El Ejecutivo presume del bono social de la luz que pagan todas las eléctricas y los consumidores

Las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica apuntan a que este bono social suponga un coste de 880,86 millones de euros en 2023 «extrapolando a este año la senda de crecimiento del número de beneficiarios de 2022», que está en unos 1,3 millones de consumidores.

Pero ese coste no sale de ninguna partida de los Presupuestos del Estado como pudiera parecer por las arengas del Gobierno, sino que es sufragado por todas las empresas del sector eléctrico, desde las productoras de energía hasta las comercializadoras, pasando por las de transporte y distribución; también por los consumidores directos del mercado. Y, al final, aumenta las facturas de todos los clientes.

Esto es así porque el Tribunal Supremo dictaminó que el coste del bono social debía recaer en todos las compañías en función de diversos criterios: las productoras pagarán 1,466 euros por cada MWh generado; las de transporte, 0,0056 euros por cada euro retribuido por el sistema; las distribuidoras, 1,161 euros por cada punto de suministro y, las comercializadoras, otros 14 euros por puntos de suministro.

Esto hace que las comercializadoras asumirán el 47,52% de toda la financiación del bono social, según la propuesta de orden elaborada por el departamento de Teresa Ribera a la que ha tenido acceso ABC. Las productoras de electricidad, el 46,47%; las de distribución el 3,94%; las de transporte el 1,09%, y los consumidores directos el 0,98%.

Esa propuesta está en información pública y las alegaciones se pueden presentar hasta el día 16 de este mes.

Lógicamente, las productoras y comercializadoras están repercutiendo esos nuevos costes en los precios de la electricidad. En los consumidores que tienen tarifa regulada o pvpc (precio voluntario del pequeño consumidor), este recargo no aparece especificado en ningún sitio, ya que está incluido en el precio. Es la misma situación que ocurre con la compensación a las gasistas por la 'excepción ibérica', otro recargo que tampoco aparece explicado entre los 18 conceptos que recoge la factura de la luz.

Sin embargo, sí figura en los recibos de los consumidores acogidos al mercado libre. Junto al concepto «financiación del bono social» aparece la cifra de 0,036718 euros/día. Esto supone 13,4 euros al año, a razón de unos 1,10 euros cada 30 días facturados.

Es decir, el coste del bono social de la electricidad, unos 881 millones de euros en 2023, es financiado finalmente por todos los consumidores.

Para poder disfrutar de esta ayuda, el consumidor debe estar acogido a la tarifa regulada o pvpc y tener una potencia de hasta 10 kW. El bono se traduce en un descuento de la tarifa que, para los consumidores vulnerables se ha ampliado del 25% habitual al 65% hasta finales de año y para ser consumidor vulnerable severo, la rebaja del 40% se ha duplicado hasta el 80%.

Entre las recientes medidas del Gobierno se ha creado otra ayuda, denominada bono social de 'justicia energética', con un descuento del 40% de la tarifa regulada.

Además, los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas. Son unos diez meses, frente a los dos meses del resto de consumidores.

Tampoco se podrá interrumpir el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.