Díaz lanza a la Inspección de Trabajo contra el fraude en los contratos fijos-discontinuos
El Gobierno reconoce el posible uso inadecuados de la figura que cobija a los antiguos temporales
El Ministerio de Trabajo investiga 290.000 contratos a tiempo parcial por posibles irregularidades
La vicepresidenta anuncia una nueva subida del IPREM, que afectará al cálculo de ayudas y subvenciones de las administraciones
El fijo-discontinuo, el contrato que camufla una temporalidad del 60% entre los empleos indefinidos
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el presidente de la comisión de Trabajo, Antonio Gómez-Reino
El Gobierno mantiene el diagnóstico sobre la mejora que ha traído para el mercado de trabajo la reforma labora que se encuentra en vigor desde el pasado 1 de enero y que ha permitido elevar a niveles nunca vistos el volumen de contratos indefinidos en ... detrimento de los temporales, que era hasta este momento la figura más utilizada para formalizar una relación laboral. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo está detectando posibles fraudes al cobijo de la nueva legislación, concretamente en los contratos fijos discontinuos, en los contratos a tiempo parcial y también en la figura del falso autónomo.
Según los datos que manejan los técnicos del gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de que entrara en vigor la reforma laboral, casi el 50% de los contratos fijos discontinuos que estaban formalizados eran fraudulentos. Este análisis previo a la entrada de la nueva legislación ha permitido convertir en los últimos meses casi 26.000 contratos fijos discontinuos en indefinidos habituales, según apuntaba la propia vicepresidenta Díaz durante su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados este lunes.
«Vamos a iniciar también un análisis de los contratos fijos discontinuos firmados después de la entrada en vigor de la reforma», señalaba Díaz reconociendo que pueden estar produciéndose irregularidades aún con la nueva legislación ya en marcha. Eso sí, asegura la ministra de Trabajo que el Ejecutivo ira con todo contra las empresas defraudadores, «que son la menor parte de ellas», imponiendo fuertes sanciones.
En este punto, Trabajo confirma que esta figura contractual cobija a día de hoy al 5% del total de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, es decir, unos 835.000 trabajadores. Si bien estos se concentran en sectores concretos como la educación, hostelería y actividades asociadas al turismo.
De hecho, parece que el Gobierno trata a marchas forzadas de asentar la reforma laboral y las modificaciones normativas introducidas por el ministerio de Yolanda Díaz. Aparte de los fijos discontinuos, la Inspección de Trabajo ya está investigando posibles fraudes en 290.000 contratos a tiempo parcial y también confirma actuaciones para frenar la proliferación de falsos autónomos.
Falsos autónomos
Así, el Ejecutivo va a instar a la Fiscalía General del Estado a que investigue «si existe invasión de la esfera penal» y vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de las plataformas de reparto. «Digo solemnemente que 'Ley Rider' se va a cumplir. Estamos en un Estado social y democrático de Derecho y las empresas rebeldes se van a someter al Estado social y democrático de Derecho», señaló Díaz durante su comparecencia.
Desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de 3.400 asalariados a 12.074, todos ellos contratos indefinidos, según apunta Trabajo. Si bien asegura Díaz que la mayoría de las empresas «están cumpliendo con sus obligaciones».
La ministra de Trabajo también se refirió concretamente a la actuación de la Inspección de Trabajo sobre dos de estas plataformas de reparto. Desde su cartera han precisado que en el caso de Glovo las sanciones ascienden a casi 150 millones de euros, de los que 87,2 millones corresponden al importe en actas de infracciones y 61 millones de euros proceden de las actas de liquidación. Además, estima en 29.513 los trabajadores afectados.
Pese a estos borrones que comienzan a asomar en el mercado laboral, Díaz pidió este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su partido retire el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral presentado ante el Tribunal Constitucional. «Por el bien de nuestro país, retiren el recurso ante el Tribunal Constitucional, no solo porque (la reforma laboral) goza de legitimación social (...), sino porque es una ley que ofrece certeza y da seguridad a los trabajadores y empresarios».
Nueva subida del IPREM
Por último, un nuevo anuncio de gasto público, en este caso por efecto colateral a la subida del IPREM. El indicador de rentas múltiples es un índice que se usa como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.
La ministra Díaz aseguró que también en este caso, como ya se ha anunciado para la revalorización del SMI, se prevé incrementar una cuantía mayor a la ordinaria para "satisfacer" el aumento del IPC. Actualmente, el IPREM se sitúa en 579,02 euros mensuales. La cuantía se volverá a actualizar con los nuevos Presupuestos Generales, aunque la ministra no aclaró la cuantía exacta.
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