Los economistas y Fedea piden endurecer las condiciones en las que los parados pueden rechazar un empleo

Entre las propuestas, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha destacado la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones para evitar que las políticas pasivas de empleo desincentiven la búsqueda de trabajo. También se ha planteado la necesidad de reforzar la corresponsabilidad de los desempleados, exigiendo el cumplimiento efectivo del compromiso de búsqueda de empleo activa y continuada, para lo que los economistas y los analistas de Fedea reclaman el establecimiento de condiciones más estrictas a la hora de rechazar las ofertas adecuadas de empleo que se les presenten desde los servicios públicos de empleo.

«No ayuda tampoco la laxa definición del compromiso de activación de las personas desempleadas y de oferta adecuada de empleo para estimular la búsqueda de empleo de las personas en desempleo. Los incentivos para fomentar la colaboración entre administraciones están desalineados (quien controla el cumplimiento de las obligaciones no paga las prestaciones, y el que paga no controla)», ha manifestado Miguel Ángel García, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada (URJC) e investigador asociado de Fedea.

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En la misma línea, Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Fomento del Trabajo y consejero del Consejo Superior de Estadística del INE en representación del Consejo de Economistas, ha recalcado que la mejora del empleo reflejada en «la situación actual de las políticas públicas de empleo en España« no se debe tanto a la eficacia de dichas políticas, sino a la inercia del crecimiento económico. Y asevera que «el empleo ha crecido principalmente por impulso del sector privado, aunque ya se enfrentan dificultades para cubrir vacantes, incluso en perfiles poco cualificados». En este contexto, propone el impulso desde los servicios públicos de «planes de choque de empleo», que presten especial atención a los desempleados de larga duración, dotándoles de apoyo formativo y psicológico, con el fin de facilitar su reincorporación al mercado laboral.

Dada la fragmentación fruto del actual marco normativo que dificulta una gestión eficaz, al establecer una separación entre la administración de las prestaciones económicas (a cargo del SEPE) y las políticas activas de empleo (competencia de las comunidades autónomas), los expertos advierten de una descoordinación institucional: «quien financia las prestaciones no controla su ejecución y quien gestiona las políticas activas carece de competencias sobre las ayudas económicas». Todo ello manifiesta la necesidad de fortalecer el vínculo con el tejido productivo, a fin de conocer con precisión las necesidades de las empresas para diseñar estrategias más eficaces en materia de incentivos al empleo.

En la apertura del acto, Valentín Pich ha destacado que si se quiere que las políticas activas de empleo tengan un impacto real sobre la empleabilidad, es imprescindible que estén sometidas a procesos continuos de evaluación que permitan identificar qué funciona y qué debe corregirse. Además, considera que las políticas formativas deben estar estrechamente alineadas con las necesidades del tejido empresarial, de modo que doten a las personas de las competencias que demanda realmente el mercado laboral para facilitar así su inserción.

Por su parte, Ángel de la Fuente ha indicado que, más importante que la norma es que exista un compromiso real de dotar a los servicios públicos de empleo de los medios necesarios, así como el acierto en el diseño y la gestión de sus servicios y sus herramientas de trabajo, «que deberían modernizarse para explotar más eficientemente la abundante información disponible».