La edad de jubilación se retrasa a 66 años y seis meses desde enero

Las generaciones del 'baby boom' ya comenzaron a aterrizar en el sistema este ejercicio y si en 2024 quieren jubilarse con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder deberán tener ya cumplidos los 66 años y seis meses. Desde 2019 la edad de retiro comenzó a incrementarse dos meses con el objetivo de alcanzar los 67 años en 2027. Las ventajas del retraso para la Seguridad Social son dobles. Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones. Por otro, retrasa el cobro de la jubilación. Si un trabajador sigue activo hasta los 66 años y seis meses será un año y seis meses más que aporta a la caja común que si el retiro hubiera sido con los 65 años que se exigían en 2012.

Este retraso de la jubilación, que se aprueba con carácter general, tiene sus excepciones. Aquellos que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 38 años. Cada ejercicio crece ese periodo en dos meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 años deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.

La jubilación anticipada voluntaria también se endurece el próximo año, en el que se mantienen los 25 años como base de cálculo de las pensiones. Será necesario tener al menos 64 años y 6 meses en caso de contar con menos de 38 años de cotización. En caso de disponer de 38 años o más de cotización, será posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años. En el caso de la jubilación anticipada por despido será posible a partir de los 62 años y 6 meses si se cuentan con menos de 38 años cotizados, o de 61 años si se acumulan 38 años o más de cotizaciones.

La reforma que comenzó a rodar en enero de 2022 tenía un claro objetivo: acercar la edad legal a la real. Y para lograrlo esa norma incluye un nuevo esquema de coeficientes penalizadores para las jubilaciones anticipadas voluntarias. Este nuevo diseño incluye dos novedades: la primera es que los recortes pasan a aplicarse por cada mes de adelanto de la jubilación, en lugar de cada trimestre; y ahora son graduales en el tiempo, de forma que el retiro 24 meses antes de la edad de jubilación que corresponda a cada uno tiene un coeficiente penalizador mayor que si esa fecha se va acercando mes a mes al retiro legal ordinario.

Así, por ejemplo, a un trabajador que hubiera cotizado menos de 38 años y seis meses y se quiera jubilar anticipadamente de manera voluntaria justo dos años antes de la edad ordinaria que le correspondería, esos 24 meses de adelanto le reportan ahora un coeficiente penalizador del 21%, esto es, se le recorta la pensión a la que tuviera derecho en ese porcentaje. En cambio, si ese mismo trabajador espera a jubilarse un mes más (23 meses de adelanto) ese recorte pasa a ser del 17,60%; y si la espera es de dos meses (22 meses antes de su edad legal de jubilación), la penalización de su prestación sería del 14,67%; si son tres meses, del 12,57% y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, si el retiro se produce un año antes (12 meses previos a su edad de jubilación) se le penaliza con un recorte de la pensión del 5,5%.

Adelantar el retiro será castigado, pero retrasarlo tendrá premio. Los trabajadores que decidan posponer su acceso a la jubilación más allá de la edad legal serán compensados con hasta 12.000 euros anuales por cada año de retardo para los que hayan cotizado más de 44,5 años.

Según la estimaciones de la Seguridad Social las pensiones se revalorizarán en 2024 entre un 3,5% y un 4,5%. El IPC frenó en octubre la tendencia al alza que venía marcando desde junio y se estabilizó en el 3,5% a las puertas de la revalorización del año próximo. La norma marca que la revalorización de las pensiones del año siguiente se realizará en función de la media de los datos de IPC entre los meses de diciembre del año precedente y noviembre del año en curso. Según un cálculo de BBVA Research, hasta el pasado mes de septiembre esa media se situaba en el 3,85% y tras el dato de avance de octubre apunta a que el cierre del cálculo de la revalorización se situará más cerca del 3,8% que del 4%, hacia dónde apuntaban los analistas a finales de verano.

Puede parecer una diferencia intrascendente pero a efectos de las arcas públicas significa hasta unos 350 millones de euros de ahorro el próximo año, ya que cada décima extra de inflación supone entre 150 y 175 millones de euros más de coste para la Seguridad Social, que cada mes tiene que abonar diez millones de prestaciones a más de nueve millones de ciudadanos, con un coste anual estimado que será de más de 190.000 millones este año y probablemente superará la barrera histórica de los 200.000 millones el que viene.

La reforma de pensiones emprendida por el ministro José Luis Escrivá descartó cambios paramétricos para controlar el fuerte aumento del gasto en pensiones previsto para las próximas décadas por el aterrizaje de los 'boomers' y puso el foco sobre los ingresos, especialmente los que recaen sobre las empresas y no los derivados de retraso de la edad de jubilación, lo que llevó a gran número de expertos a alertar de riesgos sobre el empleo.

Desde enero comienza a operar un destope de las bases máximas de cotización, que crecerán hasta 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales, lo que se traducirá en un alza acumulado del 38% en este periodo. Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de ese ejercicio y hasta 2065 habrá incrementos adicionales para que al final la nómina más elevada que paga la Seguridad Social haya subido un 20%.

Al incremento de las bases máximas se sumará la aplicación por segundo año del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que este ejercicio ha llevado implícita un alza del 0,6% en la cuota para todas las nóminas con independencia del nivel salarial. Cada ejercicio irá subiendo una décima hasta llegar al 1,2% en 2029. En enero la subida de cotización será de 0,7% (0,58% a cargo del empresario y 0,12% del trabajador). Para un asalariado que tenga una nómina de 2.000 euros al mes el incremento del 0,7% supondría un pago mensual de 14 euros al mes: 2,4 euros los pagaría el trabajador y los 11,6 euros restantes el empleador. Esta cuantía, más allá, variará en función del nivel del salario pese a aplicar ese mismo 0,7%. Para los autónomos este recargo ascendería, de media, a más de 5 euros mensuales.

El nuevo diseño del MEI fue aprobado en la segunda fase de la reforma de las pensiones, que el Gobierno acordó sólo con los sindicatos, e incluyó varios incrementos de las cotizaciones sociales que desde enero ya pagan empresarios y trabajadores. Este aumento de las cuotas está destinado a elevar los ingresos del sistema, ante la persistencia del déficit de la Seguridad Social. Los cálculos del organismo es que terminará el año en el entorno del 0,5% debido a los más de 15.000 millones de gastos extra que ha supuesto la revalorización de las pensiones con el IPC y ante la avalancha de 'boomers'. Si a este gasto se suma el gasto de las clases pasivas (pensiones de varios colectivos de funcionarios que ingresaron en la Administración antes de 2011) el déficit del sistema de pensiones superaría este año el 1,6% del PIB. Y si no se descuentan los más de 20.000 millones de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social que ahora se pagan con impuestos (antes se financiaban con cotizaciones), este déficit se multiplicaría por dos.

Prestigiosos economistas han alzado la voz para alertar de la carga que supondrá para los jóvenes el MEI. «No introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, al menos durante la próxima década. Más bien al contrario, traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del 'baby boom', más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes que continúan trabajando, aumentando así la inequidad del sistema», avisaban el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, y Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA.

Ya en 2025 la Seguridad Social aplicará una «cuota de solidaridad» para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Será un recargo a los sueldos altos del 1% e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año desde 2025 hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

En 2024, también se mejorará el complemento por brecha de género de las pensiones, que se incrementará un 10% en 2024 y otro 10% el próximo 2025.