la reunión que está prevista que mantengan hoy Trabajo y agentes sociales para seguir negociando el recorte de jornada hasta 38,5 horas el año próximo y a 37,5 horas en 2026 propuesta por la vicepresidenta segunda. «De nada serviría reducir la jornada si (las personas trabajadoras) pueden recibir un mensaje de su jefe a las 12 de la noche, un correo electrónico a las cinco de la madrugada o un Whatsapp un domingo a las cinco de la tarde paseando por el parque», dijo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Empresarios y sindicatos acudirán al encuentro con las espadas en alto, con el telón de fondo de las movilizaciones convocadas por UGT y CC.OO. durante todo este mes para exigir al Gobierno que legisle el recorte ya, con o sin acuerdo, y también con la gran movilización de las pymes contra el recorte. Las empresas están alertando del impacto en sus negocios de recortar por ley la jornada. Cepyme ha calculado que la reducción de jornada a 37,5 horas afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones de euros los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa exigencia legal en 2025, según planea el Gobierno.

En el último encuentro celebrado el pasado 29 de julio quedó ya claro que las posibilidades de alcanzar un acuerdo a tres bandas son muy limitadas, pese a que Yolanda Díaz, por exigencias de La Moncloa, ha dado marcha atrás al «carácter inmediato» con el que quería aprobar el recorte horario y extenderá la negociación para intentar arrancar un consenso que le permita tomar oxígeno en un momento en el que tiene un perfil bajo.

Las mayores discrepancias en las mesas de negociación siguen estando en la imposición por ley del recorte con el que amenaza el Gobierno y exigen los sindicatos, lo que choca con la exigencia empresarial de aplicar la medida, de forma paulatina, según vayan venciendo los convenios. El principal problema que podría acarrear en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en la mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España. Mientras que el primer salto de 40 a 38,5 horas tendría un efecto residual, el siguiente recorte a 37,5 horas previsto para 2025 sí que obligaría, tal y como admiten las fuentes del diálogo social consultadas por ABC, a reabrir y negociar casi la totalidad de los convenios colectivos.

Las empresas también son contrarias a las fuertes sanciones planteadas por el Ministerio de Trabajo. Como ya informó este diario, una de las principales patas de la negociación propuesta por el Gobierno es el refuerzo del actual registro horario obligatorio para todas las empresas, que pasará a ser telemático y de acceso remoto por parte de la Inspección de Trabajo y cuyo incumplimiento planteará sanciones por cada trabajador, en lugar de por empresa.

Subir al carro de los consensos en la rebaja de jornada a la patronal que dirige Antonio Garamendi es clave para el Gobierno, teniendo en cuenta que no está nada claro que la reducción de la jornada tenga mayoría en el Congreso. El Gobierno de coalición está en minoría parlamentaria y hay serias dudas de que partidos como Junts o PNV, cercanos a los empresarios catalanes y vascos, se posicionen en contra de la organización empresarial, lo que daría al traste con la medida estrella de la vicepresidenta segunda para esta legislatura. De ahí que las prisas con las que Yolanda Díaz comenzó la negociación hayan dado paso a una negociación mucho más pausada, sin fechas marcadas en el calendario y con posturas más flexibles.