Economía dice que se reducirá la jornada «teniendo en cuenta la realidad parlamentaria» tras el órdago de Yolanda Díaz

La respuesta, que ha llegado vía una nota del Ministerio, se ha limitado a una reiteración de la posición que viene defendiendo el departamento que dirige Carlos Cuerpo, que no es otra que acometer la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales, sí, pero hacerlo «acompañando» a las empresas -ha aseverado en varias ocasiones Cuerpo- y contando con la opinión de las patronales.

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Cuerpo plantea «acompañar a las empresas» para cumplir la reducción de jornada a 37,5 horas

Jaime Mejías

Hay que recordar que el pasado 20 de diciembre Sumar anunció la firma de un pacto con CC.OO. y UGT para implementar la medida en 2025 y hacerla obligatoria en 2026. Lo hizo sin apoyo de la parte socialista del Gobierno y menos aún de la CEOE y Cepyme, que un mes antes habían abandonado las negociaciones. Tal y como está redactada, la norma se implementaría con el mantenimiento de los salarios. De ser así, y como ya explicó ABC, Cepyme sitúa el coste directo para las empresas en 1.000 euros anuales por trabajador de media.

«La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media es una prioridad para el Ministro Cuerpo. Es un compromiso de Gobierno y se va a cumplir. Vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible, teniendo en cuenta la realidad parlamentaria y el éxito de reformas pasadas, como la laboral, ambiciosas en sus objetivos y equilibradas en su diseño«, se lee en la nota publicada hoy por Economía. En la primera parte del mensaje, nada nuevo, pero lo importante es la referencia a 'la realidad parlamentaria'.

El apoyo de PNV y Junts a la medida en el Congreso es poco probable en las actuales circunstancias, con las patronales frontalmente en contra. Esta es una de las razones que tiene la parte socialista del Gobierno para apostar por reabrir la negociación con Cepyme y la CEOE e incluir en la reforma medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que serán las más perjudicadas.

Otra apuesta socialista es aplicar la reducción de forma más gradual y saltarse ese límite temporal que Díaz pactó con los sindicatos y que sitúa el 31 de diciembre de 2025 como fecha para iniciar la aplicación obligatoria.