Yolanda Díaz afronta una ola de incendios tras el fracaso de su decreto del paro

Tumbada la reforma del paro por Podemos también lo ha hecho la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, una reivindicación histórica del nacionalismo por el blindaje que supone para los convenios vascos, que fue una condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Hoy la legislación sobre la negociación colectiva vuelve a la casilla de salida y el PNV advierte: «Estaremos vigilantes para que la medida vuelva al Consejo de Ministros».

Los nacionalistas no quieren arriesgarse a que se produzca ningún cambio en el texto pactado con el Ministerio de Trabajo, por lo que no aceptarían ninguna vía de aprobación que alterara lo pactado. «Estamos seguros de que en cuanto el Gobierno apruebe el decreto ley de subsidios o cualquier otro de Trabajo la prevalencia estará presente en el texto legislativo», avisaba esta semana la diputada Idoia Sagastizabal.

El aviso del PNV no es aislado, sus implicaciones sociales son extremadamente delicadas. Por un lado, Yolanda Díaz debe encontrar la forma de 'colar' esa descentralización de los convenios en una norma que no pase por el filtro del diálogo social, teniendo en cuenta el rechazo total de empresarios y sindicatos a una cesión que se ocultó desde el Gobierno a los agentes sociales, pese a modificar el Estatuto de los Trabajadores. Fue el BOE el cauce elegido por el Ejecutivo para dar a conocer un traspaso que altera la estructura de la negociación colectiva. Una vez que prospere, un convenio que se firme, por ejemplo, por ELA-STV y resulte más favorable para los trabajadores que lo recogido en los convenios sectoriales y estatales firmados por UGT y CC.OO., tendrá preferencia. Se dará vía libre, por tanto, a que en una misma empresa de implantación nacional los trabajadores del País Vasco cobren más que, por ejemplo, los de Andalucía.

Esta prerrogativa para el País Vasco se excluyó de la reforma laboral de 2021 por propia decisión de Yolanda Díaz tras el rechazo de empresarios y sindicatos. La CEOE llegó a acusar al Gobierno de romper la unidad de mercado y de despreciar el diálogo social. «Queremos recordar que nuestra Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado en la negociación colectiva», avisó entonces la patronal.

La ruptura de relaciones de la organización empresarial con el Gobierno es una realidad que viene de lejos; la sumisión al nacionalismo es sólo una discrepancia más tras años de desencuentros, de tiras y aflojas por una política que se ha cebado con las empresas y de una campaña de desprestigio sin precedentes. Pero en el caso de los sindicatos, la prevalencia de los convenios autonómicos fue el principio de una serie de choques que amenazan con romper el idilio que han mantenido con el Gobierno de Sánchez y de quebrar las buenas relaciones que existen entre Unai Sordo, secretario general de CC.OO., y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

El blindaje de los convenios vascos, primero, y la nula negociación del decreto de reforma de desempleo tumbado por Podemos, después, han destapado la caja de los truenos entre los sindicatos, que han acudido al auxilio del presidente del Gobierno con la petición de un encuentro urgente y una amenaza: además de movilizaciones, «los sindicatos se verán obligados a trabajar con los grupos parlamentarios para, a través de las enmiendas, hacer valer nuestras posiciones».

Sordo ha reprochado a Sánchez que «esté dejando languidecer el diálogo social» y de que lo haya sustituido por «meras consultas». «No se trata de hacer una norma y que te la pasen 24 horas antes y si haces alguna modificación bienvenida sea, pero ya veremos si se incorpora o no», denunció Sordo. Poco tardó Díaz en anunciar que negociará el desactivado decreto del desempleo con los agentes sociales, consciente de que la paz social es una baza que ha jugado durante estos años.

A la vicepresidenta le ha venido muy bien la sintonía con el mundo sindical, usada también como arma arrojadiza contra las empresas cuándo estas se han bajado del carro de los acuerdos, como ha ocurrido con la subida del 5% del salario mínimo para este 2024.

Yolanda Díaz intentó en esta negociación buscar un punto de encuentro con una oferta inicial de elevar 4% el indicador, pero la exigencia de CEOE de que el acuerdo incluyera la indexación de los contratos públicos y bonificaciones para el campo ha frustrado el pacto tras la negativa del Gobierno. Como castigo, Trabajo ha elevado el SMI un punto más, lo que ha dado pie a situaciones como que un pensionista vea aumentar su nómina un 3,8% y tenga que pagar a su cuidadora un 5%.

La estrategia de la vicepresidenta en esta negociación, idéntica a la que siguió el exministro José Luis Escrivá con el mecanismo de equidad, ha vuelvo a levantar ampollas en la organización que dirige Antonio Garamendi. En un comunicado advertía esta semana de la quiebra de muchas empresas y denunciaba la arbitrariedad en la negociación y la estrategia de «premio y castigo».

Es llamativo que la patronal no logre entenderse con Yolanda Díaz con el SMI y si lo hiciera cuando estaba Pablo Iglesias en el Gobierno. La negociación del entonces vicepresidente de Derechos Sociales permitió cerrar un acuerdo en 2020 para subirlo hasta 950 euros.