El doble juego del Gobierno con la nuclear de Almaraz: más de 10 años de contradicciones

La sociedad civil y el propio gobierno autonómico han emprendido una cruzada conjunta de las que no se recordaban en Extremadura. Una encuesta reciente, realizada por Metroscopia, dejaba patente que el apoyo a la central es claro: el 94% de los votantes del PP y el 93% de PSOE y Vox están a favor de su continuidad.

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Pese a todo, el Gobierno continúa echando balones fuera y culpando, principalmente, a las empresas del cierre nuclear. El propio PSOE de Extremadura, presente en las manifestaciones a favor de Almaraz, ha asumido ese mantra poniendo el foco en las empresas. La hemeroteca, sin embargo, esboza una serie de efemérides que, desde luego, unen a los socialistas con el apagón nuclear desde hace más de una década.

En la campaña electoral de 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la presidencia, el programa del PSOE ya recogía el cierre nuclear como promesa. Dentro de un amplio epígrafe donde se defendía la apuesta del partido por las energías renovables, en la página 36, la posición socialista era clara: «El aumento esperado de la capacidad instalada por parte de otras tecnologías de generación de electricidad, hará posible un horizonte de cierre gradual de las centrales nucleares, al finalizar su vida útil de 40 años, o antes si los exámenes técnicos detectan circunstancias que hagan aconsejable su cierre anticipado». Incluso, ya en 2011, el PSOE decía que en «2028 el parque nuclear español dejará de estar en servicio».

Cuatro años después, en 2015, ya con Pedro Sánchez como líder y candidato, el programa electoral del PSOE seguía la misma línea e, incluso, hablaba de implantar «un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña». Lo mismo en 2016. Promesas electorales hasta que, en 2019, se convirtieron en puntos programáticos del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ambas formaciones se comprometían a espolear una «estrategia de transición justa al nuevo modelo energético», donde, para más inri, se recogía el compromiso de «desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido». Hasta la fecha es algo que, además, en el caso de Almaraz, no se ha cumplido, porque pese a la promesa de una gran fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata, a corto plazo, ninguna industria podría sustituir la fortaleza de la CNA.

Sin ir más lejos, en la campaña electoral de 2023, Sánchez volvió a portar la bandera antinuclear, una postura que ratificó en su acuerdo de gobierno con Yolanda Díaz, en el que se recoge, de manera literal, lo siguiente: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa».

Resulta paradójico que, después de 14 años prometiendo cerrar las centrales nucleares, el Gobierno apunte únicamente en la dirección de las empresas para justificar el cierre de Almaraz. Los propietarios de la central han manifestado su interés de seguir explotando la instalación, mientras que, otra de las partes fundamentales, la Junta de Extremadura ya se ha abierto a «adecuar» la fiscalidad autonómica de la CNA si «de ello depende su mantenimiento». Todos han movido ficha, a la espera del Gobierno. El portavoz de la plataforma Sí a Almaraz Sí al Futuro, Fernando Sánchez, aseguraba días atrás que «la pelota está en el tejado» de la ministra Sara Aagesen. Recordaba además que todo es responsabilidad es del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «aunque se olvide el apellido», porque, ciertamente, también es paradójico que el ministerio que combate la despoblación vaya a cerrar una industria que da 4.000 empleos en una zona eminentemente rural.

Con el balón, supuestamente, en el tejado de las empresas, éstas siguen explorando las formas de convencer al Gobierno para que alargue la vida útil de las centrales. Ya han realizado algunas propuestas, como el mantenimiento de tres años más de Almaraz, o jugar con el límite de Vandellós y Trillo más allá de 2035; o que esa sea la fecha límite.

Las propietarias han abiertos diversos planteamientos; sin embargo, el Ejecutivo sigue firme en que todo eso se debe estructurar por un cauce formal, y con una petición en firme y, además, que deben ser las eléctricas quienes inicien este proceso. El problema es que ambas partes están tensando la cuerda.

En este debate, además, han entrado factores externos en la ecuación que ha provocado que la potencial negociación tenga muchas aristas. El apagón del pasado mes de abril ha puesto en el foco la necesidad de que existan tecnologías que aporten robustez al sistema eléctrico español. Y eso, principalmente, lo ofrece la energía nuclear. Por tanto, las empresas saben que por esa parte tienen el relato a su favor.

Sin embargo, la cuestión económica es distinta. Incluso aunque se llegue a un acuerdo sobre los asuntos fiscales, el negocio de la generación eléctrica ahora mismo está de capa caída. Sin ir más lejos, en la presentación del último plan estratégico de Iberdrola, la compañía centró todos sus esfuerzos en las redes eléctricas, un negocio regulado que tiene ingresos más estables. Por eso, las dudas pueden llegar a plantearse.