Economía se guarda un as en la manga para minimizar la reducción de jornada

El del impacto en la productividad es uno de los temores que habían planteado los empresarios y buena parte de los análisis económicos durante la negociación y puesta en marcha de la ley. Los últimos datos proporcionados por el INE diluyen una parte de los cálculos planteados por el Ministerio de Trabajo. La productividad por hora trabajada avanzó finalmente un 1,3% en 2024, por debajo de lo que lo venía haciendo durante una parte del año anterior.

La actualización de la contabilidad nacional elaborada por Estadística contrasta con los últimos cálculos que el Ministerio de Trabajo había planteado para defender que la «constricción» horaria que pueda darse al reducir la jornada en media hora al día podría «reconducirse en buena parte por la vía de la productividad». Para ello usaba el último dato de productividad laboral por hora trabajada, que había crecido a un ritmo del 2,4% hasta el tercer trimestre del año pasado.

Era el registro más actualizado disponible cuando se elaboró la memoria de impacto de este proyecto. Aunque el último dato rompe con el repunte alcista que se dio el verano pasado. La previsión, plasmada en ese documento que acompaña a todos los anteproyectos de ley, es que la mejora de la productividad «neutralizaría en buena medida el impacto en los costes laborales unitarios» que provocaría el incremento del coste salarial. Una cuantía que Trabajo estima en un 6,67% para la empresa.

Por ahora, Economía aguarda la resolución final de las enmiendas a la totalidad para saber si la ley sigue adelante en las Cortes o si, en su caso, decae y vuelve al diálogo social. En el supuesto de que continúe los trámites, la negociación se va a ver muy condicionada por las posiciones de Junts, donde ya han anticipado a Díaz que se encuentran en las antípodas en esta materia laboral.

De hecho, las patronales empresariales son las que esperan este análisis sobre la productividad que Economía puede dar a conocer en cualquier momento del proceso parlamentario. Su visión es que la productividad en España se encuentra muy por debajo de la de la UE y que aplicar una medida tan generalizada como la de las 37,5 horas en un mercado laboral tan heterogéneo como el español alteraría la competitividad frente a Europa.