El despliegue de los fondos europeos se frena: el dinero comprometido se hundió un 45,3% en el primer semestre

«En general, la ejecución del plan de recuperación, en lo que llevamos del año 2023, ha tenido una ralentización en el ritmo de compromiso de fondos, sobre todo en relación a 2022, cuando se produjo una importante aceleración en el lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones», indica el documento En su caso califican el término de gasto comprometido como aquellos fondos sobre los que ya existe convocatoria o anuncio de licitación.

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En el año 2021, con el comienzo del despliegue, se comprometieron 20.620 millones de euros, la mayoría de ellos en el segundo semestre. En 2022, el compromiso por semestre fue de una media de 14.200 millones (12.856 millones en el primero y 15.540 en el segundo). Pero este 2023 la cifra ha caído en picado.

Para LLYC, las razones de este freno en el despliegue son varios. «Los motivos más claros de esta ralentización parecen ser la prolongada negociación final de la adenda (que ha modificado aspectos del plan de recuperación original) y la demora en la publicación de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que la Comisión Europea aprobó en febrero pero que aún no ha aparecido en el diario oficial de la UE. Adicionalmente, son factores adicionales la resolución de pre-notificaciones de programas presentados a la Comisión con el objetivo de ampliar su dotación (como es el caso de la convocatoria de valles del hidrógeno) o los cambios organizativos en ministerios claves para la ejecución del plan», desgrana el informe.

Entrando más al detalle de la resolución de las convocatorias, con la adjudicación del dinero, la consultora pone el acento una vez más en que no existen datos reales y exactos. Concretamente, apunta a que solo hay datos actualizados en lo referente a la Administración del Estado (AGE), mientras que no hay registro actualizado de toda la información de las comunidades autónomas.

En relación a la Administración del Estado, a 30 de junio de 2023 esta ha resuelto convocatorias y licitaciones por valor de 22.076 millones (un 63,69% de los 34.660 millones comprometidos por la AGE y un 31,4% del total de 70.316 millones del plan). La tasa de adjudicación de fondos por parte de la AGE es de un 73,91% (en la línea de la que había al final de 2022), es decir, se adjudican tres de cada cuatro euros a los beneficiarios finales. En otras palabras, que uno de cada cuatro euros se quedan sin adjudicar, convirtiéndose en remanente para futuros periodos, algo que lleva ocurriendo desde el comienzo de la puesta en marcha de los recursos comunitarios.

En este sentido, LLYC hace cálculos sobre cuánto dinero se quedaría sin adjudicar una vez desplegados todos los fondos del plan de recuperación original, para lo cual hay de plazo hasta finales de este año. Apunta a que «puede haber un total de más de 10.300 millones de remanentes cuando se adjudique el total del plan original, a lo que habría que añadir los posibles remanentes de la parte que gestionan las comunidades autónomas».

Así las cosas, la consultora recuerda que el reto es todavía mayor ya que España ya ha solicitado el resto de los fondos europeos a través de la adenda al plan de recuperación, para acceder a más de 80.000 millones extra en créditos blandos y más transferencias a fondo perdido.

Es por ello que LLYC lanza una serie de recomendaciones al Gobierno para tratar de agilizar el despliegue y absorción del dinero proveniente de Bruselas. Entre las medidas a adoptar, la consultora recomienda «la necesaria reforma de la administración pública, para fortalecer su capacidad de gestión; la mejora en la coordinación interadministrativa y multinivel, para una mayor participación de todos los actores implicados en la definición de objetivos y la adopción de procedimientos comunes; incrementar la transparencia sobre la ejecución, sobre todo en lo relativo a las CC.AA.; lograr que los controles no lastren la velocidad de ejecución del plan, sin relajar la eficacia de dichos controles; flexibilizar las condiciones de participación de las empresas en las convocatorias, facilitando los trámites que ahora la obstaculizan, sobre todo por parte de las pymes», entre otros asuntos.